Los beneficiados con el golpe

Hace un año, el 22 de junio de 2012, se consumaba el golpe parlamentario. Este artículo señala algunos de los actores económicos más beneficiados con la maniobra.

La «reserva natural» de Campos Morombí. El campo ya se encuentra abonado y arrendado para la plantación de soja.

Es difícil creer que al Parlamento paraguayo, uno de los más corruptos del continente, le interesen cuestiones tan abstractas como la democracia y elementos tan ajenos a su práctica como el buen desempeño en la función pública. Por tanto, el remedo de juicio político realizado hace un año respondió a cuestiones más tangibles que poca relación guardan con la defensa de la democracia y las instituciones republicanas, pero mucho con el mantenimiento de intereses espurios vinculados fundamentalmente con la posesión de bienes malhabidos, en especial la tierra. Está fuera de nuestro alcance y pretensiones señalar la totalidad de los intereses en juego y todos los actores beneficiados con la masacre de Curuguaty y el posterior golpe parlamentario.

Incluso asumiendo que no haya existido una acción concertada de antemano, es posible entrever una correlación nada fortuita entre los dos sucesos referidos y los ingentes privilegios que resultaron para la matriz de acumulación agroganadera.

Presión a favor de transgénicos

Precisamente en el momento en que estalló la crisis por los trágicos sucesos de Curuguaty (con tierras malhabidas como protagonista), estaba programado un tractorazo por la liberación de cultivos transgénicos, objetivo finalmente logrado con creces por sus impulsores con la introducción de semillas de Monsanto, Syngenta y otras firmas. Es significativo que a un año del golpe el diario ABC Color dé cuenta de la aprobación de una variedad de maíz transgénico de Monsanto a manera de regalo de aniversario (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mag-anuncia-autorizacion-del-maiz-nk603-tras-la-luz-verde-de-salud-587345.html).

Los intereses de Cargill en la zona de conflictos por tierras. Fuente: página oficial de Cargill Paraguay

“Este Gobierno, en su proyecto bolivariano, encajona todos los estudios de los eventos transgénicos, mientras que los pequeños labriegos siguen enfrentando pérdidas y fracasos agrícolas, por no poder introducir la biotecnología en su sistema de producción”, señalaba una publicación del 24 de mayo de 2012 del diario ABC Color, una de las principales fuerzas que promovieron el juicio político, cuyo dueño, Aldo Zuccolillo, es uno de los principales inversionistas en Paraguay de la empresa agroexportadora Cargill (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/el-tractorazo-tiene-el-masivo-apoyo-de-pequenos-productores-405557.html).

De hecho, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Federico Franco, apenas cumplida una semana en el poder, fue la aprobación por decreto de eventos transgénicos ignorando toda la normativa al respecto y los estudios previos necesarios, según denunció en su momento la exministra de salud, Esperanza Martínez (http://www.ultimahora.com/notas/572093-Exministra-de-Salud-senala-que-Gobierno-obvio-procesos-para-aprobar-semillas-transgenicas).

Si bien los intereses agroganaderos nunca corrieron un verdadero peligro bajo el gobierno de Fernando Lugo, sino apenas algunos escollos, vieron el momento propicio para hacer una ostentación de fuerza, dejar en claro quién manda en este país y que el poder real no está dispuesto a hacer concesiones de ningún tipo.

Como decíamos, aunque no haya habido necesariamente algún cónclave secreto donde planificaron y llevaron a cabo el derrocamiento de Lugo, existe una correlación nada fortuita entre la maniobra seudolegal del Parlamento, el agronegocio y su expresión más bochornosa: las tierras malhabidas.

La antesala del golpe

Antes de la masacre de Curuguaty, sobre la que ya nos hemos explayado con cierta amplitud en los últimos días, el conflicto por tierras más importante se registró en Ñacunday y puede decirse que fue la antesala misma del golpe a principios del año pasado. Luego de este capítulo la suerte quedó echada. Solo faltaba una chispa, pero finalmente para asegurarse que esta vez el golpe sea certero provocaron una verdadera explosión.

El autor del libelo acusatorio, el diputado colorado Óscar Tuma, ya venía presionando para que se proceda al desalojo de las tierras de Marina Cue bajo el supuesto de que se trataba de una reserva natural privada. Sin embargo, la tal reserva ahora se encuentra arrendada y ya abonada para el cultivo de soja.

A su vez, existen registros de que ya a principios de año la fiscala Ninfa Aguilar, entre cuyos antecedentes se ha denunciado que ha sido abogada de Blas N. Riquelme, había solicitado el desalojo de Marina Cue bajo el mismo argumento que Tuma: el carácter de reserva natural privada de Campos Morombí. Es decir, fuerzas políticas y judiciales ya venían montando el escenario de la masacre.

Resolución fiscal que solicita el desalojo a favor de Campos Morombí. Foto: internet.

Volviendo a los hechos de Ñacunday, a pedido del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), las Fuerzas Armadas, cumpliendo con su deber de resguardar la integridad territorial de la nación, realizaron trabajos de amojonamiento en el marco de una mensura judicial en el Alto Paraná para determinar si territorios explotados por privados se encontraban dentro de la franja de seguridad fronteriza y para esclarecer casos de superposición de títulos. El informe de la intervención al Indert de marzo-mayo 2012 confirmaba por entonces que las colonias creadas para asentamientos humanos por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) terminaron en manos de allegados al régimen de Alfredo Stroessner.

