Los caminos que podrían seguirse para la recuperación de las tierras malhabidas

Aunque pareciera no haber salida, se barajan posibilidades para recuperar las tierras del pantano de la ilegitimidad. Para este fin, el Congreso conformó una comisión que aguarda su aprobación en Diputados. Mientras tanto, las organizaciones campesinas ven la ocupación como la salida más rápida.

La recuperación de las tierras sigue siendo el vía crucis del Paraguay. Foto: Qué pasó en Curuguaty.

 

Por Carlos Morales

Alicia Amarilla conoce lo que significa luchar por la tierra. No solo como pequeña productora. Más bien lo sabe al formar parte de una organización campesina que ha aglutinado a decenas de familias desde hace décadas para acceder a su correspondiente parcela y sembrar sus alimentos para la sobrevivencia y la venta.

Conoce también lo que costó al campesinado la lucha por esa reivindicación histórica. Desde 1989 y hasta ayer, 124 labriegos han sido muertos buscando acceder al terreno para ellos, sus familias y sus compañeros. Ninguno de los autores materiales ni los propietarios donde ocurrieron las muertes fueron a la justicia. Impunidad y desigualdad riman en el Paraguay feudal.

“Lo que tenemos hasta ahora es producto de la ocupación, sacrificio y muerte”. Con esas tres palabras la dirigente campesina describe el alto precio que pagaron los labriegos para acceder a las tierras donde se asentaron. Sin embargo-puntualizó- varias poblaciones levantadas a través de la lucha no cuentan con título de propiedad. Por tal motivo, el riesgo de desalojo siempre está latente.

Este artículo es la segunda parte de la miniserie “Tierras malhabidas en el pantano judicial” escrita en conjunto con Hína a través de la Alianza periodística de medios nativos digitales sobre las tierras malhabidas en Paraguay.

Amarilla es enfática al decir que las leyes actuales no ayudan para nada en recuperar las tierras que fueron a adquiridas de manera ilegítima. Esto puede corroborarse en las entrevistas hechas por Norma Flores Allende para el medio digital Hina  en la primera parte de esta serie.

“Hasta ahora no tenemos un fuero agrario para que las tierras se les pueda adjudicar a los sin tierra. Si ahora nos vamos al Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), te dicen que vayas a formar una Comisión de Sin Tierras, luego decirles donde está la tierra mal habida para que vayan a ver. Pero eso no es así, eso es mentira”. Dentro de este escenario, Amarilla plantea cambios necesarios.

Una de las primeras medidas que propone para cambiar la situación, es detener la Ley Zavala-Riera. Dicha normativa fue aprobada en septiembre del año pasado y eleva las penas por ocupación de inmuebles. Pide también que se detenga la política de desalojo forzoso que se viene llevando adelante y que se agudizó con dicha normativa.

“Se debe implementar también de manera amplia una política de redistribución de tierras. Deben sanearse las instituciones. El Poder Judicial y el Indert son nidos de corrupción. Ahí se venden y revenden al mejor postor nuestras tierras. Se tiene que promover también la participación directa de las organizaciones campesinas, de las mujeres, de reforma agraria. También conocer la situación de las mujeres y los sectores indígenas”, sugiere la dirigente.

Amarilla es parte de la Coordinación Nacional de Conamuri. La organización, junto a Cultiva Paraguay, Organización Campesina del Norte (OCN), Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Federación Nacional Campesina (FNC), trabajan en una propuesta para la reforma agraria.

La organización también forma parte de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. Dicha iniciativa plantea un proceso para debatir los mecanismos jurídicos entre especialistas y movimientos sociales para la recuperación de las tierras malhabidas., la cual impulsa la creación de una comisión en el parlamento para dicha finalidad. La iniciativa  fue aprobada en la Cámara de Senadores y  tiene que ser tratada y aprobada en la Cámara de Diputados.

Otras vías

Cuando se cumplieron 30 años del fin del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, en el 2019, la Plataforma presentó un listado de reivindicaciones como una agenda básica de democratización. En ese momento uno de los posibles caminos que ya se identificaba era la creación de la jurisdicción agroambiental como una vía para el proceso de recuperación de las tierras malhabidas. Contar con esto es fundamental, señala la abogada Milena Pereira Fukuoka, especialista en Derechos Humanos e investigadora con varios estudios en materia agraria.

“El hecho de que el Paraguay sea uno de los primeros países en América Latina en contar con una ley de reforma agraria, con un estatuto agrario, pero que hasta hoy no cuente con una jurisdicción agraria es el mayor obstáculo jurídico, porque no se tiene como hacer valer ese derecho de la reforma agraria en el Paraguay al no contar con jueces que lo apliquen”, observa de manera enfática.

Dicha jurisdicción permitirá resolver los conflictos jurídicos en torno a la tierra en el país, conforme a derecho, conforme a las reglas y principios del derecho de la reforma agraria, parte central del derecho agrario nacional, establecidos en la constitución y las leyes agrarias vigentes, explica Pereira. Agregó que existen diferentes modelos tanto en lo administrativo como jurisdiccional, que se llevan adelante en otros países. Como ejemplos citó a México, Costa Rica y Bolivia. En Bolivia fue creada una jurisdicción medioambiental a partir de la nueva Constitución Nacional de 2008.

