La Fiscalía y la Corte favorecen a los Riquelme al dilatar definiciones en torno a Marina Cue

Un expediente clave para definir sobre las tierras donde se registró la masacre de Curuguaty, en la que tienen que dictaminar ambas instituciones, está en “tierra de nadie”.Ya salió de la Corte pero aún no “llegó” a la Fiscalía. Mientras, la familia agroganadera sigue lucrando al alquilar aquellas tierras al circuito sojero.

Mariano Castro perdió a un hijo en la masacre y actualmente otros dos de ellos están presos. En la imagen señala los límites de la finca de Marina Cue y el inicio de Campos Morombi, de 70mil hectáreas.

Familiares, organizaciones campesinas y de derechos humanos aglutinadas en torno a la masacre de Curuguaty se entrevistaron esta mañana en Asunción con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Hablaron sobre tres puntos: El pedido de inconstitucionalidad que presentó la empresa agroganadera Campos Morombí de reconocer como supuestamente suyas las tierras de Marina Cue mediante el recurso de usucapión; el proceso de inscripción de las tierras de Marina Kue al Estado paraguayo y el estado de la investigación sobre la denuncias hechas por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(CODEHUPY), respecto a las ejecuciones extrajudiciales en el lugar de los hechos y los casos de torturas denunciados.

Expediente sobre las tierras de la masacre

En febrero de 2012 el estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) inició un juicio para anular otro juicio de usucapión que en 2005 cedió las tierras estatales de Marina Cue a la firma Campos Morombí, de la familia Riquelme.

  Ante esto, Campos Morombí apeló anteponiendo una acción de inconstitucionalidad en la máxima instancia judicial del país, la Corte Suprema. Este es el expediente que tienen que estudiar y definir, primero el fiscal general del Estado y después los ministros de la Corte. La fiscalía debe dar un dictamen no vinculante sobre el tema, puede dar lugar a la inconstitucionalidad(favoreciendo a los Riquelme) o instar a que siga el juicio que abrió el INDERT.

Cuando hoy la comitiva de familiares y organizaciones sociales planteó a Díaz Verón que el expediente ya estaba en su institución, este manifestó que se enteraba de ello. No obstante, se comprometió a dictaminar con la mayor celeridad y conforme a derecho, dijo Hugo Valiente, uno de los abogados asesores de las organizaciones sociales.

Se remitió a este abogado junto con el director del Gabinete Fiscal, Roberto Zacarías Recalde, quien indagó con otros funcionarios en el sistema informático y explicó que el caso aún no entró a la Fiscalía. Sin embargo, en la Corte Suprema previamente informaron que el expediente del caso ya había salido de la institución.

Investigación a policías

En su investigación independiente sobre el caso de Curuguaty, la Codehupy llegó a la conclusión de que al menos 7 de los 11 campesinos que murieron en el desalojo fueron ajusticiados luego de entregarse a la policía.

A un año de la masacre, de la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales y de torturas hacia campesinos, la fiscalía todavía no tiene un solo imputado, explicó Valiente. En este aspecto, comentó que el fiscal general se comprometió a reforzar el equipo fiscal que investiga estos últimos hechos.
También se mencionó en la ocasión las arbitrariedades cometidas por la fiscala Ninfa Aguilar, que acompañó el fatídico desalojo y a la vez fue la que inició, tras los hechos, las primeras investigaciones.

La comitiva que conversó con Díaz Verón estuvo compuesta por dos familiares de víctimas, por referentes de organizaciones regionales de Curuguaty, por representantes de La Vía Campesina capítulo Paraguay, por representantes de la Codehupy y por asesores legales.

El escenario de tantas muertes, un sojal

La finca de Marina Cue donde aquel 15 de junio de 2012 murieron 11 campesinos y 6 policías tiene una superficie de 2.000 hectáreas. En el momento de la ocupación campesina, en su gran mayoría, estaba cubierta por maíz y cultivos de invierno del circuito de agronegocios.
En ningún momento la familia Riquelme dejó de poner en arrendamiento estas tierras, hasta el punto que en abril pasado las familias que a modo de resistencia viven al borde de las mismas, denunciaron que sufrían las consecuencias de las fumigaciones irregulares de las plantaciones sojeras del lugar.

Fuente: Base IS

 

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