Ley de acceso a la información mantiene la figura de los datos reservados

Promotores de la ley afirman que se busca facilitar el acceso a la información, pero el proyecto es criticado por contemplar la figura de la información reservada y por los plazos establecidos para el acceso.

Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Agencia de Información Paraguaya.

Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Agencia de Información Paraguaya.

La Ley “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”,  que fue aprobada ayer con modificaciones en la Cámara de Diputados, mantiene la figura de la “información reservada”, aunque se establece que solo por ley una información puede ser blindada bajo esta figura.

El proyecto enviado por el Senado señalaba que la información reservada era aquella cuya publicación podía “poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona”, con lo cual las restricciones al acceso a la información eran más estrictas. A raíz de las modificaciones, el proyecto pasa nuevamente al Senado.

La Agencia de Información Paraguaya reportó que las Comisiones de Ciencias y Tecnología, de Legislación, Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales decidieron mantener la primera parte del artículo 22 de la ley: «La información pública reservada será aquella que sea calificada o determinada de esa manera y en forma expresa por la ley».

El diputado Antonio Buzarquis dijo, en representación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que «la misma Constitución nos manda que reglamentemos este derecho para hacerlo efectivo. Quitemos una ley que pueda beneficiar a todos los paraguayos, no rehuyamos de la responsabilidad histórica de cumplir con un mandato constitucional».

Plazos

También solicitó que sea modificado el artículo 16, que establece un plazo de 15 días a las instituciones para proveer las informaciones que sean requeridas, para que aquellas puedan estar disponibles de inmediato, excepto que requieran un tiempo mayor. De acuerdo a la propuesta del legislador, este plazo no debe ser mayor a diez días. Sin embargo, la moción fue rechazada y permaneció el plazo de 15 días, un punto cuestionado por ser un periodo que puede ser utilizado por los funcionarios para maquillar y falsear la información.

La diputada Olga Ferreira, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, también recomendó aprobar el documento y puso como ejemplo el caso de un ciudadano que había pedido el informe sobre el salario de los funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, hacia el año 2006, y luego de 7 años la Corte Suprema de Justicia, en octubre del 2013, sentenció que la información era pública.

Censura

Por su parte, la diputada Cinthia Tarragó, de la Comisión de Prensa y Comunicación, fue la única que argumentó por el rechazo señalando que la misma Constitución Nacional consagra el derecho a la información, por lo que no es necesaria una ley para garantizar lo ya establecido en la Carta Magna.

La congresista sostuvo que, al hacer un estudio minucioso, los miembros de la comisión que integra estuvieron de acuerdo en que la iniciativa pretende cercenar el acceso a la información.

Alegó que el proyecto habla de libre acceso a la información, pero en realidad busca cortar el libre tránsito de la misma. «Analizamos punto por punto y nos oponemos a la censura previa», indicó citada por la web de la Cámara de Diputados.

Entretanto, la diputada de Avanza País Karina Rodríguez apoyó las modificaciones y recordó que el nacimiento de la iniciativa se dio en las organizaciones sociales. Enfatizó la importancia de tener un mecanismo que impida el mal manejo de la cosa pública. «Vale señalar que cuando la información es de carácter público, deben existir mecanismos para que se tenga acceso a la misma», expresó en declaraciones reproducidas por la web de la Cámara Baja.

“Seguridad nacional”

Los defensores de la ley sostienen que con la norma se pretende reglamentar al artículo 28 de la CN, que reza que «las fuentes públicas de información son libres para todos», de tal manera a establecer modalidades, plazos y sanciones para el acceso a información pública de parte de cualquier ciudadano. Asimismo, señalan que con la ley se establecen los mecanismos para asistir a los ciudadanos a presentar recursos en caso de que la información requerida sea denegada.

El soldado estadounidense fue condenado a 35 años de cárcel por revelar "información reservada". Foto: img.naij.com.

El soldado estadounidense Bradley Manning fue condenado a 35 años de cárcel por revelar «información reservada». Foto: img.naij.com.

Sin embargo, el proyecto es sumamente criticado por varios sectores, principalmente de parte de los medios de comunicación, que sostienen que la figura de la información reservada puede ser utilizada arbitrariamente para denegar cualquier dato, aunque no represente un peligro para la seguridad nacional y otras supuestas situaciones de riesgo. También  se advierte que con los plazos establecidos para la entrega de información, de hasta dos semanas, esta puede ser alterada y manipulada fácilmente por los funcionarios gubernamentales.

Aunque el proyecto de ley fue presentado como una supuesta iniciativa ciudadana, el texto fue ingresado por Semillas para la Democracia, organización financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

EE.UU. es conocido por sus leyes que restringen el acceso a la información por cuestiones de “seguridad nacional”. En efecto, cabe recordar los casos de Julian Assange y Edward Snowden, que revelaron las operaciones de espionaje llevadas a cabo por EE.UU. contra sus propios ciudadanos y autoridades de otros países, por lo que pesa sobre ellos cargos por revelar “información reservada”.  Incluso el soldado Bradley Manning, informante de WikiLeaks, fue condenado a 35 años de cárcel por revelar información que mostraba los abusos cometidos por el Ejército norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán.

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