«La justicia no actúa cuando no hay dinero»

El titular del Indert habló de la aparatosa intervención ordenada por Favero esta semana.

Afirmó que en contrapartida, cuando se trata de recuerar bienes públicos la pasividad de la Fiscalía asombra. La fiscala actuó con prepotencia, bajo ordenes de los abogados del terrateniente.

Quien nada debe, nada teme dijo respecto al Tranquilo Favero. Además, confió que las investigaciones van por buen camino, y que irán en defensa y por la recuperación de tierras usurpadas al Estado.

La justicia en los casos de recuperación de tierras del Estado, malhabidas, como en Antebi Cue, se toma su tiempo. Sin embargo, cuando los grandes productores hacen sentir su poder, la reacción es rápida. Foto: Presidencia.

El Ing. Marciano Barreto, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cree que el que nada debe nada teme.

Lo hace en alusión al conflicto de campesinos, brasileros  – entre los que Tranquilo Favero  como uno de los más interesados – y ahora el propio Estado paraguayo, tienen por unas tierras del distrito de Ñacunday.

El caso volvió a resonar a mediados de este año cuando familias enteras de campesinos ocuparon 12 mil hectáreas, una parte mínima de la finca 4036 de una superficie de 59mil, que denunciaron como excedentes fiscales utilizados por colonos brasileños.

Favero “o rey da soya” también se veía involucrado puesto que su propiedad contigua a la ocupada iba a ser objeto de mensura por la denuncia mencionada.

Ahora, ya que el replanteo de mensura judicial por parte del Indert a llevarse a cabo en breve afectará al terrateniente brasileño, en una proyección de medir una superficie total de 257.904 hectáreas, el sojero mandó a sus abogados y a la Fiscalía a que allane el Indert en busca de los documentos que caratula el caso Ñacunday

Y en una “demostración de poder” según el propio titular del Indert, se podía ver como la propia agente del Ministerio Público, la fiscala Raquel Brítez, actuaba con prepotencia bajo la dirección de los abogados de Favero, lo  cual no correspondía puesto que los documentos que buscaban ya habían sido derivados al juzgado pertinente.

“La justicia no actúa mayoritariamente cuando no hay dinero y lucro de por medio y, en especial en lo que afecta a bienes públicos, la pasividad con que se maneja la Fiscalía asombra”, sostuvo Barreto

“Ahora bien, quiénes temen a la mensura son justamente los que tienen algo que esconder pues sus títulos son espurios y no tienen garantía”, agregó

Así también, Barreto dijo que la mensura judicial no saca ni genera beneficios y que sólo el  Indert lo asigna en post de determinar hasta dónde va una propiedad privada y donde comienza un excedente fiscal.

En el caso particular resaltó que los documentos que guardan les pertenecen, en relación a una publicación periodistica que los acusa de haberlos secuestrado. “También son nuestros, pues la mensura es solamente actividad del Indert”, resaltó, mientras se preguntaba: “Cómo uno se adueña de algo que ya es suyo”

“Ñacunday podría marcar un antes y un después”

Desalojo de Ñacunday.

A mediados de este año 600 familias ocuparon 12 mil hectáreas de la finca 4036, la cual denunciaban como excedente fiscal. La justicia se vio dividida, y mientras en una instancia se pedía el desalojo, otra decía no, al menos hasta que se dirimiera de quien era la propiedad. Nadie la reclamó “legítimamente”, pues nadie acercó un título valedero sobre la misma. Aún así los colonos brasileros decían tener autoridad en esas tierras inundadas de soja.

Para Barreto la justicia hizo en esa ocasión lo más fácil que le impone la ley, el desalojo en defensa de la “propiedad privada”, pero ello no determinó que el Indert se quede de brazos cruzados y a partir de la denuncia de excedente fiscal se retomó con más fuerza la tesis de que las tierras en cuestión guardaban algo.

Serias investigaciones derivaron en la deducción de que las tierras en cuestión podrían ser parte de un paquete –unas 260 mil que hoy está habilitada a la mensura –el cual correspondería al Estado, recuperados tras un fallo judicial de mediados del siglo pasado y ratificado en 1963, según el entrevistado

Según un artículo anterior de E’a firmado por el periodista Miguel Armoa, 257.904 has. a las que el Indert hará mensura, pertenecieron a Domingo Barthe, un viejo terrateniente, que a su muerte se supo no había pagado por las tierras que poseía, en este caso las de Ñacunday, y que el Estado como acreedor de la deuda demandó, ganando un juicio que se llevó a cabo en 1953, con los que los títulos de propiedad pertenecerían al Estado.

El titular del Indert enumera a su vez otras pruebas como ser  sentencias judiciales, planos de la época que le dan plena seguridad de que van a ir en defensa y recuperación de los bienes públicos hasta donde les dé la ley.

Siguió diciendo que si bien los “otros” interesados cuentan con varios “medios” como el económico, político y  de presión por la prensa masiva, seguro han de querer  validar títulos, pero luego habría que investigar qué origen tienen estos y si son legítimos, puesto que los traspasos, las compras y documentos fraguados, eran como muchos otros ilícitos, actividad corriente en la dictadura.

Comentarios

Publicá tu comentario