Uno de los tropiezos actuales en los intentos de recuperación es el juzgamiento que se hace de estos casos, ya que se aplica el Código Procesal Civil  cuando debería ser de otra manera, ya que no se tienen ni los jueces ni los procedimientos para aplicar la reforma agraria. Dar una solución definitiva al problema de las tierras malhabidas en el país, sanear dicha estructura y contar con una base distinta para el desarrollo genuino requiere de la jurisdicción agraria, recalca la abogada.  “No vamos a avanzar a un Estado de Derecho sin jurisdicción agraria”.

Mientras existan campesinos y pueblos indígenas sin tierra, el drama de las tierras malhabidas persistirá en el país, observa Alberto Alderete, ex titular del Indert y profesor de derecho agrario y ambiental en la Facultad de Derecho UNA. Junto a otras organizaciones que integran la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia analiza una de las posibles salidas del pantano jurídico de este drama histórico.

Alderete menciona que hay una posibilidad de que el Congreso dicte una ley expropiando esas tierras adjudicadas. Pero debe establecerse, imponer, una indemnización basada en el mismo costo que fueron compradas. Es decir, si fueron adquiridas a un precio de 500 guaraníes por hectárea en ese entonces, el cálculo de la paga debe realizarse sobre dicho precio. El monto total se abonará quien detente dicho bien material en ese momento.

Para llegar a este tipo de decisiones, los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, deben conversar y coordinar para hacerlas viables, explica el abogado. “Si el Congreso dictase una de estas leyes,  los adjudicatarios ilegales automáticamente recurrirían a una acción de inconstitucionalidad y sabemos como el Poder Judicial actúa en estos casos. Creo que una cumbre de los 3 poderes puede encontrar una vía más fácil y más ágil y totalmente procedente desde el punto legal y constitucional”, dice Alderete.

El ex titular del Indert  recalca en que el Congreso tiene un rol fundamental en este caso. Menciona que actualmente el proyecto de ley que ya tiene sanción en la Cámara de Senadores y que espera la aprobación de los diputados. Se trata de la Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”.

Entre sus funciones dicha instancia debería verificar los fallos judiciales que resultaron desfavorables para el Estado en su intento de reposición de dichos bienes.

La comisión

La cámara baja tiene en su poder el proyecto de ley que crea dicha comisión. Puede aceptarlo tal cual como está o remitirlo de vuelta a la cámara alta con modificaciones. El senador por el Frente Guasu, Hugo Richer menciona un detalle no menor: El día que aprobaron la ley Zavala-Riera en Senadores también se dio el visto bueno para crear la instancia legislativa para recuperar las tierras. Posteriormente ambos proyectos fueron remitidos a diputados, donde solo el de la criminalización tuvo vía libre mientras el otro aún aguarda su tratamiento.

“El proyecto, sirve para profundizar el estudio de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ) y los hechos nuevos. Porque si esa comision se conforma se supone que se va a hacer un estudio serio en donde se va a ratificar dicho informe y se va ampliar. Una comisión como esa en el congreso lo que hace es presentar las conclusiones de su investigación y esas conclusiones el congreso institucionalmente puede remitir a la Procuradoría General de la República, al Ministerio Público o donde sea”, explica el legislador.

Según comentó, desde la caída de la dictadura y hasta estos días, a través del sistema de derecheras más de 2.000.000 de hectáreas fueron a parar a manos privadas. “Hoy día en los últimos 15 años, esas tierras públicas, tierras que el Estado expropió y compró con dinero de los contribuyentes, está en manos privados, en manos de sojeros brasileños y paraguayos que se están enriqueciendo con tierras públicas”.

La histórica lucha que lleva adelante el campesinado paraguayo es un problema político, señala el senador del Frente Guasú, Sixto Pereira. Para hacerle frente, se lo debe enfrentar políticamente. Para ello debe contarse con la participación de las organizaciones, partidos políticos y pueblos originarios, además de la iglesia.

Pereira menciona que los grupos que los gremios económicos que fueron y son beneficiados con el sistema que creó esta desigualdad, no tendrán la voluntad ni gesto político de cambiar la situación. Desde sus posiciones de poder en el parlamento, bloquearán los intentos de recuperar las tierras malhabidas. Por ello, desde su punto de vista, los esfuerzos de la comisión se verán solo con un gobierno que realmente sea democrático.

La referente de Conamuri, Alicia Amarilla, advierte del riesgo que podría darse cuando los miembros de la comisión sean reemplazados por otros. Sobre todo si los reemplazantes son afines al modelo agroexportador y otros sectores que han visto cimentada su fortuna en las casi 8 millones de hectáreas que fueron entregadas.

Otro riesgo que puede darse es que la instancia que se creará en el Poder Legislativo, contribuya al blanqueo. “Es un riesgo siempre. Pero si tenemos ese temor nunca vamos a procurar nada. Pero es un mecanismo importante que puede cumplir ese rol, pero si no se hace nada es peor”, dice Alberto Alderete.

El tiempo y la voluntad política tendrán la última palabra para sanar esta herida abierta de la patria desde hace décadas.

 

 

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