“En Ñacunday I se encontró que un 70% está cubierto por cultivos intensivos de soja (…). En Ñacunday II se encontró que estas tierras actualmente están siendo cultivadas por personas no beneficiarias de la reforma agraria (…). Se han detectado extensas plantaciones de soja, prácticamente en un 90% de la superficie de la colonia, sin que exista correspondencia con los planos originales”, explica el informe de la intervención a la entidad rural que fuera dirigida por Emilio Camacho (http://www.redrural.org.py/V3/uploads/2012/08/INTERVENCION-INDERT-INFORME-FINAL.pdf).

A continuación, el reporte concluye: “Con la intervención en las colonias Ñacunday I y II se evidencia una forma de fraude en contra del Estado paraguayo, una forma radical de desvirtuación de los objetivos de la reforma agraria. En este caso, la creación de colonias en forma irregular para ser distribuidas entre los allegados al gobierno de Stroessner, la instrumentalización del organismo de aplicación de la política de la reforma agraria para una apropiación indebida, evidenciándose en algunos casos que las propiedades actuales fueron levantadas sobre tierras públicas”.

Fue a los fines de esclarecer y reparar esta irregularidad que se realizó la mensura judicial con militares y a raíz de la cual los beneficiarios fraudulentos de tierras decretaron lo que finalmente se realizó 6 meses después. El principal afectado por esta medida era el terrateniente brasilero Tranquilo Favero, quien además ocupa otras 200.000 hectáreas de tierras fiscales en el Chaco con sus estancias Toro Blanco, Santa Catalina y Campobello, hecho también detectado en el informe.

Si bien apenas al asumir Lugo las intentonas por derrocarlo fueron frecuentes, cabría afirmar que en Ñacunday se decreta la cuestión, ya que el gobierno osó tocar el corazón mismo de la gran propiedad rural en Paraguay, cuyo origen es eminentemente fraudulento. A pesar de que existe una ley de seguridad fronteriza y un estatuto agrario que regula la propiedad de tierras fiscales, entre ellos un límite de cantidad, y que el gobierno no hizo más que actuar dentro del marco legal vigente, los detentadores de tierras malhabidas sentencian a raíz de este episodio que este gobierno no va más y claman por el juicio político (http://www.ultimahora.com/notas/498061-Productores-piden-juicio-politico-para-Lugo-por-supuestamente-promover-ocupaciones).

Con respecto a este punto, el libelo acusatorio elaborado por el diputado Tuma sostiene: “El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza”.

Tierras fiscales que debían ser asentamientos campesinos en Ñacunday. El 90% está cubierto de soja. Foto: Informe Final de Intervención al Indert.

Tuma habla de violación del derecho a la propiedad cuando que el objetivo era precisamente reparar los derechos de propiedad del Estado violados por invasores terratenientes que ejercían ilegalmente la explotación de esas tierras. Aquí el golpe se quita la máscara y muestra su verdadero rostro.

Otras de las medidas que se iban a aplicar afectaban a las sonadas tierras de Antebi Cue, donde se anunció la demanda de desalojo contra el ganadero Antonio da Motta y unos 107 propietarios más ubicados en la zona de Bella Vista Poty.

“El juicio de desalojo demorará un tiempo en producir resultados, pero es un inicio serio, frontal que va a marcar el inicio de la recuperación de las tierras públicas”, apunta el informe. Recuperación de las tierras públicas. ¿Cómo atreverse a pensar en tal cosa?

Ríos turbios

Otro de los procesos que quedaron truncos con el golpe fue el que involucró, entre otras personas, al expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Néstor “Tito” Núñez, por el represamiento ilegal de los ríos privando de tan vital recurso a varias zonas de la sensible zona del Chaco, por un lado, y provocando graves inundaciones, por otro (http://ea.com.py/titular-de-la-arp-es-uno-de-los-propietarios-responsables-de-posible-catastrofe-en-el-chaco/).

No hay que perder de vista tampoco que un proyecto que parecía sepultado, como la instalación de la fundidora de aluminio Río Tinto Alcán (RTA), reflotara con fuerza bajo el gobierno de Franco mereciendo incluso mención especial en su discurso de asunción. Aunque ahora el proyecto se encuentre en suspenso, la estrategia de congelar medidas resistidas por la ciudadanía fue utilizada a menudo para aplacar momentos de crispación a fin de retomarlas furtivamente cuando las aguas calmen.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que el golpe sobrevino en los momentos de peor popularidad del Congreso por el intento de aumento de presupuesto para operadores políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el rechazo al desbloqueo de listas sábanas. Así, toda la presión social y las responsabilidades fueron esquivadas olímpicamente con el juicio político haciendo de escudo distractor.

Finalmente, el golpe tuvo la intención de ratificar, entre otras cosas, que el origen de la propiedad rural no se discute y que las 7,8 millones de hectáreas adjudicadas ilegalmente entre 1954 y 2003 –sobre un total de 12.000.000 ha–, según consigna el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, es un tema prohibido. La actual tenencia de la tierra es la amada herencia del stronismo de la que son beneficiarios los capitalistas del agro y los falsos conversos a la democracia. En suma, hace un año el agronegocio asestaba una mortal estocada y emitía un mensaje aleccionador para disuadir cualquier intento de hurgar en sus oscuras entrañas.

 

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