Caso Curuguaty: juicio fue pospuesto hasta el próximo viernes

El tribunal de sentencia del caso Curuguaty –integrado por Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero– pospuso el juicio para el próximo viernes 25 de setiembre luego de que de manera exprés y sigilosa intentara iniciar la audiencia este viernes 18 de setiembre, cuando toda la atención estaba centrada en la movilización estudiantil que se desarrolló en todo el país.

En primer término, la defensa apeló la convocatoria a juicio alegando que aún no se notificó sobre el resultado de varios recursos presentados ante la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia contra la confirmación del tribunal de sentencia y la conformación del tribunal de apelación de manera clandestina, según acusa el abogado Víctor Azuaga.

Además de ello, la notificación fue realizada recién el 17 de setiembre, 24 horas antes del inicio de la audiencia, en contra de lo que establece el Código Procesal Penal, que prescribe que la notificación debe realizarse cinco días hábiles antes. A esto se añade que una de las campesinas acusadas, Dolores López, tiene un nuevo abogado, quien solicitó el aplazamiento del juicio para estudiar los expedientes del caso.

Incluso el propio fiscal Jalil Rachid apeló la convocatoria observando que no se respetó el plazo de cinco días que estipula el código entre la notificación y el inicio de las diligencias.

Tras un receso, el tribunal decidió conceder el plazo de cinco días al abogado Amelio Sisco, nuevo abogado de Dolores López, para la entrega de expedientes y estudio de la causa. Sobre las recusaciones, aclaratorias y otros incidentes, señaló que aún no se notificaron los resultados y reconoció la convocatoria realizada fuera de los plazos legales, fijando como nueva fecha para el inicio del juicio el próximo viernes 25 de setiembre.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por frustración a la persecución penal al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

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