La revuelta de los sintierra

En nuestro país, cerca de la frontera, la mayor parte de la tierra pertenece a grandes latifundistas brasileños que llegaron al Paraguay con los bolsillos vacíos durante los años de las terribles tiranías cívicomilitares y ahora exhiben títulos de propiedad de  dudoso origen.

Ñacunday. Fotografía: El informante.

Por José Antonio Vera.

En una legua de tierra de 50 metros de ancho por 1.500 de largo, en el corazón de 267 mil hectáreas de tierra roja, sembradas de soja,  se situó durante meses el punto neurálgico del principal conflicto social que mantiene inestable y agitada a la sociedad nacional, consecuencia directa de la criminal desigualdad en la posesión de la riqueza nacional.

Bajo los cables de alta tensión de la ANDE, más de ocho mil personas, de todas las franjas de edad, subsistieron, más mal que bien, en carpas de ocasión, en una muestra de las deplorables condiciones de existencia que sufre un total de 250 a 300 mil familias de compatriotas, expulsadas de sus parcelas en los últimos 30 años, en algunos casos por la venta inducida de las mismas, pero en otros huyendo de la presión física y sicológica impuesta por los grupos invasores.

Hace exactamente un año que una minúscula parte de ese teatro a cielo abierto que es Ñacunday, en el Alto Paraná, fue ocupada por campesinos que reivindican esas tierras como propiedad fiscal, y que serían objeto de las áreas reservadas desde hace años por el Estado para la reforma agraria, pero invadidas ilegalmente desde décadas, con clara complicidad de las autoridades.

Los labriegos, amenazados de evacuación por la fuerza, en febrero de este año aceptaron desplazarse hacia las inmediaciones, en respuesta a una propuesta del Gobierno de Fernando Lugo, que continúa optando por la conciliación con los consorcios agroexportadores, en una actitud que prosigue, esquivando un encare decidido del mayor problema del país, como es la tenencia y urgente  redistribución de la tierra.

Presentados durante largos y fastidiosos meses por los órganos de la prensa comercial como ocupantes ilegales, delincuentes, agitadores y salvajes, financiados por la revolución bolivariana, y enemigos de la Constitución Nacional, entre otros epítetos, los carperos también fueron calificados de “malandros” por Tranquilino Favero, “el rey de la soja”, con un millón 200 mil hectáreas.

Favero es uno de los tantos aventureros extranjeros que llegaron al país en los años sesenta, aprovechando el alto grado de corrupción e inconstitucionalidad que había impuesto el generalísimo Alfredo Strossner y sus servidores. Favero y otros se fueron enriqueciendo en forma colosal, asociados con personeros de la tiranía, identificados en su idea de que los carperos “son como las mujeres de esos bandidos, que sólo obedecen a los palos y golpes de garrotes”.

Las etiquetas utilizadas contra esas familias que se instalaron en Ñacunday, también fueron usadas hasta el hartazgo por los grandes grupos del agronegocio, estancieros asfixiados por fortunas mal habidas, y todo el abanico de los testaferros y mercenarios que actúan en beneficio de las transnacionales de la alimentación producida con órganos genéticamente modificados (OGM).

86% de tierras en manos del 2.5%

En el rosario de injusticias que reina en los campos del Paraguay y la región, debido a la infame tenencia de las tierras más productivas, nuestro país sobresale en la concentración en pocas familias, con el 86 por ciento de las zonas cultivables en manos de apenas el 2.5 por ciento de la población, un drama heredado de la Guerra de la Triple Alianza (1865/70), genocidio concebido y ordenado por el imperialismo inglés, y efectuado por los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay, contra la única República independiente del subcontinente americano.

Desde entonces, a lo largo de estos 142 años, el pueblo paraguayo jamás recuperó el bienestar que gozaba entonces y, aún peor, de inmediato a la guerra entró en un período de sometimiento a los dos gigantes vecinos, determinantes en la formación de los dos mayores
partidos políticos, el Colorado y el Liberal que, con resultados desastrosos, han protagonizado la vida del país, salvo algunos breves pasajes en su historia última.

El hecho más grosero de ese tiempo fue la imposición por Brasil de Bernardino Caballero como Jefe de Estado de Paraguay, a quien habían elevado a General de Ejército, con la misión de comenzar de inmediato el pago a los bancos extranjeros, en particular de Londres.  Se trataba de las deudas que le habían colgado a nuestro país sus opresores.

El Paraguay todo fue convertido en un botín de guerra y la tierra como moneda de intercambio, lo cual permitió que algunos capitalistas extranjeros se apoderaran de 5 a 6 millones de hectáreas, la mayoría con fines especulativos y otros para explotar los inmensos bosques de yerba mate y quebracho, cuya corteza era utilizada como tintura, muy  demandada por la industria textil y de cuero.

El despojo de Brasil contra Bolivia

Tres décadas después, Brasil repetiría ese atropello contra el pueblo boliviano, al que despojó de 200 mil kilómetros cuadrados de la Región del Acre, para apoderarse de las selvas de caucho, utilizado entonces para fabricar pegamentos (cola) industriales.

El robo de tierras aún se practica en la región y, sólo en Paraguay, 12 millones de hectáreas estarían ocupadas ilegalmente, según la investigación de diversos organismos, estimulados  por el informe de la Comisión Verdad y Justicia que en 1994, cinco años después del desplazamiento de Stroessner por sus más próximos, denunció que ocho millones estaban en manos de los dignatarios del régimen, los cuales reúnen hasta hoy, impunemente, el grueso de las grandes fortunas del país.

Los títulos de propiedad

El asunto de los títulos de propiedad es el caracú del tema. Las organizaciones campesinas sostienen que alrededor del tercio de los 40 millones de hectáreas de Paraguay, está ocupado por familias que carecen de documentos probatorios de pertenencia con legitimidad y que, en confesión de su delito, se oponen a la mensura de las mismas, contratando comandos armados que cierran el ingreso a sus cultivos de soja, maíz, girasol, trigo y arroz.

La Unión del poderoso Gremio de Productores (UGP), la Asociación Rural (ARP), y el grueso de las fuerzas de la derecha política y de la especulación financiera, encabezan la cruzada cavernaria que conforma un frente unido para negarse a presentar sus títulos de propiedad, esencial para dirimir el principal conflicto social del país que, si continúa como hasta ahora, sólo generará mayor agitación y enfrentamientos entre víctimas y victimarios.

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