La Confederación Sindical Internacional (CSI) manifestó al ejecutivo preocupación ante venta de tierras indígenas

La CSI que congrega a más de 300 afiliadas nacionales en todo el mundo, entre las que se cuentan la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) de Paraguay, a través de una carta al poder ejecutivo, denunció un hecho grave de violación de los derechos indígenas por parte del gobierno de Paraguay.

En carta dirigida a Federico Franco, la CSI menciona: “Hemos sido informados por nuestras centrales afiliadas en Paraguay sobre la venta ilegal de tierras ancestrales de los pueblos indígenas Guaraní Ñandeva y Ayoreo de Cuyabia ubicada al noreste de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.Los indígenas fueron despojados de 25 mil hectáreas de tierras, a favor de la empresaria Julia Beatriz Vargas Meza, por la suma de 1.250.000 millones de guaraníes, por parte del propio presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Rubén Quesnel, en complicidad con los directivos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), conforme las denuncias presentadas por los compañeros y compañeras afectados.”

 En la carta al ejecutivo la CSI recuerda: “que la Constitución Nacional de Paraguay reza taxativamente en su Capitulo V, Art. 64 sobre la propiedad comunitaria que:

 “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; así mismo, estarán exentas de tributos. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

 Convenio 169

En la misma misiva al ejecutivo de Paraguay, la CSI le recuerda a este que “Paraguay ha ratificado en 1993 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El mismo establece expresamente que los pueblos indígenas deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

La carta solicita del poder ejecutivo “que ordene la inmediata nulidad de la transferencia del inmueble realizada por el Presidente del INDI, Ruben Quesnel. Además, todas las medidas necesarias deben ser adoptadas para la protección de los miembros que conforman la Comunidad Indígena Cuyabia. La CSI le insta a hacer lo necesario para que se investigue las responsabilidades administrativas, civiles y penales ante este grave hecho.”

Finalmente la CSI expresa que “en conjunto con nuestras afiliadas, debo informarle, que al no tomarse las providencias que garanticen los derechos de los pueblos indígenas mencionados, consideraremos la presentación de una queja frente la Organización Internacional del Trabajo (OIT).”

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