Lugo había condecorado a Luis Alfonso Resk el mismo día en que promulgó la Ley Antiterrorista

El 24 de junio de 2010 Fernando Lugo, como presidente de la República, promulgó el la ambigua Ley Nº 4.024 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”; ese mismo día condecoró al luchador por los Derechos Humanos Luis Alfonso Resk.

La Ley Antiterrorista fue aplicada en Paraguay por primera vez en setiembre del 2012.

Resk es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Fue preso 109 veces durante la dictadura stronista; detenido, encarcelado, torturado y exiliado. Ejerce la docencia hace más de 60 años. Como ironía macabra, el mismo día que le dieron el máximo galardón del Estado paraguayo también fue promulgada, por el entonces presidente Fernando Lugo, la Ley Antoterrorista, criticada dúramente por el movimiento social y las organizaciones de Derechos Humanos de Paraguay.

Los intentos por aprobar la Ley Antiterrorista en Paraguay se sucedieron desde el año 2002. El movimiento social organizado la había frenado hasta que finalmente fue aprobada por diputados, senadores y el Poder Ejecutivo en el año 2010.

Ley madre

Las leyes antiterroristas tienen como documento madre el Acta Patriótica de los Estados Unidos, del 24 de octubre de 2001. La misma fue creada para buscar enemigos al interior del país y facilitar la “lucha antiterrorista”. Al decir de Stella Calloni, no solo significó poner bajo control y vigilancia- con impunidad total- a la población estadounidense, con posibilidad para los servicios de inteligencia de invadir la propiedad privada, anular las autonomías universitarias, permitir las cárceles secretas, los jueces sin rostro, la detención y desaparición por tiempo indeterminado de sospechosos, pasibles de ser interrogados con los métodos que sus captores crean necesarios. También autorizaba -en los superpoderes al gobierno- mantener campos de concentración como los de Guantánamo, el secuestro de cualquier persona tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, su traslado ilegal de un país a otro, sin posibilidad de defensa. También es posible aplicar castigos a los abogados que intentan defender a los prisioneros y que pueden ser incluidos en las listas de los sospechosos”.

Implicancias en Paraguay

Para analizar las implicancias de la Ley Antiterrorista, el Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) había realizado entrevistas a Juan Martens, abogado de la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y a Ramón Medina, secretario general de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

Martens afirmó que una Ley Penal Especial siempre lleva a arbitrariedades, “porque el funcionamiento del sistema penal en Paraguay y en América Latina es que es selectivo, es clasista, es sexista y racista. Elige víctimas, ya que cada tanto tiene que justificar el aparato represivo y su vigencia, tiene que legitimarse y entonces necesita gente, meter en este molino que va dándose la vuelta, y los seleccionados por el sistema penal para ser procesados y posteriormente ser encarcelados son gentes de poder económico escaso”.

El abogado explicó que la Ley Antiterrorista no cumple con el principio de estricta legalidad penal. “Las conductas sancionables deben estar estrictamente definidas en una Ley anterior al tiempo de la realización del hecho. Esta Ley es ambigua, se presta a interpretaciones y esto viola este principio de estricta legalidad penal y al violar este principio lo que hace es derivarle al juzgador, es decir al Juez o al Fiscal decir cuando una conducta va a ser considerada terrorista, ese es el principal problema que tiene esta Ley”. El representante de Codehupy manifestó finalmente que la citada Ley está para desarticular las organizaciones sociales.

Por su parte, Ramón Medina de la OLT dijo que el terrorismo debe ser combatido pero lo que no se puede hacer es que el Estado, en el marco de una supuesta lucha contra el terrorismo persiga al pueblo. Resaltó que uno de los elementos más importantes que tiene la Ley es que no define exactamente qué es terrorismo y deja eso en manos de los fiscales y jueces.

Fuentes: Kaosenlared.net, Abel Irala, Serpaj-Py

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