Ley de Lenguas, ley de la demokrasia

“Omanórõ peteî ñe’ê, omanõ peteî teko”, aforismo que en la vernácula denota que la muerte de una lengua es la muerte de una cultura, de una cosmovisión. Así, advirtiendo que en los tiempos de la sociedad global cada día muere una lengua, iniciaba su exposición Miguel Verón, del Ateneo Guaraní, en el taller sobre la Ley de Lenguas que nos congregó en el auditorio capitalino de las Tetãnguéra Aty (NN.UU.), según traducción ensayada que alcancé a escuchar mientras hurgaba por el salón en conversaciones ajenas. La llovizna caía sobre los cristales y los vapores del café y el ka’ay untaban el éter. Unas pitadas al delicioso pety en el atrio antes de empezar a preparar los apuntes y las grabadoras. La mañana se presentó lluviosa y una de las expositoras lo interpretó como señal de teko rory y py’aguapy, bienaventuranza y serenidad. De hecho, el genio tutelar de las aguas para los mbya, parcialidad indígena que más pura logró conservar su lengua y filosofía, es Tupã Ru Ete y su réplica (¿o arquetipo?) femenina Tupa Chy Ete, que rige los Para Guachu (para :mar; de allí
Para-gua-y, agua procedente de los mares), siendo su signo el ñemboro’y, lo que produce refrescamiento, moderación, equilibrio. Cuando el calor y la ira se apoderan del espíritu humano, Tupã hace caer las aguas para restituir la calma sobre la tierra. No tiene la centralidad cosmogónica que le atribuyeron los misioneros, ya sea por equivocación o falsificación voluntaria, pero su figura es a la teogonía guaraní lo que el agua, símbolo de su poder, representa para las sociedades agrícolas.

Como moderadora de la mesa de expositores aparecía la poetisa Susy Delgado, que en una especie de recuerdo ancestral de las antiguas matrias iniciaba el debate bajo el símbolo ritual del takuapu, o bastones de ritmo, trocado en micrófono. Le secundaban Miguel Verón, del Ateneo Guaraní de San Lorenzo; Ramón Silva, conductor televisivo, y Mirta Martínez, del portal en guaraní de ABC.

La ley de Lenguas tratada en el taller es un instrumento que apunta a intervenir con relación al total de la demografía lingüística del Paraguay y no exclusivamente sobre los idiomas oficiales, reconociendo también el derecho de las comunidades de inmigrantes de acceder en su lengua –sea esta el inglés, el portugués, el japonés, el alemán, etc.– a los mecanismos jurídicos y demás derechos y obligaciones que rigen en el territorio de la república, siendo asistidos para ello por personas que conozcan su idioma. En este sentido es un modelo para las democracias más “avanzadas” como los EE.UU., donde los inmigrantes están obligados a conocer el inglés para ser sujetos de derecho.

Esta ley es una rectificación del rol histórico que ejerció el Estado como continuador de las políticas del Holocausto Indígena, ya sea en la era independiente o con la instalación del gobierno legionario en la posguerra de 1870. Bajo el axioma de “civilización o barbarie”, principio que alumbró a los cipayos del capital inglés durante el Ñorairõ Guasu, se estableció una política oficial persecutoria y represiva contra el uso del guaraní. “El guaraní no es una lengua, es un balbuceo de canes”, decían más o menos los que cargaron con la suprema misión de civilizarnos.

Y, sin embargo, el proyecto avanza a pesar de la resistencia de legisladores que pretenden relegar la función del Estado como mera fuerza policial para garantizar lo que llaman derechos de propiedad, lo que equivale a decir únicamente sus intereses.  Así conciben al Estado mínimo, ausente, pasivo ante el autoritarismo del poder patronal; pero eso sí, diestro en el garrote contra el clamor popular. Todo validado y justificado por su prensa “libre” e “independiente”.

Ahora bien, la protección jurídica de todo el patrimonio intangible constituye en sí un avance indiscutible, aunque la alfabetización en la lengua máter para quienes no hablen uno de los idiomas oficiales solo queda reducida a la etapa inicial del proceso. Además, hay que decirlo, la ambiciosa propuesta marca pautas realistas, pues en las actuales condiciones no existen herramientas pedagógicas para implementar la escolarización en la totalidad de las variantes dialectales existentes en la República. En general, la Constituyente de 1992 declara a todas las lenguas como patrimonio cultural de la nación, aunque no se estipule su uso en los ámbitos público-administrativo, como tampoco está ocurriendo satisfactoriamente con el guaraní, aunque goce de reconocimiento oficial.

