La contrarreforma agraria impulsada por el gobierno golpista

Los sectores que han propiciado, apoyado y ejecutado el golpe de estado del año pasado, tanto los económicos como los políticos, han tenido éxito en su objetivo principal: la conservación del orden económico y político vigente desde hace décadas en el Paraguay, y por ende, de los privilegios y las ganancias que genera para ellos mismos.

Pero en el mundo capitalista actual, la conservación de un modelo económico no significa inmovilidad, sino todo lo contrario, implica una frenética dinámica de expansión y profundización, estimulada por las dos fuerzas vitales (y mortales) que subyacen a este sistema, la busqueda de lucros y la competencia. Los actores del mercado mundial, financistas, inversores, empresarios y ejecutivos, están en una permanente carrera por obtener ganancias, y para ello deben competir (o combatir) intensamente con otros financistas, inversores, empresarios y ejecutivos, para prevalecer en el mercado, derrotar a los competidores y lograr, obsesivamente, más producción, más mercado y mayores ganancias. En esta lógica de hierro se van constituyendo las cada vez más grandes corporaciones transnacionales, a las que “el mundo” les empieza a quedar chico.

Y como condición para lograr dicho objetivo, necesitan contar con más recursos como la tierra y el capital, expandiendo sine die las actividades productivas. La fuerza (y la debilidad) de la lógica capitalista está en este mandato irrenunciable, la necesidad vital de crecer, de expandirse, siempre, hacia el infinito. Desafortunadamente (para ellos) el mundo en el que vivimos (y morimos) tiene límites, geográficos, demográficos e incluso físicos, que más tarde o más temprano se manifiestan, en la forma de crisis, decrecimiento, desempleo y exclusión, conflictos sociales, agotamiento o destrucción ambiental.

Pero hoy el sistema económico nos ordena que tenemos el imperativo de crecer, de producir más, de profundizar la explotación de la naturaleza, para ser más productivos, más competitivos, para ser desarrollados. La oligarquía paraguaya conjuntamente con los grupos transnacionales son obedientes a esta máxima, y en ese empeño están día a día, a cualquier costo. Buscan expandir las actividades económicas más rentables en el corto plazo, la agricultura mecanizada, la ganadería, la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, y en consecuencia, la exportación de estos commodities, básicamente materias primas con escaso valor agregado industrial.

El golpe de estado les ha permitido acelerar la velocidad en esta dirección. El gobierno de Franco ha hecho todo lo posible, en su breve (y destructivo) paso, por facilitar la diseminación del modelo extractivista, agroexportador, a partir de una explotación ampliada de los recursos naturales, otorgándo todas las facilidades y las garantías para ello. En la práctica esto ha significado el desarrollo de una contra reforma agraria integral, si es que como reforma agraria entendemos al menos lo que establece la Constitución Nacional vigente en nuestro país.

En el Capítulo IX, Sección II, de la Reforma Agraria, la Constitución Nacional desarrolla los objetivos y las bases necesarias para el logro del reforma agraria y el desarrollo rural, en sus detallados artículos 114, 115 y 116. Revisemos algunos párrafos:

Art. 114 “… ella consiste (la reforma agraria) en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social (…). Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra …”

Art. 115 “La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases: 1) la adopción de un sistema tributario que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural (…) 2) la racionalización y regularización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo para impedir su degradación (…) 7) la defensa y la preservación del ambiente 12) el apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria…”

Sintetizando las ideas principales sobre la reforma agraria establecidas en nuestro marco constitucional, la misma consiste en la integración del campesinado, como actor productivo, a las actividades económicas, a partir de una estructura equitativa, equilibrada, de distribución de la tierra, eliminando progresivamente los latifundios, desconcentrando la propiedad de la tierra, fomentando a pequeños y medianos productores, diversificando los rubros producidos, conservando la naturaleza.

Las medidas de Franco

Las políticas gubernamentales del gobierno del PLRA han buscado (y logrado) fortalecer a la agricultura mecanizada, acelerando la introducción de insumos biotecnológicos en el país. La destitución del Viceministro Wherle, quién había impulsado prioritariamente el Programa de Producción de Alimentos (PPA), dirigido a la población rural de menores recursos, significó un fuerte debilitamiento de las policias orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. En el mismo sentido, la destitución de Miguel Lovera en el SENAVE significó una mayor desprotección de las poblaciones rurales ante el avance y los peligrosos daños colaterales  de las fumigaciones de los cultivos mecanizados. Su sustituto, Jaime Ayala, proviene del sector empresarial importador de agroquímicos (o agrotóxicos), y con su gestión ha confirmado la alta prioridad que tiene para el Gobierno de Franco la expansión de los agronegocios. A modo de ejemplo, citamos algunas de las medidas adoptadas:

–        A los 15 días del cambio de gobierno, el SENAVE emitía una resolución por la cual inscribía al algodón transgénico Bt (MON531) de MONSANTO, en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales, con lo cual liberaba su utilización en el país. Semanas después de esta habilitación, los empresarios señalaron que esta semilla ya no estaba disponible, por lo que pidieron la liberación de otras variedades de algodón transgénico. El 20 de agosto Franco firmó el Decreto 9.503 por el cual autorizó la importación de otras dos variedades de algodón resistentes al glifosato. En consonancia, el SENAVE emitió una resolución el 5 de setiembre autorizando el uso de estas variedades de algodón transgénico, a pesar de no haber completado el proceso de análisis legalmente requerido para su habilitación.

