Las tierras de Favero en Ñacunday son un símbolo histórico del rapiñaje al Estado

En 1888 fue adquirida por empresarios extranjeros que nunca pagaron por ellas. El Estado las recuperó en 1953.

  • Una denuncia que data del 2009 habla de falsificación de títulos. Las 12 mil hectáreas que se adjudican Favero y colonos brasileños siguen siendo investigadas, buscando esclarecer su situación legal.

Un tranquilo vuelo. El rey de la soja, Tranquilo Favero, con la lectura de cabecera en su avioneta. Foto: Profimedia.

La propiedad en conflicto y cuya situación legal se encuentra en investigación actualmente, formó parte de una de tantas miles de hectáreas vendidas a precio de ganga con las leyes de tierras públicas impulsadas por el gobierno de Bernardino Caballero, en la post guerra de la Triple Alianza.

En principio formaban parte de un conjunto de 257.904 hectáreas de tierra que fueron vendidas en 1888 a distintos propietarios que fueron transfiriendo hasta dejarlo en manos Domingo Barthe y sus descendientes. Este último era un millonario empresario de origen francés afincado en la región y dedicado principalmente a la explotación maderera y yerbatera.

Cómo muchos empresarios y corporaciones extranjeras se dedicaron a explotar los recursos naturales de la zona, aliados a los oligarcas locales, y con la mano de obra esclava de los mensú se hicieron de fortuna, dejando casi nada al país.

Los supuestos propietarios sin embargo nunca pagaron lo correspondiente por las tierras, por lo que el Estado inició un juicio para recuperarlas.

Títulos falsificados

Domingo Barthe, el primer gran terrateniente de Ñacunday.

Así, el 16 de febrero de 1953 se emite la sentencia Nro. 11, dictada por el juez en lo civil del Primer Turno Dr. Eugenio Giménez, en el juicio caratulado “Estado Paraguayo contra los herederos de Domingo Barthe sobre la nulidad de titulo y reivindicación de unas tierras en Alto Paraná”. En ella se resolvía devolver las tierras al Estado.

A partir de allí nacen las nebulosas sobre los títulos de dichas tierras. Ya en el 2009, los abogados Hugo Waldino Lovera y José Natividad Bóveda presentaron ante la fiscalía general del Estado el historial mencionado anteriormente, afirmando que existían tierras públicas con títulos apócrifos, es decir falsificados.

Muchas de estas tierras recuperadas habrían sido otorgadas de manera ilegítima, según los mismos. Entre las propiedades que están bajo sospecha están las 12 mil hectáreas que se adjudican Tranquilo Favero y algunos colonos de origen brasileño.

Tierras bajo investigación

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) vienen realizando las mensuras, o investigaciones en terreno para aclarar la situación de las mismas. El pasado 16 de agosto, el titular del Indert, Marciano Barreto, informó que la institución iniciaría un pedido de ampliación de la mensura a Geodesia del MOPC, sobre las tierras en conflicto. El directivo afirmó que hay algunas hay algunas estructuras históricas”, que permiten sospechar que hay “situaciones no claras” en el expediente.

Grupos campesinos reclamaban la propiedad afirmando que son excedentes fiscales. Algunos funcionarios del Indert abrieron la posibilidad que la anterior propietaria del inmueble, Agriex, una empresa extranjera que hoy ya no reside en Paraguay, nunca haya realizado ninguna transferencia, en cuyo caso se habría estando invadiendo la propiedad.

Desalojo de los campesinos en la propiedad en conflicto. Foto: EFE.

Documentos oportunos

Lo cierto y lo concreto es que ni Favero, ni los colonos brasileños que se adjudican parte de dichas tierras presentaron los títulos de propiedad hasta un par de días antes de finalización de la mensura judicial encomendada por el Indert a fin de definir la situación de dichas tierras. Sin embargo, en los meses de conflicto originado por las ocupaciones campesinas no mostraron documento alguno, lo que ha generado suspicacias desde entonces.

El diario Última hora publicaba el 14 de julio, también días antes de finalizada la mensura, una nota en la que afirmaba haber encontrado en los archivos del Catastro nacional los registros de propiedad que darían la razón a Favero. Dichos documentos no aparecían en los informes preliminares de la Dirección de Registros públicos, que habían elevado las sospechas de la situación irregular de las tierras. La publicación argumentaba que posiblemente porque la inscripción del desprendimiento se habría extraído o no se inscribió.

La escribanía mayor de gobierno se encuentra estudiando todos los documentos presentados.

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