La aparición en escena del hipotético EPP y el contexto que se ocultó a la opinión pública

Una de las primeras acciones del EPP fue la quema de un galpón en la Estancia Santa Herminia, propiedad del sojero brasileño Nabor Both, a quien la comunidad de Kurusu de Hierro le había ganado en todas las instancias judiciales e institucionales una guerra contra el uso indiscriminado de los agroquímicos. Con la aparición de los guerrilleros, la salud de los pobladores y el medio ambiente pasaron a segundo plano, primando la seguridad de los terratenientes, y los pobladores pasaron a ser «sospechosos» de integrar el EPP. ([1])

El EPP

La punta del iceberg, según los entendidos, es el 25% de la masa de hielo que está en el mar, las 3/4 parte están bajo la superficie. Según el periodista y docente mexicano Virgilio Caballero Pedraza ([2]), la punta del iceberg es la noticia que toda la opinión pública ve todos los días, sin embargo la masa que está en el agua es la que casi nunca se le muestra. En Paraguay una supuesta guerrilla compuesta por menos de 20 hombres pone en riesgo toda la seguridad nacional. En 1959 entre 300 a 500 hombres del movimiento guerrillero “14 de mayo” ingresan al país y son neutralizados inmediatamente. El Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA) no tuvo mejor suerte. No se tenían GPS’s ni imágenes satelitales y otras modernas herramientas como en la actualidad. Al hipotético “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP) dos estados de excepción y otras maniobras militares no pudieron tumbarlo. ¿Qué es lo que impide eliminarlo? ¿Existe realmente? O, tal vez ¿es mejor hacer creer su existencia para justificar otros intereses?

Antes de responder a las preguntas planteadas miremos el contexto que nunca aparece en los medios comerciales de comunicación.

En menos de 2 décadas, período transcurrido desde la realización del penúltimo al último censo agropecuario de Paraguay (1991 y 2008), el espacio de labranza de las familias campesinas del departamento de Concepción, se reduce en un 16%.

Las producciones a gran escala han ganado terreno de manera acelerada. A principios de la década de los años 90 existían menos de 200 hectáreas del rubro principal del modelo agroexportador del país, la soja, producto que de manera silenciosa llega a crecer más de 160 veces al llegar el 2010. La oleaginosa se expande sobre 3 distritos: Horqueta, Azote’y e Yby Yaú donde reside más de la mitad de la población rural del departamento.

La aplicación intensiva de agroquímicos desde el inicio de la expansión agresiva de la soja en el año 2.006 ha generado conflictos importantes, alcanzando la confrontación el nivel más alto cuando en marzo del 2008, luego de la quema de un galpón de una estancia en que se lleva a cabo la producción sojera en la localidad campesina “Kurusu de Hierro”, comunidad perteneciente al distrito de Azote’y, desprendido Horqueta, a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de Concepción, capital departamental, los vecinos que venían presentando sus quejas por el vertido de plaguicidas a diferentes instituciones que los escucharon, fueron relacionados con un supuesto grupo guerrillero, el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).

Los hechos previos a la primera aparición del EPP

  • Desde el año 2006 lugareños de la localidad de Kurusu de Hierro iniciaron una sistemática denuncia por uso indiscriminado de agroquímicos en la estancia “Santa Herminia”, ubicada frente a la colonia campesina.
  • La muerte de palomas y otros animales fueron algunas de las primeras denuncias de los habitantes de Kuruzu de Hierro. Los pobladores dijeron haber sufrido dolores estomacales y otros problemas de salud como consecuencia de estar expuestos a la fumigación de agroquímicos en el sojal vecino.
  • El Fiscal del Medio Ambiente de Concepción, Richard Alarcón, informó al Diario ABC Color haberse constituido en mayo del 2007 en la zona, en compañía de un representante de la Secretaría del Ambiente de la Gobernación, oportunidad en que se constató la ausencia de una “barrera forestal” entre el sojal y la comunidad campesina, de tal manera a impedir que los productos químicos fumigados afecten a los vecinos. El encargado de la estancia recibió por parte de la comitiva un emplazamiento de 30 días para la colocación de la “muralla viva” de acuerdo a las disposiciones ambientales.
  • El líder comunitario Demetrio Alvarenga informó haber recibido amenazas de muerte a raíz de las denuncias de fumigación indiscriminada realizadas por su organización.
  • En noviembre de 2007, poco después de las verificaciones correspondientes sobre el terreno, la Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Concepción denuncia a la Fiscalía el incumplimiento de una de las medidas de mitigación de daño al medio ambiente por parte de la estancia “Santa Herminia”, la reforestación de unas 162 hectáreas, requisito que se estableció para el otorgamiento de la licencia ambiental que le permitió al empresario Nabor Both iniciar el cultivo de soja.
  • Un día después de la presentación de la denuncia por parte de la Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Concepción, el Fiscal Richard Alarcón, de la Unidad Especializada Ambiental del Ministerio Público, imputa al productor sojero Nabor Both por la supuesta comisión de hecho punible contra el medio ambiente.
  • Cuatro días después el Juez del distrito de Horqueta, Julio Areco, admite el acta de imputación y ordena la suspensión de la fumigación del sojal con agroquímicos.
  • Pese a la decisión judicial que ordenó la suspensión de la fumigación con “agrotóxicos”, la misma continuaba, lo que llevó a la Fiscalía a anunciar que solicitaría el procesamiento del productor de soja Nabor Both por resistirse al cumplimiento de la medida determinada por el Juez de Horqueta. La representante de la Fiscalía del Ambiente comentó que es una burla que la policía, antes que proteger a la comunidad paraguaya, cuide los intereses de un extranjero que incumple la legislación nacional y desacata las decisiones administrativas.
  • Además de la constatación de daño al medio ambiente por parte de la Fiscalía y la Gobernación de Concepción, en base a la cual la Justicia ordenó la suspensión de la fumigación con agroquímicos en el establecimiento dedicado a la producción de soja, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) realizó una verificación en la que pudo confirmar lo mismo. El 18 de enero de 2008, en una cuarta verificación en el terreno por parte de una institución oficial, el SENAVE notificó al responsable del establecimiento “Santa Herminia”, Nelson Both, uno de los propietarios de la estancia, el incumplimiento de las disposiciones legales que establecen el uso y manejo seguro de plaguicidas.
  • Pese al incumplimiento de la orden judicial que prohibió la fumigación de agroquímicos, el empresario brasileño volvió a comprometerse a no realizar ningún rociado de plaguicidas hasta el desarrollo total de los árboles cultivados entre la parcela de soja y la comunidad de Kurusu de Hierro

