Ley que pretende vigilar todo Paraguay se define mañana

La ley obliga a las operadores de internet y celulares almacenar los datos por un año de todas las personas. No es el contenido de las comunicaciones, sino  los movimientos de las personas serán registrados: las llamadas y toda forma de comunicación: Con quién habló, por cuánto tiempo, qué hizo y con quién estuvo.

“Me temo que este proyecto orwelliano pretende generar un perverso y eficaz mecanismo de intrusión en la intimidad y la privacidad de las personas, lesionando gravemente derechos constitucionales”, sostiene, por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Mendonca.

El proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, la cámara de origen. Sus mentores son los senadores Arnaldo Guzzio, Roberto Acevedo, Arnoldo Wiens y Fernando Silva Facetti. Argumenta esta gente que una ley así es importante para acceder al movimiento de los narcotraficantes y pedólilos.

“La páginas web que visitás, el tiempo, el tamaño de la comunicación, todas tus huellas digitales en internet serán almacenadas”, dictamina la activista de derechos de comunicación, la abogada Maricarmen Sequera.

En Europa, una iniciativa de estas características fue invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según este tribunal, recuerda Mendonca, “los datos que han de conservarse permiten saber con qué persona y de qué modo se ha comunicado un abonado o usuario registrado, determinar el momento de la comunicación y el lugar desde el que esta se ha producido y conocer la frecuencia de las comunicaciones del abonado o registrado con determinadas personas durante un período concreto. Esos datos, considerados en su conjunto, pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se conservan, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales, los desplazamientos diarios, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados”.

Según el tribunal, “al imponer la conservación de estos datos y al permitir el acceso a las autoridades competentes, la regulación se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal”.

 

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