Labriegos de Capiibary ingresan a salvar sus cultivos tras más de un mes de violento desalojo

Labriegos que habían sido desalojados de unas tierras ubicadas en la localidad de Tapiracuái Loma, distrito de Capiibary, departamento de San Pedro, reingresaron esta semana a unas tierras de las que habían sido desalojados hace más de un mes.

Tras más de un mes del desalojo, los campesinos reingresaron al asentamiento para tratar de salvar al menos parte de sus cultivos.

El pasado 5 de noviembre, en un procedimiento realizado con una orden de allanamiento y captura de personas imputadas, fueron tumbadas y quemadas unas 270 viviendas, incluida la escuela, en la que los niños se encontraban dando clases en el momento del operativo.

De acuerdo a los documentos a los que hemos tenido acceso, las 1.600 hectáreas que reclaman los campesinos son parte de la finca 1105 y pertenecen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero fueron usurpadas por el abogado Gustavo de Gásperi hace más de 30 años, presuntamente por su cercanía al régimen de Alfredo Stroessner.

Los pobladores cuentan que semanas antes del desalojo, uno de los miembros de la comunidad fue secuestrado por policías  y guardias privados, quienes lo trasladaron hasta Yhú. Ante este hecho, las trece personas que serían luego imputadas fueron a hacer una denuncia por secuestro y dejaron sus nombres en la comisaría. Estos mismos datos fueron utilizados luego para realizar la imputación por invasión de inmueble, delitos forestales, entre otras figuras, teniendo como único elemento los nombres y apellidos.

“Ápe ko ni peteî yvyra máta ndaiporivéima (acá casi ya no hay árboles)”, dice Miguel para ilustrar las arbitrariedades judiciales utilizadas para perseguir a los campesinos.  En efecto, más allá de un pequeño remanente los rollos ya han sido extraídos hace tiempo y la mayor parte del campo no cultivado se encuentra cubierto de altos pastizales y de especies en crecimiento que fueron plantadas por los campesinos durante los poco más de tres años que tiene el asentamiento.

Con la orden de arresto y allanamiento los agentes fiscales llevaron a la práctica un violento desalojo irrumpiendo incluso en la escuela y tirando gases lacrimógenos a los niños, quienes terminaron el año lectivo bajo una carpa al costado de la ruta, puesto que el local de su institución fue destruido.

Lo que quedó de la escuela. La pizarra va siendo ganada por los yuyales.

Asimismo, al dirigirnos al curso de agua que alimentaba a la comunidad denunciaron que es  permanentemente contaminado por el administrador Andrés Moreno a fin de que los labriegos abandonen el lugar.

Mabel, una niña de 8 años, nos cuenta lo que fue aquel día. “Ore escuela-pe oho oreapytépe opoi la gas. Ha oremo desmayá. Haupéi ou ojagarrá la che tia-pe opyoipa hese, oñupa chupe. O akã jopy omoingê haguã chupe la camioneta-pe. Ore ro estudia jave hína omombo ore costa-pe la gas (se fueron a tirar gas en nuestra escuela y nos hizo desmayar. Después vinieron a agarrar a mi tía, le patearon, le pegaron. Le presionaron la cabeza para meterla a la camioneta. Mientras estábamos estudiando se fueron a tirar gas cerca de nosotros)”, recuerda.

Los campesinos habían puesto todos sus recursos y esfuerzos en sus chacras, donde crecen innumerables variedades como maíz, mandioca, tomate, algodón, sésamo, sandía, melón, maní, locote, cebolla, cebollita, zapallo, entre otras.

Los labriegos limpian sus cultivos antes de que las malezas terminen por absorberlos.

“Orembo vare’apa hikuái. Heta perjuicio ko oî. La ore kokuemi producto ko patrullera-pe oraha hikuái. Ha upéare ko’ãnga roike ja salva haguã alguna parte de nuestro esfuerzo (nos hambrean, hay mucho perjuicio. Los productos de nuestra chacra llevan en la patrullera. Y por eso ahora entramos para salvar alguna parte de nuestro esfuerzo)”, afirma ña Herodia.

“Derecho de secretaría”

Mientras vamos ingresando me informan que solo andan en grupos, ya que después del desalojo varios volvieron a sus casas destruidas para intentar salvar algunas de sus pertenencias y fueron detenidos por la policía. Cuentan que en concepto de “derecho de secretaría” debieron pagar 320.000 guaraníes por cada detenido, además del abogado, para volver a sacar de la cárcel bajo libertad condicional a sus compañeros.

“Por ahora la intención es recuperar las chacras. La resistencia va a ser permanente”, enfatiza Miguel.

De pronto irrumpe una patrullera y varios efectivos bajan raudamente del vehículo. Al percatarse de la presencia de este cronista, la actitud cambia. “Mba’eteko pio lo muchacho? (qué tal muchachos)”, saluda el subcomisario Ramón Benítez.

Al ser consultado sobre el motivo de la “visita”, dice que solo cumple una orden de resguardar tanto a los campesinos como a los administradores de la estancia de De Gásperi. Refiere que no hay ninguna orden de desalojo ni detención, sino que solo pretenden evitar enfrentamientos.

El subcomisario Ramón Benítez aseguró que el patrullaje solo se realiza con el fin de evitar enfrentamientos.

Actualmente hay varios procesos en curso, como un interdicto para recuperar la posesión de parte de los campesinos y una acción de nulidad contra el desalojo. También están gestionando que corra la orden de mensura judicial que había sido trabada por De Gásperi mediante una acción de inconstitucionalidad así como la realización de un estudio de título.

De Gásperi ha bloqueado cualquier intento por esclarecer la situación legal de las tierras, pues los documentos que posee serían falsificados. El abogado habría adulterado la identidad de la finca haciendo consignar en la escritura original el número 1782, pero las tierras en conflicto pertenecen a la finca 1105, propiedad del Indert. A raíz de esto sobre De Gásperi pesa una denuncia por producción de documentos no auténticos, me informó un religioso que acompaña a los labriegos.

En los límites de la finca se observa claramente qué es lo que se juega en este caso. Sojales y sojales que necesitan expandirse cada vez más, aunque ello implique echar abajo escuelas y ahogar con gases lacrimógenos a los niños.

La soja llega hasta los lindes de la finca 1105 del Indert y la intención sería expandir los cultivos transgénicos en las tierras fiscales.

Documento que habría sido adulterado por el abogado Gustavo de Gásperi. El número 1782 fue escrito encima de otro en un posible hecho de producción de documentos no auténticos.

 

Escritura original que muestra que las tierras en litigio pertenecen a la finca 1105.

En Registros Públicos figura que la finca 1105 es propiedad del Indert.

Comentarios

Publicá tu comentario

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.

Inicia sesión como administrador y mira la página de configuración de Instagram Feed para obtener más detalles.