La Corte ataca a toda la defensa de los campesinos de Curuguaty

“¿Qué quieren, que acepte todas las irregularidades del proceso? ¿Claro que es mi función objetar? Lo que quieren es apartarnos del proceso”, reacciona Vicente Morales.

Además la acción de la Superintendencia llega justo después de que el Poder Judicial, de por sí, suspendió el juicio oral que estaba marcado inicialmente para este diciembre. Lo suspendieron hasta junio del año próximo. La acusación fiscal recae solo en los campesinos, y todavía existiendo documentación que indica que la tierra pertenece al Estado paraguayo, se sigue acusando a esta gente de “invasión a la propiedad privada”. Toda la gente procesada, menos Rubén Villalba, está con prisión domiliciaria.

Un sumario administrativo puede terminar con apercibimiento hasta la casación de la matrícula, cuestión que inhabilita a los abogados a ejercer su función.

Vicente Morales, de traje, durante la audiencia preliminar de los acusados de la masacre de Curuguaty.

Vicente Morales, de traje, durante la audiencia preliminar de los acusados de la masacre de Curuguaty.

La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia le abrió sumario administrativo a Vicente Morales, Guillermo Ferreiro y María del Carmen Morales por supuestas acciones dilatorias.“Es mi obligación de defensor cuestionar lo que creo está mal: que incluyan pruebas ilegales, que oculten pruebas, que una jueza de garantía admita pruebas irregulares… Si rechazan, como lo han hecho, hasta ahí está bien, digamos, pero que me vengan con esto ya es despropósito”, agrega, indignado,  Morales.

Entre otras cosas, la defensa de los campesinos había recusado al fiscal Jalil Rachid. Este señor, hijo del ex presidente del Partido Colorado, Bader Rachid Lichi, encierra el libreto en torno de la única y exclusiva responsabilidad campesina en la masacre que se tomara como justificación del golpe parlamentario del 15 de junio de 2012.

El que deberá decidir en el sumario es el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia José Raúl Torres Kirmser y las vicepresidentas, Alicia Pucheta de Correa y Gladys Ester Bareiro de Módica.

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