“La fiscalía representa a latifundistas de oscuros antecedentes”

Este lunes 27 de junio continuó la presentación de los alegatos finales de la defensa de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción. En su exposición el abogado Albino Ramírez señaló que la acusación del Ministerio Público adolece de imprecisiones y que está basada en meras valoraciones subjetivas. Expresó que los argumentos expuestos por la fiscalía no pueden ser probados con base en hechos concretos y pruebas definidas.

Puso como ejemplo que las mujeres están acusadas por homicidio doloso en grado de complicidad a partir de un relato de un supuesto “santo y seña” que recibieron del líder de la ocupación, Rubén Villalba, para retirarse del  frente y tomar desprevenidos a los policías para emboscarlos, sin especificar siquiera en qué consistió la supuesta señal. Reiteró además el ocultamiento de pruebas y la invención de elementos para incriminar a los campesinos, como la escopeta que fue hallada una semana después en el patio de una iglesia y que fue denunciaba como robada después de los hechos investigados, declaraciones obtenidas bajo tortura, fuentes NN que nunca fueron identificadas, entre otras violaciones al debido proceso.

Asimismo, acusó que la acción del Ministerio Público se enmarca en un libreto de criminalización de la lucha campesina y persecución selectiva de personas que luchan por hacer cumplir la garantía constitucional de acceder a un pedazo de tierra y formar parte del desarrollo de la nación, beneficiando con su actuar a personas y corporaciones que se apropian de bienes públicos. Cuestionó que durante la masacre del 15 de junio de 2012 ocurrieron hechos graves como ejecuciones y torturas que no fueron investigadas y que no pueden quedar impunes y menos aún condenar a inocentes para intentar ocultar los crímenes que ocurrieron durante el episodio.

En este sentido sostuvo que “la fiscalía no representa a la sociedad, sino a latifundistas de oscuros antecedentes”, en referencia al fallecido político colorado Blas N. Riquelme, quien durante la dictadura fue beneficiado con tierras de la reforma agraria y explotaba de manera ilegal las tierras de Marina Kue, cuya recuperación reclamaban los campesinos que fueron desalojados en el irregular procedimiento llevado a cabo con una orden de allanamiento.

En horas de la mañana, el abogado Amelio Sisco dijo que el proceso está siendo llevado a cabo por hijos de la dictadura estructurados mentalmente con el discurso stronista de que los «izquierdistas» no merecen ningun respeto y que deben ser torturados y asesinados. Cuestionó que la fiscalía presente como «pruebas» relatos anónimos sobre lectura de libros del Che Guevara y Lenin como elementos incriminatorios.

Imagen ilustrativa del juicio oral. Foto: Articulación Curuguaty.

 

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