Las caras ocultas detrás del montaje Teixeira

Parentela. Zucolillo y Pappalardo.

(Publicado en E’a el 19/noviembre/2009) El trasfondo real del montaje del caso Teixeira son los poderosos intereses inmobiliarios perjudicados por el proyecto de recuperación de lotes y tierras estatales de la actual administración. ¿Qué puede estar motivando esta guerra mediática y política que busca descabezar a toda costa a las autoridades del Indert y frenar la reforma agraria? Algunos incidentes de la interpelación realizada por los diputados al titular del Indert, Alberto Alderete, pueden darnos algunas pistas.

El diputado Sebastián Acha advirtió a Alderete que las mensuras judiciales “ponen en zozobra a los propietarios”, pues les genera inseguridad.

Causa bélica

Las mensuras judiciales son procedimientos indagatorios que acreditan si los propietarios tienen una superficie mayor a la que acreditan sus títulos. Es práctica de muchos propietarios extender los cercados de sus límites reales. De encontrarse excedentes fiscales, es decir tierras del Estado apropiadas ilegítimamente, se tiene la facultad de recuperar dichas tierras haciendo la demanda correspondiente.

El eje principal de la estrategia de reforma agraria del Indert es asegurar el acceso a la tierra de los campesinos. Para ello, la administración actual está poniendo énfasis en la recuperación de excedentes fiscales y lotes vendidos irregularmente.

Las mensuras no obligan a ninguna acción, solo determinan si existen o no excedentes fiscales, por lo que los propietarios en regla no tienen porque temer. Se ha generado sin embargo una fuerte oposición, al punto de buscar declararlo “inconstitucional”.

Debido a los escasos recursos, el Indert realiza previamente, con autorización de los dueños mensuras administrativas, mediciones con topógrafo de acuerdo al título, a fin de determinar la necesidad de realizar la mensura judicial, que tiene un elevado costo.

Alberto Romero, de asesoría jurídica del Indert, afirma que la ARP se opone tajantemente a la realización de las mensuras. Ya no permiten las mensuras administrativas y exigen órdenes judiciales para el efecto. Según Romero, no deberían oponerse si no tienen nada que esconder.

Inmobiliaria querida

El Partido Patria Querida, encabezado por Sebastián Acha y Carlos Soler, fueron los principales promotores de la interpelación y el voto de censura a Alderete. El padre de Acha tiene una importante inmobiliaria según el mismo admitió, por lo que se entiende su fijación freudiana con el titular del Indert, y su preocupación por las “mensuras”. Patria Querida tiene entre sus filas a un importante grupo de sojeros y terratenientes. El reciente pedido de desalojo de una comunidad indígena de Alto Paraná, propiedad de unos brasileños, por parte de la madre de Acha, la senadora Ana María, presidenta de la “Comisión de Derechos humanos” de la Cámara Alta, pese a que sentencias judiciales protegían a los nativos, deja ver el lado de la vereda en que se posicionan.

El malestar de las mensuras

Un caso reciente de mensuras afecta a un grupo de sojeros brasiguayos, propiedades ubicadas en el distrito Mariscal López, Caaguazú. Allí se encuentran en disputa más de 15.000 hectáreas de una empresa agrícola brasileña y unos colonos que llegaron durante la dictadura estafados de la mano de un agente estronista conocido como el griego, Euthymios Ioannidis, quien instaló un régimen de terror en la zona. El “Griego”, era un influente amigo de Sabino Augusto Montanaro, quien supuestamente le gestionó la adjudicación en esta zona de miles de hectáreas den el marco de la reforma agraria, violando el Estatuto Agrario. El agente levantó un emporio agrícola e inmobiliario, trajo cientos de productores brasileños tentándolos con el bajo costo de las tierras y de la producción. Según pobladores, el mismo mandaba asesinar a sus compradores una vez que cancelaban su deuda.

El Griego actualmente se encuentra prófugo, acusado de haber asesinado a un intendente local. Los colonos brasileños sin embargo permanecen cultivando soja, mientras las extensas propiedades de Ioannidis están en manos de una empresa brasileña, detrás de la cual seguiría estando el prófugo, según los pobladores de la zona.

Los paraguayos exigen la recuperación de las tierras debido a que según el Estatuto Agrario los extranjeros no pueden ser sujetos de la reforma, además de que las tierras fueron adjudicadas de forma totalmente irregular.

Francisco Peralta, de la Comisión Vecinal que pelea por la recuperación de las tierras, afirma que ellos principalmente exigen la recuperación de las 15.000 hectáreas que hoy están en manos de la empresa brasileña, que además violaría diversas normas ambientales. Según miembros de la Comisión, Hermes Aquino de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, otro gremio de productores sojeros vinculado a Capeco y la UGP, quienes se opondrían a la recuperación, les habría amenazada en distintas ocasiones por las acciones emprendidas.

