Ley de jubilación especial para obreros de Acepar es un acto de justicia

El Congreso aprobó una Ley que establece un régimen de jubilación especial para obreros de Acepar. La decisión es justa y necesaria. Por Julio López.

 

Movilización de trabajadores de Acepar. Fuente: cootrapar

Esta Ley (N° 4629/12) establece que los trabajadores de la siderúrgica podrán acogerse a la jubilación ordinaria una vez que cumplan 20 años de servicio dentro de la fábrica, en forma alternada o ininterrumpida, y hayan aportado en igual cantidad de años a la Caja de Jubilaciones de IPS.

Economistas, directivos del IPS, la Feprinco, empresarios y los medios empresariales de comunicación vienen impulsando una intensa campaña en contra de esta Ley,  sosteniendo que con ella se habilita una jubilación “privilegiada” que pone en riesgo la sostenibilidad de la Caja del IPS, por el costo adicional de gastos que representará para la Caja.

¿De qué privilegio se habla?

Cuándo dicen que es una jubilación de privilegios, ¿qué exactamente quieren decir? ¿Se puede hablar de privilegios cuando son obreros que han trabajado y siguen trabajando durante años en condiciones insalubres?

Las estadísticas dicen que en menos de 2 años fallecieron 15 personas de menos de 58 años y casi todos de infarto agudo del miocardio, a consecuencia de enfermedades causadas por las condiciones laborales insalubres ¿Es eso un privilegio?

¿Se puede hablar de privilegios cuando personas jóvenes han adquirido cáncer (de entre 18 a 23 años) por ingresar a trabajar sin protección en lugares de emisión de ondas  electromagnéticas y radiactivas?

¿Se puede hablar de privilegios cuando el ambiente laboral donde la persecución, la represión, despidos, violación de los Derechos Humanos, es una constante en contra de los trabajadores?

Las cifras que manejan tanto la prensa empresarial como IPS no es la correcta. Hoy Acepar ya no tiene 1.117 obreros, quedan sólo unos 750. Si la ley se aprueba, se beneficiarán unos 370 trabajadores que están en tiempo de jubilarse, de los cuales 81 son del grupo de huelguistas. En los próximos 5 años solo sumarían un total de 397 los beneficiados. Pero además, existen obreros que ya han aportado 25 años o más.

También debe cumplirse la condición de que la Planta siga operando, en caso contrario tendremos 750 nuevos desempleados por la pésima condición en que hoy se encuentra la Planta Industrial (parada hace 25 días).

Lamentamos que el representante de los trabajadores se limite a decir que no comparte el tenor de la Ley porque aparecerán otros sectores que plantearán lo mismo, poniendo en peligro a la entidad.

Que la ley contemple los rubros que implicará su aplicación

Las autoridades del IPS sostienen que la aplicación de esta Ley tendrá un costo adicional que pondrá en peligro los fondos jubilatorios y por esta razón plantean que presentarán un recurso de inconstitucionalidad para abolir dicha ley.

Esta es una orientación que choca frontalmente con derechos universales de la seguridad social.

Lo que las autoridades del IPS, y fundamentalmente el representante de los trabajadores en el Consejo, debieran hacer  es solicitar que la propia ley contemple el mecanismo que garantice los rubros necesarios para su aplicabilidad.

La situación que soportan los trabajadores de Acepar tiene responsables bien identificados, en primer lugar es la Sociedad propietaria de Acería y más específicamente sus administradores, que tienen además cómplices institucionales como las autoridades Judiciales y del Ministerio de Justicia y Trabajo, quienes nada han hecho ante las denuncias recurrentes que históricamente han sido elevadas por el Sindicato, entre las cuales se encuentran las denuncias contra las condiciones insalubres.

¡Que pague Acepar!

¡Por todo esto sostenemos que los costos de esta Ley debe pagar Acepar! Pero ¿quién le pone el cascabel al gato?

La verdad de Acepar es la corrupción, la impunidad otorgada por todos los gobiernos que en vez de tomar al toro por las astas interviniendo la acería, cosa que hasta ahora no sucede, permiten que Acepar sea una empresa que solo sirvió –y sirve– para mutilar trabajadores y hacer ricos a sus administradores.

Exigimos una vez más que Acepar sea intervenida por el Estado y que rinda cuentas por innumerables violaciones a los derechos de los trabajadores.

Exigimos también la reincorporación de TODOS los trabajadores despedidos injustamente, así como la reposición de todos sus derechos. Al respecto, existen dos sentencias, firmes y ejecutoriadas en relación al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acta de Acuerdo, que los administradores de Acepar S.A. ignoran por completo desde el año 2009.

 

 

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