Lo que pasó en Huber Duré “viene a confirmar las denuncias de los campesinos”

Canindeyú es centro de emblemáticos casos de denuncia por intoxicación con agrotóxicos, como parte de la pugna del avance del modelo de la agricultura mecanizada, y la lucha de las comunidades campesinas por mantener el modelo de agricultura familiar. Este departamento fue centro de casos sonados como el de la Colonia Yeruti, a 40 kilómetros de Curuguaty, donde falleciera el agricultor Rubén Portillo (26) en 2011, tras una intoxicación generalizada en la comunidad, que afectó a unas 21 personas. No muy lejos del lugar está campo Aguae, comunidad guaraní, que desde hace varios años lucha con empresarios sojeros que los arrinconaron, haciéndoles sufrir las consecuencias de la fumigación indiscriminada. Ambos casos fueron llevados a los distintos estamentos del Estado sin suerte, por ello, fueron presentados este año ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Junto a otros casos, Codehupy y Base Is presentaron la denuncia contra el Estado por encubrir los delitos de productores sojeros que afectaron sistemáticamente los derechos de las comunidades Yerutí y Campo Agua’e.

El mismo patrón

El abogado Hugo Valiente, uno de los que acompañó y presentó los casos, señaló que lo denunciado hoy en Huber Duré sigue el mismo patrón que los demás casos.

Valiente criticó la reacción de sistema de salud, “totalmente cómplice con los sojeros, negando, minimizando el hecho de la intoxicación, cuando deberían partir de esa hipóteis, porque tiene todas las características de un caso de intoxicación con agrotóxicos”.

Valiente recordó que el caso Portillo se hizo público cuando la doctora Angie Duarte, directora del hospital de Curuguaty, hizo la denuncia. Luego del golpe parlamentario la relevaron del cargo y la destinaron a Katuete, a 120 kilómetros de Curuguaty, reveló. Los registros del incidente Portillo fueron borrados del hospital, indicó, exponiendo la manera que el Estado apaña estas situaciones.

Estado no reacciona

Valiente califica la reacción del Estado ante esta situación de tardía, incompleta y parcial, frente a un fenómeno estructural masivo, que se da en condiciones totalmente ilegales, violando todas las leyes ambientales. Esto se viene denunciando desde hace años, pero no se reacciona a menos que muera gente. Asegura que no hay una política para cumplir la legalidad, y ni hablar de regular el agronegocio para darle algún rasgo sustentable, ni mucho menos una política de protección de la agricultura familiar campesina.

“Las políticas o las reacciones que se dan de parte del Estado son espasmódicas, ante la presión, adoptan parches coyunturales, no abordan la problemática en su conjunto”, señaló.

Es una confirmación

Lo que pasó en Huber Duré “viene a confirmar las denuncias de los campesinos”. Ahora cabe esperar que el sistema sanitario realice las investigaciones para determinar que pasó, y que el Senave realice las pruebas para determinar el origen de la intoxicación. La intoxicación se pudo dar de manera directa o indirecta, pues los venenos se suelen filtrar a los pozos y otros cursos de agua, indicó. Hay que exigir que se cumpla y estar monitoreando, dice.

Una de las últimas fronteras

Valiente cree que Canindeyú sigue siendo una zona de frontera campesina, que todavía tiene comunidades presentes que están siendo asediadas por este modelo de agricultura empresarial, de ahí las constantes fricciones, al igual que en el este de San Pedro. En las zonas como Alto Paraná, este de Caaguazú, gran parte de Itapúa, las familias campesinas han sido en gran parte desplazadas, y solo quedan “como archipiélagos”, en medio de los mares de soja, indica. Los modelos de producción campesina, organizados, están desapareciendo, porque el modelo sojero avanza muy agresivamente, asegura.

En Canindeyú, y principalmente en el distrito de Curuguaty permanecen varios asentamientos conquistados en los 90, que se resisten a desaparecer, por ello “tanta conflictividad, tantas movilizaciones”.

En los últimos años, en diversos distritos de Canindeyú las familias campesinas vienen protestando por la fumigación indiscriminada de agrotóxicos, violando leyes ambientales. La mayoría de las manifestaciones terminó reprimida por la policía, con heridos y con labriegos imputados. Ante el aumento de las tensiones, y ante las críticas por la protección policial de plantaciones de soja que violan normas ambientales, el gobierno estableció una suerte de protocolo que supuestamente debe tener en cuenta el cumplimiento de los productores a la hora de intervenir. Huber Duré expone que dicho protocolo quedó en los papeles.

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