Lorena Segovia pasó de ser abogada de los empresarios del transporte a ministra de Franco

La actual ministra de Justicia y Trabajo, Lorena Segovia, había representado a los empresarios del transporte en el año 2010, para oponerse a la reglamentación de la Ley 1.590, que daba potestad al Poder Ejecutivo de fijar el precio del pasaje; además trabajó con Cetrapam para frenar el proyecto Metrobus.

Lorena Segovia, ministra de Federico Franco y exabogada de los empresarios del transporte. Foto: Paraguay.com

Lugo reglamentó la Ley 1.590

A través de la reglamentación del año 2010, de la Ley 1.590, elaborada por Fernando Lugo, mediante el Decreto 4747, el Poder Ejectivo tiene la potestad de controlar el precio del pasaje, según dijo el exconsejero de la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama), Carlos Brañas.

Indicó que el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) dice tener una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia, donde se anula ese decreto.

Cetrapam accionó contra la reglamentación  con su entonces abogada, Lorena Segovia, hoy ministra de Justicia y Trabajo

Ministra contra el Metrobus

El 15 de diciembre de 2011, el diario Abc Color publicó una nota donde Segovia cuestionaba el proyecto del Metrobus. Afirmó en esa oportunidad de que el proyecto colisionaba con la Ley 1.590, de la Setama.

«Lo que resulta llamativo es cómo se pretende implementar una ley de transporte municipal dejando de lado la ley que nos rige, la Ley 1590 de la Secretaría de Transporte del  Área Metropolitana de Asunción, que es clara en cuanto a la competencia exclusiva de la misma respecto al transporte intermunicipal de pasajeros y las concesiones de los itinerarios», manifestó la abogada de los transportistas Lorena Segovia, había publicado Abc.

En ese entonces había mantenido una reunión con la Comisión de Obras de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto Metrobús, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pretendía implementar en el 2012 con una inversión de US$ 160 millones, de los cuales alrededor de US$ 125 millones correspondían a un crédito del BID, otros 17 millones a la OFIP y el resto a la contrapartida local.

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