Ley de APP, mucho peor que caso Gramont Berres

«No estaría mal que la iniciativa privada encare inversiones en áreas que el Estado no lo pueda hacer, pero siempre que el Congreso así lo decida (así dice el artículo 202, numeral 11 de la Constitución) y que tal iniciativa privada esté dispuesta a correr los riesgos del caso, como de hecho ya lo está haciendo la empresa privada a nivel industrial, comercial, productivo y de servicios». 

Horacio Cartes ha tomado la decisión de concentrar todo el poder en sus manos. Foto: Fan page de HC.

Cartes ha tomado la decisión de concentrar todo el poder en sus manos. Las leyes de militarización, alianza público-privada y responsabilidad fiscal eliminan al Congreso y al Poder Judicial, y dejan toda decisión a cargo de una persona. Es lo que, en otro contexto, hicieron Stroessner, Pinochet, Menem y Fujimori, con resultados ya conocidos.

La ley titulada de fomento de las inversiones en infraestructura, a través de la participación público-privada, pero en realidad para todo tipo de obras y empresas públicas (transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable, hospitales, educación, etc.) deja todo el riesgo a cargo del Estado y le libera de todo riesgo a la iniciativa privada. Esta ni siquiera pagará el costo del proyecto, el que se le devolverá si pierde la licitación o concurso que se llame y, además, por haber formulado el proyecto tendrá un abusivo 10% adicional sobre cualquier otra competencia, favoreciendo así situaciones oligopólicas (prohibidas por la Constitución), favorables a las mayores empresas, que son las que podrán formular los proyectos más costosos y complejos. Rio Tinto Alcan será, por ejemplo, uno de los proyectos que podrá ser formulado y presentado como iniciativa privada, o bien Corpus, o una red nacional de colegios técnicos, o de hospitales de última generación.

No estaría mal que la iniciativa privada encare inversiones en áreas que el Estado no lo pueda hacer, pero siempre que el Congreso así lo decida (así dice el artículo 202, numeral 11 de la Constitución) y que tal iniciativa privada esté dispuesta a correr los riesgos del caso, como de hecho ya lo está haciendo la empresa privada a nivel industrial, comercial, productivo y de servicios. En ninguno de estos casos el Estado corre riesgo alguno por tales inversiones privadas, las que están, además, aumentando.

Lo grave de la ley de participación público-privada es que el único que corre riesgos es el Estado, nada menos que con la totalidad de sus ingresos: impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, peajes, royalties de Itaipú, compensación de Yacyretá, préstamos, bonos y hasta compensaciones que podrían incluirse en los contratos, que serán decididos por una única persona, el señor Cartes. Estos ingresos quedarán cautivos del fideicomiso que se constituya para dar garantías al proyecto y, si la obra fuera inviable (como ocurrió con la inversión propuesta por Gramont Berres), será el Estado el que se quedará sin ingresos, pudiendo quedarse sin recursos la educación, la salud y todo otro servicio social que depende de los impuestos, royalties, etc.

Un pálido ejemplo de la situación que plantea la ley en cuestión es lo que hizo el señor Gramont Berres a fines de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se le ocurrió hacer una planta procesadora de frutas con aval del Estado. Como la planta fue inviable –nunca funcionó– el Estado debe hoy unos 80 millones de dólares, según la justicia suiza, y debido a ello el Paraguay no puede depositar sus reservas en bancos que le paguen algo de interés por las mismas (US$ 5.000 millones) que, tan solo a un 1%/año, le daría un lucro de US$ 50 millones que, así, el Estado pierde cada año debido a, justamente, una participación público-privada realizada por Gramont Berres durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

¿Se quiere repetir la nefasta experiencia de Gramont Berres? ¿Por qué se deja a una sola persona, el señor Cartes, para que decida qué contrato firmar y qué garantía darle a los inversionistas privados, incluso impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, peajes, royalties y compensaciones, a más de bienes y patrimonio público prácticamente sin límite alguno? Si con apenas un contrato de participación público privada (el Estado participó dándole el aval a Gramont Berres), hemos tenido una pérdida multimillonaria, ¿cuánto se podrá perder “abriendo totalmente la canilla”, como lo hace esta peligrosísima ley?

¿Quién le controlará a Cartes? Nadie, pues según la ley no lo hará el Congreso, ni el Poder Judicial. Tampoco lo harán Contrataciones Públicas o la Contraloría. Evidentemente, vienen tiempos difíciles para el Paraguay.

Fuente:

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció que la censura de este artículo de parte del diario ABC Color violó el derecho de la ciudadanía de estar informada sobre las consecuencias que podría implicar una ley de gran amplitud y alcance como la de participación público-privada. 

http://periodistaspy.blogspot.com/2013/11/articulo-de-canese-censurado-por-abc.html

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