Las tierras argentinas en manos extranjeras equivalen al territorio de El Salvador

Ante esta situación se pondrá en vigencia la Ley de Tierras en setiembre. Con esta ley los extranjeros no podrán comprar más de mil hectáreas por región. En Paraguay, en los primeros días del gobierno de Franco los gremios sojeros, integrados por muchos productores brasileños, habían solicitado derogar la ley de seguridad fronteriza.

2,3 millones de hectáreas de tierras argentinas, área que equivale al territorio de El Salvador, son propiedad de extranjeros, según el Ministerio de Justicia del país. La Federación Agraria sostiene que la cifra real es de unos 20 millones de hectáreas.

Según la cifra oficial, los mayores propietarios del suelo rural argentino son empresas estadounidenses (con 461.353 hectáreas) e italianas (con 455.322 hectáreas formalmente registradas). “Se ha hecho un abuso brutal de la apropiación de tierras en Argentina”, insistió Amancay Ardura, coordinador nacional de Corriente Clasista Combativa (CCC), una agrupación sindical argentina impulsada por el Partido Comunista Revolucionario.

El 1 de septiembre expira el plazo dado por la reciente Ley de Tierras para que los extranjeros declaren los terrenos rurales de su propiedad. El mismo día la Ley, aprobada el pasado diciembre, entrará en vigor. Según el Ministerio de Justicia, su misión será «proteger los recursos naturales argentinos como política estratégica del país en un contexto global de crecimiento demográfico y aumento de la demanda alimentaria y energética».

Más concretamente, la nueva legislación establece que el porcentaje de territorio argentino en manos foráneas no puede superar el 15% del territorio nacional y ninguna nacionalidad puede copar más del 30%. Prohíbe, además, que los extranjeros, sea una compañía o una persona, compren más de mil hectáreas por región. Pero según el impulsor de la iniciativa, el diputado de la opositora Unión Cívica Radical, Pablo Orsolini, la normativa no es suficiente para recomponer la dramática situación de las poblaciones autóctonas. Las compañías foráneas “están expulsando a pobladores originarios y también a criollos que no son propietarios, pero que ocupan la tierra desde hace mucho tiempo”, acentúa. Insiste en que “la ley debería frenar los desalojos” o “realojarlos” (a los autóctonos), ya que ellos “tienen derechos adquiridos sobre la tierra al llevar generaciones viviendo en ella”.

Otro aspecto del problema es que la nueva normativa estipula regulaciones para las compras futuras, pero no vulnera derechos ya adquiridos. Aparte, “cualquier empresa puede usar un testaferro y ponerlo como propietario nacional. Además, no hace falta comprar. En las condiciones actuales de funcionamiento del agronegocio, a los grandes productores les vale con arrendar la tierra y el precio que pagan así es muy inferior a la compra”, advierte Carlos A. Vicente, responsable para América Latina de la ONG internacional Grain, dedicada a apoyar a los pequeños agricultores.

En Paraguay, consumado el golpe parlamentario, la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), integrada en gran parte por empresarios brasileños, solicitaron a Federico Franco derogar la ley de Seguridad Fronteriza, una de las pocas legislaciones que protegen las tierras nacionales. Franco había prometido privilegios a los brasiguayos en sus primeros días.  Según investigaciones, unas 4.800.000 hectáreas   del territorio paraguayo se encuentran solo en manos de propietarios de origen brasileño.

Fuente: Rt.

 

 

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