Las insistentes denuncias realizadas por pobladores de la localidad campesina de Kurusu de Hierro por fumigación irregular de agroquímicos en el sojal ubicado frente a sus viviendas habían prosperado en la Fiscalía del Ambiente, la Gobernación de Concepción, el SENAVE y la Justicia, que habían ordenado la suspensión de la aplicación de plaguicidas como consecuencia de la ausencia de una barrera viva.

La primera aparición en escena del EPP en Kurusu de Hierro

Cuando todas las instituciones del estado daban su razón al reclamo campesino de Kurusu de Hierro y la misma prensa empresarial se hacía eco de ello:

  • El 14 de marzo de 2008 aparece en primera plana de todos los periódicos del país una noticia relacionada a la quema de un galpón de la estancia “Santa Herminia”, establecimiento en que se encuentra el sojal en cuestión.
  • Los autores de la quema del galpón dejaron en el lugar un panfleto en el que se leía: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera”.
  • Era la primera vez en que aparecía un panfleto firmado por el EPP y era la primera vez que la opinión pública paraguaya escuchaba hablar del supuesto grupo armado.
  • El propietario del establecimiento, el brasileño Nabor Both, acusó a sus vecinos, los campesinos que lo denunciaron en reiteradas ocasiones por daño al medioambiente, de ser responsables de la quema.
  • El líder de la comunidad, Demetrio Alvarenga, negó esa acusación al tiempo de señalar que la misma podría ser consecuencia de los constantes reclamos realizados a las instituciones oficiales a raíz de los perjuicios ocasionados por las fumigaciones a los pobladores, como enfermedades estomacales, respiratorias y oculares. Los habitantes de Kurusu de Hierro no descartaron la posibilidad de que la quema del galpón de la estancia haya sido provocada por los mismos propietarios en que se encuentra el sojal como una manera de desacreditarlos ante la opinión pública local y nacional, desviando así la atención del problema ambiental.
  • La Fiscalía de Horqueta a cargo de Marcial Núñez, basado en el panfleto aparecido en el día de la quema y sin hablar de otros elementos de juicio concretos, sostuvo que las “evidencias” dirigían la investigación hacia el supuesto grupo guerrillero “Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, el cual podría estar relacionado con organizaciones campesinas interesadas en acceder a las tierras del empresario brasileño en que se produjo el incidente.
  • Los pobladores de la comunidad, cuyas casas se encuentran a 200 metros del establecimiento señalado, quienes reivindicaban vivir en un ambiente saludable fueron vistos luego de la supuesta operación del EPP como “guerrilleros”, incluso “terroristas”, pasando al olvido su exigencia de adecuar la producción de la oleaginosa a las leyes ambientales.

Todas las exigencias de la gobernación de Concepción, la Fiscalía del ambiente, la Justicia y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) de cultivar una barrera forestal de 2 metros de alto y 5 metros de ancho entre el sojal y las viviendas de los campesinos de tal manera a evitar que la fumigación llegue hasta las casas produciendo los síntomas propios de una intoxicación aguda pasaron a un segundo plano.

Se priorizó la seguridad. En Kurusu de Hierro se construyó poco después del episodio de la primera aparición pública del EPP una comisaría muy bien equipada donde prestan sus servicios 40 efectivos de la Policía Nacional. Lo principal para el estado ya no fue desde entonces la salud de los pobladores y el medioambiente sino el combate al supuesto grupo armado.

El EPP, el hipotético grupo que defiende a “sus hermanos campesinos”, frustró la posibilidad de que sus representados ganen la guerra contra los agroquímicos a través de las instancias legales y les quitó la voz al convertirlos en delincuentes por lo que cada vez que alguien reclama el cese de las fumigaciones de agroquímicos, “seguramente es del EPP”.

 



[1] Basado en el artículo del autor “Afecciones relacionadas con la fumigación sojera. El costo social de la expansión de la agricultura mecanizada en Kuruzú de Hierro”, publicado por BASE Investigaciones Sociales. Disponible en: http://www.baseis.org.py/base/adjuntos/Doc.N%C2%BA128.pdf

[2] Caballero, Pedraza (2005) El contexto y su ausencia en las noticias: someter a la razón en Televisión Pública: Información para todos. Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la comunicación. Konrad Adenauer Stitfung.

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