Según fuentes del Indert, cuando se solicitó a la jueza Gladys Escobar de Caaguazú la mensura del lugar, este fue aprobado. Sin embargo, tras una reunión con Héctor Cristaldo (UGP) y Hermes Aquino, donde supuestamente fue sobornada, la mensura fue suspendida con una chicana, porque el Indert no presentó el “título autenticado”.

El cuñado

En la zona de Loma Pucú, Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, fue denunciada por campesinos de la zona otra propiedad que supuestamente detenta excedentes fiscales. El mismo pertenecería a Conrado Pappalardo, pariente cercano y afectivo de uno de los artífices de la campaña contra la reforma: Aldo Zuccolillo. Este utilizò a Pappalardo como su principal vínculo con Stroessner durante la dictadura, ya que Conrado fue el ceremonial de Estado del entonces dictador. El “cuñado” está además en la negra lista de quienes detentan tierras mal habidas según la Comisión de Verdad y Justicia.

La Colonia Picaflor, de Loma Pucú, fue creada hace unos años por el Indert, donde fueron adjudicados con lotes diversos campesinos. Sin embargo, según los vecinos, existen unos 29 lotes, de 190 hectáreas en total que Pappalardo a través de prestanombres que nunca aparecen habría adjuntado a su propiedad. “Mbaretepe, amenazape ojogua lo mitagui”, afirma Osvaldo González, de la Comisión Vecinal San Isidro de Loma Pucú, que luchan por la recuperación de tierras hace más de 15 años.

Por otra parte, mensuras administrativas realizadas en la colonia también habrían detectado superposición de títulos, revelando excedentes fiscales de 400 hectáreas en la propiedad del ex Secretario de Estado.

La propiedad, que es arrendada a productores brasileros principalmente, sería mensurada judicialmente a pedido del Indert para la recuperación de las tierras en situación irregular.

La lista de casos e intereses se extiende y el círculo parece cerrarse.

Recuperación de tierras

La recuperación de lotes es otra de las políticas de la actual administración. Es decir, las tierras destinadas a la reforma agraria que fueron vendidas ilegalmente. Una vez que un campesino es adjudicado con un lote, en el marco de la reforma, tiene el derecho al uso de la tierra (derechera). Con el pago del 25 % de la tierra, ya se tiene derecho al título. Sin embargo, recién pasado 10 años del pago total del título, pueden venderlo. De la dictadura a esta parte, la repartija de tierras, sin tener en cuenta los demás componentes del desarrollo agrario, hizo que muchos campesinos vendieran sus derecheras, por necesidad o presionados por las ofertas o las fumigaciones de la agricultura mecanizada. Esto es considerado un delito, y quien vende su derechera ya no puede ser beneficiario. Por otra parte, el Estado tiene el derecho de recuperar la tierra vendida ilegítimamente.

Muchos brasileños en su silenciosa incursión se apropiaron de tierras destinadas a la reforma agraria. Un caso reciente es el de Puente Kyha, Alto Paraná, donde más de 5000 hectáreas en manos de productores sojeros, brasileros y paraguayos, buscan ser recuperados por haber sido obtenidos como derecheras.

Los propietarios ilegales presentaron una demanda para retener la posesión. A estos, se alió Patria Querida para presionar. La demanda fue rechazada, y los procedimientos de recuperación de tierra proseguirán. De confirmarse se convertirá en un caso emblemático y beneficiará a muchos campesinos paraguayos.

Concentración

En síntesis, los gremios de la “producción”, ARP, Capeco, UGP, sus lobistas Héctor Cristaldo y Tito Nuñez, sus voceros ABC Color y demás medios, sus representantes parlamentarios, tienen sobrados motivos para oponerse a la reforma agraria.

El trasfondo es que hay una competencia por la tierra: la ARP y los productores mecanizados quieren acaparar las tierras, afirma Alderete. En Paraguay solo 600 propietarios detentan unas 12 millones de hectáreas, agrega.

¿Se puede hacer una reforma agraria sin tocar los intereses de la oligarquía? Sin tocar la alta concentración de tierras en manos de pocos no es posible. El primer paso es modificar la estructura y propiedad de la tierra (…) Hay una resistencia a la reforma, porque se va demostrar que es viable, sentencia el presidente del Indert.

El miedo a la izquierda sanpedrana

Otra versión que corre en torno a la fuerte campaña contra la implementación de la colonia modelo de reforma agraria es que los grupos mediáticos y políticos de la derecha temen el afianzamiento de la izquierda en la zona de San Pedro. Alderete afirma que ellos no tienen en cuenta los colores ideológicos de los beneficiarios, solo se tiene en cuenta los requisitos del Estatuto Agrario. Para adjudicar tierras no se le pregunta a qué partido pertenecen, sería una grave violación a la constitución. Desde el principio he dicho que no queremos ideologizar la reforma. No forma parte de ninguna ideología en especial, forma parte de un mandato del Estado.

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