La Constitución garantiza el derecho de sus habitantes de ser alfabetizados en su lengua materna, pero al mismo tiempo reduciéndolo a las que cuentan con estatus oficial, el guaraní y el castellano, según establece en el artículo 140. En la praxis concretamente la alfabetización en castellano como lengua predominante a expensas del guaraní es valorada como tal de manera positiva por grandes segmentos de la sociedad, puesto que la lengua nativa es equiparada muchas veces a un obstáculo al desarrollo del pensamiento lógico-racional, postura asumida incluso por asesores que trabajaron en la actual reforma educativa, a la que muchos lingüísticas y semiólogos, con apoyo en soportes metodológicos corroborables, prefieren anteponer el prefijo privativo “de”.

Si existe una diglosia de facto en las modalidades de utilización entre las dos lenguas oficiales, cuando se trata del resto de los idiomas que constituyen el heterogéneo mapa lingüístico del Paraguay nos encontramos ante una exclusión fundamentada en el marco legal, puesto que nuestro texto constitucional habilita a escoger entre los dos idiomas oficiales –lo cual prácticamente equivale a decir el castellano– cuando el discente tiene como lengua materna cualquiera de las 20 familias lingüísticas que pueblan el país a lo largo de las regiones Oriental y Occidental. Ahora, con la nueva ley, las diversas parcialidades indígenas están en el derecho de recibir sus primeras letras en el dialecto propio de la comunidad.

En cuanto a los medios de comunicación, la finalidad es el uso equitativo de las dos lenguas oficiales, de tal manera que la población monolingüe no quede excluida del derecho a la información. Según estadísticas difundidas en el taller, existe un 30% de la población que solo conoce el guaraní, lo cual implica que 3 de cada 10 paraguayos prácticamente no tienen voz por razones de lengua –sin mencionar aquí otras
variables–,  puesto que no manejan el código dominante de la red telecomunicacional, ya que esta emite mensajes ininteligibles para esta parte de la población, que tampoco puede expresarse a través de dichos canales.

A fin de mitigar la exclusión de los servicios del Estado por motivos de idioma, serán priorizados los postulantes a acceder a la función pública que certifiquen el desarrollo pleno de las cuatro competencias lingüísticas en ambos idiomas –bilingüismo coordinado– y asimismo se estipula un plazo de 5 años para que los funcionarios ya contratados se adecuen a las condiciones de la normativa. A pesar de las dificultades que esto conlleva y aunque pueda calificarse de irrealizable, sin embargo es un incentivo importante para el estudio y crecimiento del guaraní, puesto que el principal criterio que se adopta para aprender una lengua o perfeccionarse en su uso es el beneficio concreto y material que ello reporta. Si hasta ahora existe bajo interés en aprender las lenguas indígenas, se debe a la creencia de que “no nos sirve en los tiempos de la globalización”, “en lugar de abrirnos al mundo nos cierra en nuestro secular provincianismo”, etc. Ahora, los profesionales dependientes del Estado, principalmente los juristas y los médicos, que son los que tratan mayormente con personas situadas al margen del sistema educativo formal, pero no por ello con derechos prescriptos, deberán ser competentes en ambos idiomas.

En lo que respecta al ámbito formal –lexicográfico y gramatical– unánimemente se habló de la necesidad de estandarización de la lengua unificando los criterios en una academia, que promueva la investigación y proporcione el sostén epistemológico a las instancias de aplicación del código regulador en el nuevo organismo instituido para ello, la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Así fue cerrándose el encuentro arañando ya el meridiano. Antes de la ritual despedida, llegó la información de que la Cámara de Senadores incluyó el estudio del proyecto de ley como segundo punto del orden del día en la penúltima jornada hábil de la semana.  Finalmente, luego de tres años de postergaciones, el anteproyecto fue aprobado y tiene media sanción. Ahora la batalla se traslada a Diputados.

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