Lezcano Claude: «Se busca colocar en la Corte a gente más complaciente»

Diálogo con Luis Lezcano Claude, quien se desempeñara como ministro de la Corte Suprema de Justicia desde 1995 hasta 2003. En 2012, presidió el Tribunal del Juicio Ético al Parlamento que condenó por mal desempeño en sus funciones al Congreso que destituyó a Fernando Lugo.

Por Paulo López

El exministro de la Corte Luis Lezcano Claude. Foto: Juicio Ético al Parlamento.

El exministro de la Corte Luis Lezcano Claude. Foto: Juicio Ético al Parlamento.

Lezcano Claude sostiene en esta entrevista que el actual proyecto de “renovación” del máximo tribunal seguirá la lógica preponderante del “juez amigo”. Ante esto, el Poder Judicial seguirá sojuzgado y lo que se pretende es colocar a gente más complaciente aún a los poderes políticos, advierte.

Con respecto al diseño institucional en la conformación de las ternas, señala que en la práctica se ha procedido sistemáticamente violando la Constitución, ya que el Poder Legislativo se ha extralimitado en sus funciones arrogándose la atribución de rechazar las ternas, siendo que estas son vinculantes. Asimismo, apunta que los poderes han sojuzgado al Consejo de la Magistratura imponiendo nombres por razones externas a la idoneidad y honorabilidad que requiere el cargo.

Lezcano Claude también observa que existe un error de origen en el procedimiento previsto en la Carta Magna, que establece la obligación de que exista un acuerdo del Poder Ejecutivo en la elección de los candidatos, lo cual subordina aún más a estos al poder de turno.

En contrapartida, con respecto al rol de la ciudadanía en el mejoramiento de la calidad institucional, el jurista aboga por el desarrollo de un pensamiento menos conservador y más democrático y progresista, una renovación de la dirigencia partidaria y una mejor integración de las cámaras legislativas.

–¿Cuál es su opinión con respecto a la actual Corte Suprema de Justicia?

–Hablando solo del período posterior a la dictadura, se puede notar que el Poder Judicial, en su integridad, no ha logrado liberarse de influencias externas. Entre ellas ha sido particularmente perniciosa la proveniente del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los partidos políticos tradicionales (partidos Colorado y Liberal), a los que se sumaron otros partidos menores. Esta influencia ha afectado gravemente la independencia del órgano jurisdiccional, y por consiguiente la imparcialidad de los magistrados que lo integran. Si no se dan a plenitud estas características esenciales, no puede hablarse de seguridad jurídica. En realidad no puede sostenerse que se esté impartiendo justicia en el ámbito que le corresponde al órgano de gobierno de que hablamos.

Pero no solo esta ha sido una influencia negativa. Los grupos económicos poderosos también han ejercido y ejercen presión en los casos en que están involucrados sus intereses particulares, buscando resultados favorables. Ciertos medios periodísticos, o mejor empresas periodísticas, también hacen lo suyo guiados por intereses mezquinos, tratando de torcer la vara de la justicia en un sentido u otro según les convenga, mientras por otro lado critican la actuación del Poder Judicial y reivindican la necesidad de una justicia independiente.

Este es el escenario en que ha tenido y tiene que actuar la Corte Suprema de Justicia, en particular, y los magistrados judiciales, en general. Los casos que tenían implicancias políticas siempre han sido resueltos teniendo en cuenta el peso de los actores involucrados. Asimismo, se ha favorecido a quienes tienen poder económico y, en muchos casos, por temor, se ha cedido al poder mediático. A estas situaciones irregulares hay que sumar los casos comunes en que la desviación se ha debido simplemente a la amistad o la corrupción.

Refiriéndonos específicamente de la Corte Suprema de Justicia, se puede observar que desde 1995 (primera Corte integrada según la Constitución de 1992) hasta 2014, se ha involucionado desde una resistencia fuerte e importante a los males señalados precedentemente, hasta una situación prácticamente de indolencia. Obviamente no es esto lo deseable. Por el contrario, es urgente lograr que la función jurisdiccional sea ejercida libre de cualquier tipo de injerencia nefasta.

–¿Cómo ve el actual planteamiento de remover a los ministros de la Corte?

–La idea de remover a cierto número de los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia, responde –en el supuesto de que todos actuaran de buena fe– al deseo de mejorar la administración de justicia.

Pero resulta que el proceso no se cierra, es decir, no concluye con el logro del objetivo propuesto el simplemente remover a los actuales ministros de la Corte. Eventualmente, este no sería más que un paso. Luego está el problema de la recomposición de la Corte, esto es, el nombramiento de los nuevos integrantes de la misma.

