La mayoría de la gente cree que se oculta información en caso Curuguaty

Según una encuesta realizada por el CIRD en Asunción y Central. Además, para un 65 % se violaron los derechos de los campesinos imputados.

Uno de los campesinos muertos en la Masacre de Curuguaty. Foto presentada en el Congreso por PDP.

Uno de los campesinos muertos en la Masacre de Curuguaty. Foto presentada en el Congreso por PDP.

El 65,5 % de la ciudadanía cree que no se están respetando los derechos constitucionales de los campesinos imputados en el caso Curuguaty, según la encuesta “Qué quiere la gente”, realizada por el Centro de Información y recursos para el desarrollo (Cird).

En junio de 2012, un desalojo irregular de campesinos que reclamaban la recuperación de tierras públicas usurpadas por el grupo empresarial Riquelme derivó en una matanza de 11 labriegos y 6 policías. A raíz de esto, fueron imputados 11 campesinos, la mayoría de los cuales sufrió prisión preventiva, algunos por más de 21 meses, sin juicio alguno. Desde varios sectores se critica la falta de investigación de la muerte de los campesinos-investigaciones revelan la existencia de ejecuciones extrajudiciales-, y de grupos de poder que impulsaron el desalojo que culminó en la matanza.

Ocultamiento

Según la encuesta, un 82 % de la gente cree que hay  información que todavía no vio la luz.

Meses antes de la masacre, se hicieron gestiones en el Congreso para que se realice el desalojo. Estas, encabezadas por el diputado Óscar Tuma, y el senador Efraín Alegre. El desalojo se realizó pese a que los Riquelme, no contaban con titulos del lugar. Las tierras en disputa, conocidas como Marina Cue, fueron donadas al Estado por la Industrial paraguaya. El político colorado Blas N. Riquelme luego se apoderaría ilegalmente de ellas.

Parcialidad

Los últimos 5 que permanecían detenidos, obtuvieron prisión domiciliaria tras una huelga de hambre de más de 58 días.  Solo Rubén Villalba permanece en prisión, debido a un antiguo caso que reflotaron el día que fue liberado. Los imputados aguardan el juicio oral que determinará como sigue su proceso. La investigación de la Fiscalía fue calificada como parcialista por el comité de Derechos Humanos de la ONU. La defensa de los campesinos ha denunciado varias irregularidades del proceso.

51,5 % de los encuestados expresaron no estar satisfechos con acciones públicas para disminuir los atropellos a los derechos humanos.

La encuesta “Qué quiere la gente” se realizó en Asunción y Central, abarcó personas de 18 a 65 años. Se tomaron 400 casos, con un error muestral del 5 %. Fue del 10 al 16 de abril de este año.

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