Juicios orales se pueden realizar en cualquier lugar

La nueva postergación del juicio por el caso Curuguaty para el 22 de julio por supuesta falta de salas en el Palacio de Justicia de Asunción fue denunciado por activistas sociales como un intento de evitar la presencia del papa Francisco y los observadores internacionales que agendaron venir al país el 22 de este mes.

En efecto, el Código Procesal Paraguayo (CPP) señala en su artículo 120 que los juicios se pueden realizar hasta en días y horas inhábiles (fines de semana o feriados) si el juez, tribunal o una de las partes lo considere necesario.

Con respecto al lugar, el artículo 121 dice que “el tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, para la realización de los actos propios de su función” y cuando se trate de hechos de trascendencia se procurará realizar el juicio en la localidad en que los hechos ocurrieron, aunque en este caso el tribunal admitió un pedido de la defensa de que la audiencia se realice en Asunción a fin de facilitar el escrutinio público. Añade que la secretaría del tribunal podrá acondicionar una sala de audiencia apropiada y se solicitará a las autoridades el apoyo necesario para el normal desarrollo del juicio.

De esta manera, el propio código habilita al tribunal a acondicionar cualquier otro sitio para llevar a cabo las audiencias, más aún de un caso tan importante como la masacre de Curuguaty, que fue utilizada para destituir a un presidente de la República. Esta maniobra abona las denuncias de la defensa de que la postergación es una chicana más para dilatar el proceso ante la falta de pruebas contra los acusados.

El proceso presenta múltiples irregularidades como la no investigación de la muerte de los campesinos, el ocultamiento de pruebas y la introducción irregular de otros elementos que no guardan relación con la causa, como una escopeta que fue denunciada como robada una semana después de la masacre.

Los acusados son Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta, por los hechos de tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería fueron acusados por asociación criminal e invasión de inmueble, mientras que Felipe Nery Urbina está acusado de frustración a la persecución penal por haber pasado por el lugar momentos después del tiroteo e intentado prestar auxilio a uno de los heridos.

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