La lucha por la jubilación

Inversión a futuro. Sistema solidario. Falencia del Estado. Millares de trabajadores consideran una utopía la posibilidad de jubilarse en Paraguay. La lucha de los trabajadores organizados es constante por proteger este derecho y ampliarlo a las mayorías. El trabajo es arduo, pero con tenacidad puede triunfar la clase obrera.

«Uruguay tiene más de 600.000 jubilados», mencionaba un material publicado por una de las revistas de divulgación del Instituto de Previsión Social (IPS) en el año 2006. El citado país cuenta con una población cercana a los 3 millones de habitantes. Paraguay, con 6 millones de habitantes, y agrupando todas las cajas previsionales del ámbito estatal y privado reúne a unos 80.000 jubilados. La diferencia es abismal. Y se explica en las debilidades estructurales que presenta el Estado paraguayo, montado para servir a las patronales y no arbitrar medidas a favor de los trabajadores.

Este pronunciado déficit es la respuesta a la muy alta tasa de la economía informal y al sistemático desvío de los aportes obrero-patronales de parte de centenares de empresas.

El Estado es el que cuenta con mayor número de trabajadores jubilados, con más de 40.000 personas beneficiarias de estos haberes. El Instituto de Previsión Social cuenta con unos 35.000 jubilados. «Si no hubiéramos peleado contra las administraciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, nuestra entidad hubiera quebrado en pocos meses más», expresó Pedro Benítez Aldana, jubilado del sector municipal, que dedicó gran parte de su vida a servir al Instituto de Desarrollo Municipal (IDM), hasta que la entidad fue eliminada, años atrás. La Caja Previsional Municipal cuenta actualmente con 1.200 jubilados y otros 6.000 asegurados.

Los hechos de corrupción fueron sistemáticamente denunciados por Benítez Aldana y un grupo de jubilados. La pelea, instaurada contra poderosos grupos económicos, costó el puesto tanto a Edgardo Moazir Gómez Zaputovich como a Federico Gómez. Ambos cuentan incluso con condena judicial, impuesta por el magistrado Manuel Aguirre, por la compra a precios abultados de un inmueble en Ciudad del Este, en 1999.

Si la jubilación es un proceso complejo en el ámbito público, en el segmento privado es prácticamente una quimera. El ips instauró, luego de la presión de varias organizaciones sindicales, demandas judiciales contra varias empresas que habían desviado el dinero que habían aportado los trabajadores para el seguro médico-jubilatorio. Varios trabajadores del extinto diario Noticias no pueden aún jubilarse a causa del robo de sus aportes por parte de la compañía dirigida por Eduardo Nicolás «Bilo» Bo, que cerró el medio de comunicación citado en febrero de 2005.

Al ejemplo de Benítez Aldana y equipo se suman otras experiencias. La movilización dio sus frutos en el 2003. La desmovilización también pasó la factura. Mientras los trabajadores de la educación de la primaria y secundaria enfrentaban el proyecto de ley patrocinado por el Fondo Monetario Internacional mediante una huelga nacional de una semana de duración, los catedráticos universitarios esperaban. Y les llegó el resultado. Los movilizados salvaron algunas de las conquistas e impidieron que el proyecto de ley «abuelita» cercenara la mayoría de sus derechos. Los de la educación universitaria tardaron en reaccionar. Se les cayó el hacha encima, con el resultado de sustanciales recortes, que hacen que un docente universitario se jubile tan solo, por ejemplo, con 400.000 guaraníes al mes. Esto acontecía en el 2003, de la mano del entonces, y actual, ministro de Hacienda, Dionisio Borda.

Los jubilados bancarios aún cuentan con su sistema previsional, víctima también de innumerables casos de corrupción en años anteriores, que costó incluso la vida de varios asegurados y jubilados. Para salvar la entidad, los ex empleados bancarios incluso deben aportar de sus jubilaciones para brindar oxígeno financiero a su maltrecha obra social.

Otras cajas existentes, además de la Municipal, el ips y la Fiscal, son la Caja de Jubilaciones y Pensones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Itaipú Binacional, además de la Caja de Jubilaciones Ferroviarias y la Caja Parlamentaria. Las diferencias son abismales y replican el modelo de inequidad imperante en el país. Mientras los jubilados de Itaipú y el Congreso pueden recibir entre 5 y 15 millones de guaraníes al mes, existen trabajadores ferroviarios con jubilaciones de 50.000 guaraníes, como máximo.

El Estado destina mensualmente unos 19,5 millones de dólares para el pago de los haberes jubilatorios así como las pensiones para los héroes de la Guerra del Chaco y sus herederos. Esto representa unos 253 millones de dólares anualmente. La suma es inferior a la que anualmente paga el Ministerio de Hacienda, es decir el pueblo, a los organismos financieros acreedores del exterior, que reciben unos 300 millones de dólares año a año en concepto de amortización de la deuda externa.

A julio estaban registrados 38.501 beneficiarios, lo que significa una erogación mensual de 78.258 millones de guaraníes, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda.

La jubilación privada, por su parte, ya representó una experiencia nefasta. Centenares de trabajadores que colocaron sus fondos para recibir sus haberes en el futuro fueron estafados por entidades como Jupep, vinculada a los españoles vaciadores de bancos Pedro Beneyto Arias y Pedro Beneyto Orfan, además de Fondos Mutuos Banaleman, mecanismo de vaciamiento implementado en Paraguay por el uruguayo Juan Peirano.

La defensa del mecanismo de reparto solidario y la ampliación del universo de asegurados y el saneamiento de las diversas cajas son obligaciones para el movimiento obrero. Solo la lucha podrá garantizar futuro medianamente digno. A aportar todos.

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