–        De modo a facilitar aún más la aprobación de nuevas semillas transgénicas, el 19 de setiembre Franco rubricó el Decreto 9.699 mediante el cual reestructuró la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO). Entre otras cosas, se relativiza la exigencia de la Evaluación de Impacto Ambiental para la habilitación de OGMs, no incluye a organizaciones de la sociedad civil en dicha Comisión, y autoriza la liberación por la vía de la excepción de nuevas variedades, cuando existan riesgos para la seguridad alimentaria y la agricultura nacional. Estos últimos argumentos pueden ser manipulables fácilmente por el gobierno de turno para justificar la utilización de la excepción mencionada.

–        El 25 de julio el presidente del INDERT, Luis Ortigoza, anunció que la institución desistía de impulsar la mensura judicial de las tierras de los herederos de Barthe, entre las que se encuentran las de Tranquilo Favero en Ñacunday, argumentando que la mensura crearía un caos administrativo. El gobierno golpista desistía de intentar recuperar tierras malhabidas o excedentes fiscales, priorizando la titulación de las tierras de los asentamientos existentes. En este sentido, la Asociación de Productores de Soja (APS) propuso al Gobierno que detenga la compra de tierras para campesinos hasta regularizar por completo las colonias existentes. El INDERT redujo las compras de tierras, hasta marzo de 2013, cuando por necesidades electorales (sumar al UNACE a la candidatura del PLRA) pagó más de 11 millones US$ por unas tierras no aptas para la reforma agraria, de una empresa vinculada al senador Jorge Oviedo Matto del UNACE.

–        El 30 de julio el SENAVE derogó la Resolución 1.160 aprobada en el 2011, donde se establecía que productores que van a realizar fumigaciones deben informar con anticipación sobre los trabajos a realizarse, incluyendo los horarios y los productos que se utilizarán. Lógicamente, con esta derogación las comunidades rurales que lindan con los cultivos mecanizados quedaron mucho más expuestas a los efectos negativos que tienen las fumigaciones con agrotóxicos en la salud y el medioambiente.

–        A principios de octubre el SENAVE derogó la resolución 355/12, que reglamentaba el uso propio de semillas de variedades protegidas inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares Protegidos. La resolución derogada disponía que para productores con superficies de hasta 100 Has, los agricultores podían reservar semillas provenientes de su propio cultivo para un segundo año, sin necesidad de tener una autorización del obtentor.

–        El 23 de octubre el MAG liberó para el uso comercial 4 tipos de maíz transgénico, rubro no permitido hasta esa fecha en el país. Fueron liberados las semillas VT Triple Pro y MON810 de Monsanto, el BT11 de Syngenta y el TC1507 de Dow AgroSciences. Con esta autorización, los rubros habilitados para la utilización de tecnología transgénica en el Paraguay son la soja, habilitada en el 2004, el algodón y el maíz en el 2012.

–        En noviembre el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA) y Monsanto firmaron un convenio de cooperación para insertar los eventos transgénicos BT y RR en las variedades de algodón del IPTA, 212 y 232. Los firmantes fueron el presidente del IPTA Luis Llano Imas, y el representante de Monsanto Fernando Giannoni. A su vez Monsanto ofreció incorporar otros eventos a las variedades nacionales de maíz y soja. Llano Imas sugirió la transgenización de la soja del IPTA denominada “milagrosa”.

–        El 11 de febrero de 2013 el MAG liberó mediante la Resolución número 153/13 una nueva variedad de soja transgénica de Monsanto, la semilla denominada BtRR2Y, conocida como soja “Intacta”.

¿Reforma o contra reforma agraria?

Las últimas dos décadas en nuestro país han sido testigo de una expansión importante de los agronegocios, en particular de los cultivos mecanizados intensivos en capital, como es el caso de la soja. En el año 1995 se habían sembrado 833.000 Has de la oleaginosa. Diez años despues, en el 2005 se llegó a las 2.000.000 Has. En solo siete años más, en el 2012, se llegó a las 3.000.000 Has. Esta gran expansión ha sido posible en gran medida a las nuevas tecnologías, las semillas trasngénicas y los métodos de fumigación masiva y control de plagas a partir de la mecanización.

