¿Ley procultivos transgénicos, a espaldas de la ciudadanía, la SENAVE, la SEAM y el Ministerio de Salud?

Organizaciones sociales, ecologistas y ciudadanas pedirán que se aplace su estudio del jueves en la sesión de Diputados, por desinformación pública, y que se realicen audiencias públicas para analizar las verdaderas implicaciones del proyecto.

Un solo cultivo transgénico aprobado en el país, la soja Roudup Ready de Monsanto, ocasionó estragos ambientales, sociales y geográficos desde su entrada. Entre ellos la muerte del niño Silvino Talavera, cuya madre aparece en la foto (izq.) manifestándose frente al Palacio de Justicia. Fotografía: Base IS.

Por Base IS (www.baseis.org.py).

El pasado 12 de abril figuraba entre los temas a tratar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de bioseguridad, pero finalmente su estudio se postergó por 15 días a pedido de la legisladora Aída Robles.

Esta propuesta, de entrar en vigencia, beneficiará al sector sojero y de agronegocios, pues flexibilizaría la aprobación de cultivos transgénicos en el país, principalmente al prescindir de la SENAVE y la SEAM en algunas atribuciones.

Lo que más llama la atención es la forma sigilosa en que los diputados proyectistas –una coalición coloradooviedista compuesta por Ariel Oviedo, David Ocampos, Herminio Dávalos y Andrés Retamozo– fueron empujando su tratamiento. También es cómplice el silencio, por desconocimiento o vista gorda, de la prensa empresarial.

Otra observación que se le puede hacer es que, de entrar en vigencia esta ley, aportaría a una mayor bioinseguridad o incluso biodesequilibrio, algo totalmente contrario a lo que su nombre y expresión de motivos prometen.

Contexto 

Si bien el proyecto define su margen de acción sobre todo tipo de organismos vivos modificados (agrícolas, forestales o animales), sus argumentaciones dejan ver que apunta especialmente a facilitar la entrada de cultivos transgénicos al Paraguay.

Esto cobra aún más sentido en un contexto de merma de la producción de soja durante la última zafra por la sequía, y la consecuente necesidad del agronegocio de desarrollar otros cultivos transgénicos para no depender exclusivamente de la oleaginosa.

Dejar de lado a SENAVE y SEAM

Con esta ley, el sector agroexportador le restará participación a la SENAVE como autoridad en la definición de gran parte de la política de transgénicos, y así también a la SEAM, en sus atribuciones relacionadas a las evaluaciones de impacto ambiental.

En cambio, la propuesta busca dar gran protagonismo al Ministerio de Agricultura (MAG) y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), las dos instituciones estatales más aliadas al agronegocio actualmente.

Estas dos instituciones capitanearían la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO), que propone ser creada si se sanciona esta ley, aunque actualmente ya funciona una Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (COMBIO), pero sólo por decreto presidencial de gobiernos pasados.

Ministerio de Salud

Si bien los proyectistas afirman que el objetivo de la legislación sería el uso de biotecnología de manera segura y sin dañar la salud humana, no consultaron con el Ministerio de Salud para la elaboración del borrador, ni lo incluyeron entre las instituciones que estarían en la CONBIO y que definirían la política de cultivos transgénicos en el país. Esto al parecer habría despertado malestar en las autoridades sanitarias.

Sí estaría dentro de la CONBIO el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), dependencia del Ministerio de Salud. Por lo que respecta a salud, la aprobación de un cultivo transgénico sólo se analizaría desde los riesgos alimenticios y no así de las consecuencias a la salud humana que acarrean las tecnologías que utilizan los transgénicos para desarrollarse, como los agroquímicos, que producen problemas de salud ambiental, respiratorios, alérgicos, estomacales e incluso la muerte de animales y seres humanos.

Aplazar el estudio 

Según el calendario legislativo, este jueves 26 de abril se debería estudiar el proyecto. Sin embargo, tras conocerse la propuesta, un frente de varias ONG, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, colectivos culturales y políticos y profesionales independientes, pedirán a la Cámara de Diputados aplazar el estudio del proyecto de ley, hasta tanto la ciudadanía, la SENAVE, la SEAM y el Ministerio de Salud cuenten con la información necesaria para tomar una postura.

Para esto, a la par que la suspensión del estudio en sesión, se pedirá la realización de audiencias públicas.

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