En este punto, los líderes políticos (en particular, los de los partidos tradicionales) son los que se consideran con mayores derechos a opinar e intervenir, aunque la Constitución no les confiera facultad alguna. Los precedentes señalan que las diversas composiciones de la Corte desde 1995 han sido decididas mediante el sistema de cuoteo político. Algunos dirigentes partidarios (por ejemplo Miguel Abdón Saguier) han reivindicado públicamente este aberrante sistema, diciendo que la composición política de la Cámara de Senadores tiene que estar reflejada en la composición de la Corte Suprema.

Los dirigentes políticos prevalecientes siguen siendo los mismos, en buena medida. La alta preponderancia de un pensamiento conservador y el deseo de mantener sojuzgado al Poder Judicial, hacen previsible que la forma de escoger a los nuevos integrantes de la Corte Suprema no va a cambiar. Lo que se va a buscar, siguiendo con la idea del “juez amigo”, es colocar en el máximo órgano jurisdiccional a gente más complaciente.

La experiencia histórica reciente demuestra que en todos los casos de recomposición de la Corte Suprema, se ha pasado por encima del Consejo de la Magistratura, imponiéndole los nombres de los futuros integrantes de aquella. Se dice que el sistema funcionó en 1995, pero de todas maneras no solo no es lo más conveniente y seguro, sino que no es lo que la Constitución establece. Hoy nada indica que las cosas vayan a ser diferentes y en tales condiciones no se pueden abrigar esperanzas de que un simple cambio en la cúpula judicial sea capaz de producir efectos positivos.

–¿Cuáles son los problemas del proceso institucional de conformación de las ternas de candidatos?

–La Constitución establece que el órgano encargado de integrar las ternas es el Consejo de la Magistratura. Este órgano debe hacerlo con absoluta libertad y sobre la base de criterios profesionales y académicos (“selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes”, Art. 264 de la CN.). Además, las ternas deben ser consideradas vinculantes, como lo sostiene la doctrina en forma unánime. Ese carácter vinculante implica que la Cámara de Senadores necesariamente debe designar a uno de los tres integrantes de cada terna, sin que pueda rechazar la terna y sin que pueda designar a más de un integrante de cada una de ellas.

Hasta este punto (intervención del Consejo de la Magistratura y de la Cámara de Senadores) no habría ningún problema en el proceso institucional de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Podría surgir un problema en caso de que el Poder Ejecutivo no prestara su acuerdo al candidato nombrado por la Cámara de Senadores. Aquí la Ley Suprema no ha determinado cómo debe procederse y todo queda librado a la interpretación.

Una solución, aunque fuera no jurídica, sería que luego de la integración de las ternas por el Consejo de la Magistratura, los dos órganos de composición política (Cámara de Senadores y Poder Ejecutivo), intentaran consensuar candidatos, sin olvidar que la facultad principal corresponde a la cámara legislativa.

La exigencia del acuerdo del Poder Ejecutivo constituye en este caso un error de la Constitución, al establecer una doble limitación (terna previa y acuerdo posterior) a la facultad de nombramiento de que se inviste a la Cámara de Senadores.

¿Qué se necesita desde la perspectiva del diseño institucional y de voluntad política para que los mejores juristas sean los que lleguen al máximo tribunal?

–Creo que desde la perspectiva del diseño institucional no existen mayores problemas, salvo lo mencionado precedentemente.

La dificultad está en circunstancias de hecho, es decir, en la falta de confianza en el proceder de los órganos intervinientes. Nadie piensa que la idoneidad, los títulos, los méritos y las aptitudes, vayan a ser los que determinen quiénes serán los integrantes de las ternas. Todo el mundo está convencido de que factores políticos mezquinos son los que habrán de prevalecer.

Deben darse pruebas contundentes de parte de la llamada “clase política” para que se crea que las declamaciones referentes al deseo de contar con un Poder Judicial independiente, son realmente sinceras. Antes de esto no se puede pretender que los mejores juristas se presenten a llamado alguno.

¿Cuál es el rol que podría ejercer la ciudadanía con vistas a tener una Corte independiente?

–Es poco lo que puede hacer una persona común al respecto. En líneas generales estaría circunscripto a su actuación en distintos medios, en particular en el ámbito de su partido político. Pero sobre todo lo que se debería tratar de lograr es el desarrollo de un pensamiento menos conservador y más democrático y progresista, una renovación de la dirigencia partidaria y una mejor integración de las cámaras legislativas.

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