Esta explosión de la agricultura capitalista ha provocado otros efectos en el mundo rural: un desplazamiento forzado de la población campesina e indígena, a partir de la compra de sus tierras, la contaminación de su entorno, el ostigamiento y amedrentamiento permanentes, además de una cómplice ausencia del Estado en el apoyo productivo y social hacia los pequeños productores. Decimos desplazamiento o migración forzada de la población (y no voluntaria) porque este desplazamiento de zonas rurales hacia las urbanas se ha dado no por una oferta de trabajo atrayente en las ciudades (como históricamente si se ha dado en otros países que tuvieron procesos de industrialización, como Argentina y Brasil), sino por la incontenible expansión del modelo extractivista, fundamentalmente agropecuario, que requiere de más tierras para su supervivencia (en un mundo regido por la lógica capitalista de la competencia y el lucro), de la misma forma que las personas requerimos del aire para no morir. Este proceso de urbanización y descampesinización se refleja en la evolución de la población rural (ver gráfico), y su tendencia decreciente: en 1992 el 50% de la población era rural, en el 2002 bajó al 43%, y según datos preliminares del censo 2012, ha caído a solo el 33%.

Concomitante con estos hechos, se ha acelerado la destrucción ambiental, a partir de la expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación de los pocos bosques que quedan en la región oriental, la tala indiscriminada y criminal de árboles en el Chaco a razón de 800 Has en promedio por día en el año 2012. La contaminación con agrotóxicos de tierras, agua y aire, y consecuentemente de las propias comunidades humanas del campo, se sigue tolerando y permitiendo, utilizandose cantidades crecientes de venenos tóxicos como el glifosato, que se utiliza en un solo año una cantidad aproximada de 24.000.000 de litros (8 litros por Ha por zafra). Tamaño bombardeo químico ya está incluso generando resistencia de las propias plagas y malezas, que mutan e incorporan el propio veneno en su organismo, como lo señalaba, en un arrebato de sinceridad, el productor Ilvo Spielmann de la Asociación de Productores de Soja: “no estamos teniendo más el resultado que se tenía inicialmente cuando se aplicó la tecnología, hoy hay muchas malezas resistentes al glifosato, hay que entrar con otros herbicidas para combatir las malezas, es un costo adicional, hoy económicamente es más negocio el convencional, que el transgénico”[1].

Los últimos 20 años han demostrado que la agricultura mecanizada y la ganadería para exportación, son actividades intensivas en capital y tierra, que excluyen y desplazan a los pequeños productores, no los incorporan al circuito productivo como productor, solo los incorporan en algunos casos, si el campesino se reconvierte laboralmente, dejando de ser agricultor, pasando a ser mecánico, tractorista, electricista o algo parecido.

Con el gobierno de Franco, el texto constitucional sobre la reforma agraria, ha sido ratificado con toda la fuerza como letra muerta y poesía platónica, lejos de la realidad. Las políticas mencionadas no van en dirección de la “incorporación efectiva de la población campesina”, van de contramano del mandato constitucional de adoptar “sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra”, hace caso omiso de “la adopción de un sistema tributario que desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural”, colisionan frontalmente con la “racionalización de las prácticas de cultivo para impedir su degradación (de la tierra), la defensa y la preservación del ambiente”, y es una burla de la orientación a un “apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria”, cuando todas las facilitades han sido para los extranjeros.

La fórmula de los actores de los agronegocios (asumida a pie juntillas por el gobierno golpista) ha sido: transgénicos + agrotóxicos – controles – mensuras – impuestos = más ganancias para los grandes (y ricos) más pobreza para los chicos (y pobres). No en balde Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina manifestaba sobre el fracaso de la última campaña algodonera (donde la producción cayó en un 50 %) que los que usaron la semilla trasngénica quedaron endeudados, con escasa producción, muchas preocupaciones y cuentas[2]. A la par se van expandiendo las enormes áreas de cultivos mecanizados de soja y maíz genéticamente modificados, así como las pasturas para ganado.

La contra reforma agraria del poder terrateniente y transnacional está en una desbordante y destructiva marcha. El país en general, y el campesinado y los indígenas en particular, sufrirán las consencuencias, que parece serán irreversibles. Para nuestra desdicha, la afirmación (¿profecía?) hecha por Tomás Palau, al analizar a principios de los años 80 las transformaciones que se daban a partir del ingreso masivo en la frontera este de la agricultura farmer de mano de los brasileños, parece cumplirse con la firmeza del acero: “este fue el momento en que se cerraron para el campesinado del Alto Paraná y del país las posibilidades de recrearse como sujeto social”[3].   

Luis Rojas es Economista, investigador de BASE IS, miembro de la Sociedad de Economía Política (SEPPY).



[1]    ABC Color, 8 de octubre de 2012.

[2]    http://ea.com.py/y-no-llegaron-los-tv-plasma-algodon-transgenico-termino-endeudando-a-campesinos/

[3]    Tomás Palau y María Victoria Heikel, Los campesinos, el estado y las empresas en la frontera agrícola, BASE ISEC, 1987.

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