La explosiòn del mercado de las universidades privadas

El senador José Segundo Decoud presentó en 1889 al Congreso el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Asunción (una). Tenía como objetivo formar una élite que condujera el país luego de la catástrofe nacional producida por la  Guerra de la Triple Alianza. Aún con sus fuertes ideas liberales en torno a la educación, Decoud jamás hubiera imaginado en aquel tiempo que la universidad estatal, 120 años después de su creación, sería sobrepasada por las poderosas fuerzas del mercado. Fuerzas que hoy hacen proliferar en el país decenas y decenas de universidades privadas que escapan del control del Estado y que mueven millones de dólares.

En 1989, luego del golpe de Estado que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, sólo dos universidades funcionaban en el país: la una y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (uca), creada por un decreto del dictador en 1960. Dos años después, en 1991, el gobierno de Andrés Rodríguez desempolvó la Ley 828 de Universidades, sancionada en 1980, y decretó la creación de tres universidades privadas: Columbia, UniNorte y Autónoma de Asunción. Luego de éstas, ya con la nueva Ley 136 de Universidades y su posterior modificación a través de la Ley 2529, se disparó la creación de nuevas universidades. Hoy, a 18 años de la aparición de aquellas primeras tres, funcionan en el país 39 privadas, 7 públicas y 33 institutos superiores de nivel universitario. Además, se calcula que alrededor de 250 institutos de formación docente y profesionales técnicos existen en el país. 

Según estimaciones de la Comisión de Educación de Diputados y de la una, existen aproximadamente 125 mil estudiantes matriculados en todas las universidades del país. De esta cantidad estimada, el 63% está matriculada en las privadas, mientras que el 37% cursa en las públicas. Aquel 63% significa alrededor de 75 mil personas que alimentan el negocio financiero de las privadas. En este sentido, si multiplicamos un promedio conservador de 400 mil guaraníes en concepto de cuota por la cantidad estimativa de estudiantes en las universidades privadas, el cálculo arroja una deliciosa suma de 30 mil millones de guaraníes. Y esto sin tener en cuenta pagos por inscripción anual y derecho a examen.

Rodolfo Elías, sicólogo social e investigador en educación, explica en su informe de investigación denominado Caracterización del sector privado de la educación universitaria las razones del fenómeno de las privadas. Dice: «…el crecimiento del mercado laboral –fundamentalmente en el área comercial–, las escasas plazas en las universidades nacionales con relación a los egresados de la educación secundaria, el alto costo de las cuotas de la uca y la ausencia de carreras nuevas como las empresariales y comerciales, son los factores que impulsaron el mercado de las universidades privadas…».

Para Fabricio Arnella, dirigente estudiantil de la Facultad de Filosofía de la una, el «responsable de la privatización de la educación superior universitaria es el Estado». Arnella baraja estadísticas y recuerda que el Presupuesto General de Gastos del 2009 destinó escasos 156 millones de dólares a las siete universidades públicas, recursos absolutamente insuficientes para atender la creciente demanda de educación universitaria de la juventud. Como consecuencia, agrega, las plazas para ingresos en las públicas son pobres en cantidad. Precisó que los costos de los cursillos de admisión y exámenes de ingreso son cada año más elevados para los estudiantes. En el 2007, informó, la una recaudó en ambos conceptos del bolsillo de los estudiantes cerca de tres millones de dólares.

Los factores que determinan la demanda de la educación universitaria señalada por Elías, más la pobre inversión del Estado en la educación pública mencionada por Arnella, parecen condicionar el espectacular éxito de las universidades privadas en el país.

Pero la explosión del mercado de las privadas en Paraguay se enmarca dentro del contexto regional latinoamericano. Aún en países como Brasil, Argentina y México, donde sus estados destinan mucho más recursos a su educación superior y establecen mayores mecanismos de control y exigencias a la universidad privada, el auge de la venta de la educación superior también genera problemas. Levantando el concepto de la educación como mercancía vendible, las políticas de libre mercado impulsadas por las derechas empresariales de la región y los estados centrales capitalistas dejan a la educación superior en manos de la regulación del mercado. Esta lógica esquiva el concepto de la educación como derecho humano, declarado por la unesco, y se concentra en la ganancia. En el caso paraguayo, la ley tributaria exonera a las privadas del pago de impuesto a la renta, aplicada a cualquier empresa, con el argumento de que las mismas son instituciones sin fines de lucro, tal como expresan todas ellas en los fines contemplados en su constitución jurídica. Igualmente, el sistema de impuestos del país les exonera del pago del iva, aplicado a un montón de compra-venta de insumos y servicios.

El casi nulo interés de los empresarios de la educación en producir conocimiento a través de programas de investigación y formación rigurosa de los educandos tiene su consecuencia negativa en la formación de personas de escasa calidad profesional, las que finalmente generan un gran daño al país.

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