Línea de 500 kV: otro modelo es posible.

La solidaridad: la cara opuesta a la gravosa alianza público privada (APP).

Imagen: Paraguay.com

El lunes 28 de  octubre se aprobó la ley de APP y, como queriendo inmediatamente marcar la diferencia, el día siguiente, 29 de octubre, se inauguró la línea de 500 kV entre Itaipú y el área metropolitana de Asunción (Villa Hayes), lo que permitirá una gran expansión del consumo eléctrico nacional sin aumento de tarifas y manteniendo el servicio dentro de la esfera pública.

El 15 de agosto del 2008, cuando asumimos como gobierno, heredamos una situación crítica en muchos aspectos y en particular en el sector eléctrico. Entre otros, el sistema de transmisión de Itaipú al área metropolitana de Asunción estaba colapsado y con limitadas posibilidades de ampliación; se requería de una obra de gran envergadura, con urgencia, para evitar un colapso mayor. La ANDE propuso a organismos internacionales la construcción de una línea de 500 kV, contándose en principio con los apoyos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Al 25 de julio del 2009 –tras casi un año de gestión– se había avanzado bastante: se contaba con la aprobación, en principio, de ambos bancos, si bien el tema debía aún ser aprobado formalmente en sus respectivos directorios y, además, se debía realizar el proyecto ejecutivo (lo que requería de licitación) y, luego, licitar y construir las obras. A la ANDE, este tipo de proceso, para líneas menores (de 220 kV), le lleva no menos de 6 años. La crítica situación del sector eléctrico no podía esperar tanto.

Es así que, cuando llegamos al momento culminante de la negociación con el Brasil, incluimos la exigencia de tal línea de 500 kV, sin costo para el Estado paraguayo, como una compensación por las injustas condiciones del tratado de Itaipú en el pasado. Se llegó, así, a una solución rápida y solidaria, sin costo para el Estado, con lo cual el sistema eléctrico paraguayo puede ofrecer una de las menores tarifas eléctricas del mundo sin subsidio. De hecho, esta solución solidaria –de calidad y ejecutada con prontitud– es el otro modelo posible, en contraposición a la alianza pública privada (APP) que hoy nos quieren presentar como única alternativa.

En todo el mundo, donde se llevaron a cabo programas de APP, se produjeron sobrecostos, alza de tarifas, ejecución de obras innecesarias (que debe pagar el contribuyente), mala calidad de las obras o servicios y fuerte incremento de la deuda del país. Solamente en Gran Bretaña, según una reciente investigación de su Congreso, el país se endeudó en unos 30.000 millones US$ en este tipo de obras, muchas de ellas innecesarias y con sobrecostos de más de 50%. En países del tercer mundo, la cuestión fue mucho peor: los sobrecostos fueron mayores, al igual que el aumento de las tarifas y el crecimiento de la deuda, al mismo tiempo que disminuía la calidad de las obras.

En Paraguay conocemos ya algunos intentos de este tipo, como Tape Porä (ruta 7), que tiene un peaje que es 400% más caro al que cobra el MOPC. También conocemos la experiencia de Gramont Berres, una planta procesadora de frutas que ni siquiera funcionó, pero hoy el Estado (todos nosotros) debemos unos 180 millones US$ a los bancos suizos y si no pagamos se nos embargarán todas nuestras reservas. Todo por una industria que nunca operó, que fue una estafa.

La línea de 500 kV demuestra que otro modelo, alternativo al de la APP, es posible. Allí está, recién inaugurada, con costo cero para el usuario y el Estado, salvándonos del colapso eléctrico. Los fondos vinieron a través del FOCEM –a los que el Paraguay puede acceder en mucho mayor medida aún–, un fondo solidario fruto de la integración regional. También está el Acuerdo de Caracas, que nos permitiría tener unos 1.000 millones US$ de crédito blando de Venezuela por la importación de petróleo, con tasas 2%/año, plazo de gracia de 2 años y 15 años para pagar. También están los ingresos de las hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, del orden de 750 millones US$/año (casi 3.750 millones US$ en cinco años) que, bien administrados, pueden dar lugar a una gran cantidad de obras públicas sin deuda alguna. En fin, una suma de posibilidades de gran envergadura y bajo costo, manteniendo nuestra soberanía.

En cambio, a través de la ley de APP, todo el patrimonio público –agua, ríos, educación, salud, caminos, energía eléctrica, telecomunicaciones, cemento, etc– se privatizará (se cederá) sin cobrarse nada a cambio por hasta 40 años, hipotecando al mismo tiempo todos nuestros ingresos (impuestos, tasas, contribuciones, royalties, compensaciones) y poniendo en riesgo así a la educación, la salud y todos los servicios sociales (tercera edad, remedios, etc). Algunos interesados, a pesar de que saben que este modelo de APP es el peor camino para el país –aunque el mejor para el robo a favor de sus empresas y grandes transnacionales– insisten en ir por el camino más costoso de la APP, de peor calidad y de mayor endeudamiento. La recientemente inaugurada línea de 500 kV, ya en operación, les grita: ¡otro modelo, soberano, de más calidad y más barato, es posible!!!

 

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