Leyes que penalizan el aborto atentan contra el derecho humano de las mujeres a la salud

Informe sobre derechos humanos denuncia los efectos nocivos de las restricciones jurídicas referentes a salud sexual y reproductiva.

El informe, titulado “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, aborda las normas internacionales de derechos humanos y el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como los nocivos efectos que las leyes penales yotras restricciones jurídicas tienen en la salud sexual y reproductiva, conénfasis en la práctica del aborto; la conducta en el embarazo; los métodos anticonceptivos y la planificación de la familia; y el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva.

El documento señala que las restricciones jurídicas penales y de otra índole que se aplican en cada uno de esos ámbitos, a menudo discriminatorias, dificultan el acceso a bienes, servicios e información de calidad y, por consiguiente, vulneran gravemente el derecho a la salud. Y atentan contra la dignidad humana al coartar las libertades que emanan del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física. 

En los casos en que una barrera es producto de una ley penal o de restricciones jurídicas de otra índole, los Estados están obligados a eliminarla. A partir de ello, en sus recomendaciones sostiene que los Estados pueden y deben adoptar las medidas necesarias para que el derecho a la salud se haga plenamente efectivo para todas las personas, sin exclusión, y no se coloquen obstáculos como los señalados para su pleno y efectivo ejercicio.

Las organizaciones de mujeres de Latinoamerica y el Caribe se mostraron sorprendidas por que en la presentación del informe señalado tan solo la delegación argentina en la ONU expresó un apoyo activo respecto de su contenido, incluso en lo relativo al aborto y a las recomendaciones de revisión de las leyes que lo penalizan.

Mientras que el resto de las delegaciones latinoamericanas y caribeñas no se expresaron en el mismo sentido y algunas incluso manifestaron su rechazo a las recomendaciones sobre este tema en particular, demostrando  su renuencia en reconocer las necesidades urgentes e impostergables de las mujeres en el ámbito de la autonomía sexual y reproductiva, y de la maternidad voluntaria.

«Esto demuestra que, en pleno siglo 21, el derecho a la salud integral de las mujeres, en especial de las más pobres, las adolescentes, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres de la diversidad sexual, las inmigrantes, las mujeres de zonas rurales, las mujeres VIH+, las mujeres desplazadas, las mujeres víctimas de violencia, entre otras, continúa ausente e ignorado de los grandes y álgidos debates nacionales». Refirió el pronunciamiento del colectivo de mujeres.

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