Lugo debe pronunciarse

«La Cámara de Diputados acaba de aprobar, de sorpresa y en forma inconsulta, con la cobardía propia de la gente indecente, el Proyecto de Ley de Transgénicos».

«La Justicia del viejo continente ha decretado numerosas moratorias en prohibición del Maíz MON 810 de la estadounidense Monsanto, y de la Papa Amflora de la BASF, y en China y la India, varios cultivos OGM están suspendidos».

La Cámara de Diputados acaba de aprobar, de sorpresa y en forma inconsulta, con la cobardía propia de la gente indecente, el Proyecto de Ley de Transgénicos, sugerido impropiamente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, abriendo las puertas para contaminar a toda la población del país, sin distinción de clases sociales pero con mayor daño para los sectores marginados del bienestar económico.

El crecimiento o muerte de ese monstruoso feto depende ahora de cinco de los actores con mayor poder de decisión del país: 1) la ciudadanía, 2) el Presidente Fernando Lugo, 3) el Ministerio de Agricultura, 4) el Senado y 5) la Suprema Corte de Justicia.

Río+20, Conferencia Cumbre animada por decenas de mandatarios venidos de todo el planeta, se realizará dentro de 15 días en la vieja capital del gigante vecino, y puede ser una oportunidad magnífica para que Paraguay se luzca anunciando alguna medida ejemplar, en defensa de la alimentación humana y la protección ambiental.

La parte más sensible, consciente y democrática del país no puede ignorar que el monocultivo transgénico y sus paquetes tóxicos, han arrasado con el 80 por ciento de los bosques nacionales, que la expansión genética amenaza contagiar gravemente a las semillas nativas y que la fumigación aérea afecta poblados enteros, conformando todo ello una cadena de delitos que reclama la debida reacción del Estado.

La medida adoptada por la Cámara Baja es canallesca desde todo punto de vista, y ha sido concebida en forma prebendaria para  satisfacer únicamente a los grandes consorcios del agronegocio, frente a lo cual el pueblo tiene la obligación de reaccionar para enterrar el proyecto, tal como lo hizo días atrás contra el intento de parlamentario de estafa del dinero público, en beneficio de la partidocracia.

Junto al interés superior del pueblo, el Jefe del Ejecutivo Nacional está obligado a pronunciarse para detener semejante monstruosidad, y la Cámara de Senadores podría muy bien aprovechar la oportunidad para resarcirse en parte de su larga estela de defecciones y traiciones a la salud suprema de la Nación, ocasión que bien debe agarrar al vuelo el Ministerio Público y toda su impresentable estructura.

Los únicos beneficiados, en esta nueva indignidad legislativa, son las transnacionales sojeras y a sus socios locales, empotrados en buen porcentaje en los medios de la prensa comercial y mentirosa, que se encarga de difundir los altos rendimientos de esa oleaginosa, priorizando cantidad sobre calidad y ocultando las nefastas consecuencias que arroja para la alimentación y salud humanas, provocando abortos malformaciones, tumores, alergias, problemas de piel, etc.

Los publicistas de los ecocidas, mayoría capitalistas extranjeros que ni siquiera pagan impuestos a la exportación de sus inmensas cosechas, ocultan miserablemente informar que cerca de nueve mil familias de labriegos son desplazados del campo por el actual modelo productivo, restando campo para producir mandioca, maíz chipa, poroto, maní y otros rubros de nutrición de la alimentación.

Los proyectistas destacan, desvergonzadamente también, los altos guarismos de la producción sojera, que contribuyó el año pasado al 15 por ciento del crecimiento nacional, olvidando que ningún beneficio recayó en la mesa de los pobres, cuyo número paralelamente creció en 420 mil nuevos pobres extremos, entre los cuales se registró la muerte de algunas decenas por efecto del hambre.

Los agrotóxicos están siendo rechazados en numerosos países, debido al alto costo social, económico y ambiental, pero lamentablemente  Suramérica es aún su mayor refugio y fuente de saqueo de sus mejores tierras y cursos de agua, debido a la ausencia de políticas de Estado de protección del patrimonio nacional y en beneficio de la soberanía alimentaria de los pueblos.

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de Naciones Unidas, y sus Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Derechos del Niño, en diversas oportunidades han condenado el uso indiscriminado de agrotóxicos, así como el acaparamiento de tierra, porque dañan la cultura alimentaria campesina e indígena, y la explotación extrema de los recursos naturales.

La objeción a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), es unánime en  Europa, movilizando comunidades, organizaciones ecologistas, consumidores y activistas sociales en general, contra la agricultura industrial que practican las transnacionales, devastando la biodiversidad  que genera los cambios climáticos, erosiona los suelos y endeuda a los campesinos medianos y pequeños.

En Paraguay, a falta de un pronunciamiento ciudadano coherente con la defensa del interés de la salud pública, el Ministerio de Agricultura autorizó en octubre del año pasado la liberación comercial del Algodón Bt MON531, en contramano de la situación predominante en el resto del mundo.

En total, los cultivos OGM abarcan apenas el tres por ciento de la tierra agrícola mundial, el 90 % en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá, y el 60 por ciento de los experimentos se realizan Norteamérica, es decir que el 97 % permanece aún libre de transgénicos, felizmente.

Contra la oposición feroz de la industria biotecnológica, y de la Comisión Europea, la Justicia del viejo continente ha decretado numerosas moratorias en prohibición del Maíz MON 810 de la estadounidense Monsanto, y de la Papa Amflora de la BASF, y en China y la India, varios cultivos OGM están suspendidos.

 

 

 

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