Juicio Ético al Parlamento: “Por la condena”

El pasado 22 de octubre, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, fue presentada la acusación cívica de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia en el marco del Juicio Ético al Parlamento.

La Abog. Milena Pereira, durante la exposición de la pesquisa ante el Tribunal Ético por la Democracia. Fuente: http://juicioeticoalparlamento.com/

La lectura del escrito conclusivo del equipo investigador estuvo a cargo de la Abog. Milena Pereira, quien realizó la pesquisa junto con la Abog. Mirta Moragas y el Econ. Luis Rojas. En el alegato se enumeran las causales de la acusación cívica contra el Congreso, entre las que citó las “acciones violatorias de la Constitución Nacional que imposibilitan la vigencia de un Estado social de derecho, sanción de leyes contrarias al interés general que impiden el desarrollo nacional para favorecer a sectores económicos a los cuales se representa y responde en exclusividad, por la grave responsabilidad institucional dada su política activa de aislamiento del país y debilitamiento de los principales procesos de integración regional”.

 Asimismo, en los puntos subsiguientes se señala “la degradación de la honorabilidad del Congreso de la Nación, por conductas discriminatorias y de defensa de intereses ilegales, por la autoasignación de privilegios, por las evidencias de comisión de hechos de corrupción en el ejercicio del cargo, la utilización de fueros como blindaje corporativo para la impunidad de parlamentarios ante el requerimiento judicial por la comisión presunta de delitos, por el uso despótico de instrumentos de control a otras instituciones estatales, premiando la subordinación de sus titulares a las mayorías parlamentarias y sus financistas, extorsionado a funcionarios que aplican medidas orientadas al cumplimiento de la ley, por los retrocesos e impactos políticos y sociales para el Paraguay como consecuencia de la destitución arbitraria y antijurídica del presidente electo constitucionalmente”.

 A renglón seguido la fiscala pasó a enumerar algunos de los hechos hallados durante la pesquisa, como la utilización despótica del instrumento de control más importante del que dispone, el juicio político, a los efectos de amedrentar a la Contraloría General de la República por pedir informes a un intendente por los comprometedores indicios de malversación de fondos en su gestión; el nombramiento a discreción de funcionarios y la no remisión de informes obligatorios a la Secretaría de la Función Pública; el manejo con criterios cupulares partidistas de los órganos específicos de control creados constitucionalmente: Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, etc.

 Uso perverso de recursos públicos

 Seguidamente, la jurista aludió a la partidización del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que, pese a reiterados pedidos, nunca ha enviado a las autoridades competentes su listado de personas contratadas y que ejerce un uso perverso de los recursos públicos con la connivencia y autorización del Congreso nacional. Esta perversidad se trasluce nítidamente apenas se hurga entre los números del presupuesto. El monto asignado en 2011 para al TSJE fue de G. 539.000 millones, y que llegaría a unos G. 589.000 millones para este año. En contrapartida, se recortó el pedido del MSPyBS en el Programa de Unidades de Salud de la Familia, que apuntaba a garantizar el acceso a la salud de miles de personas actualmente privadas de tal derecho.

 El Legislativo “sostiene en sus cargos a una Corte Suprema de Justicia y, como consecuencia, un Poder Judicial, sin control administrativo-presupuestario de gastos por la Contraloría General de la República, un parlamento que ha sesionado sin quórum, aprobando leyes y rechazando vetos, todos estos actos nulos por llevarse a cabo sin las mayorías constitucionales requeridas”, agrega la acusación.

 “Un Congreso que consagra un sistema impositivo tan inequitativo que los trabajadores/as independientes de cualquier oficio deben pagar 10% sobre sus ingresos, mientras, el sector de mayores ganancias y enriquecimiento en las últimas décadas, el agroexportador, prácticamente no paga impuestos, aportando solo el 2,25% del total recaudado por el fisco (0,25% por el impuesto a la renta de las actividades agropecuarias Imagro y 2% por el IVA)”, reza otra parte del escrito.

 Evasión y tierras malhabidas

Como ejemplo del uso del cargo para delinquir se cuentan los casos de un presidente del Senado, Óscar González Daher (2010), evadiendo impuestos a través de la falsificación de documentos, ostentando un grosero tráfico de influencias; un diputado usurpando unas 1.600 hectáreas de tierras de la reforma agraria en Antebi Cue y valiéndose de su cargo para intentar blanquear tal situación, como es el caso del diputado Magdaleno Silva, con la consecuente responsabilidad de todo el Congreso por asentir la comisión de hechos de esa índole.

 El largo prontuario de malos manejos que arrastra el Parlamento se corona con que, en uno de los puntos de su acusación contra el presidente Lugo, señala como una de las causales la invasión de propiedad privada, cuando que las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado y están en litigio por la usurpación de una empresa privada, evidenciando de tal manera que el Congreso lesiona su deber de proteger los bienes públicos actuando en defensa de intereses particulares.

Hacia el final de su presentación, Pereira resaltó la paradoja de que el Parlamento, a pesar de ser un poder despótico que concentra y toma a discreción las decisiones que atañen al rumbo del país, es una institución sumamente debilitada que carece de la confianza de la mayor parte de la población y que teme a la ciudadanía, por lo que destituyó en apenas dos días a nada menos que al presidente en un proceso totalmente violatorio de las garantías constitucionales.

Luego de darse por concluida la enumeración de la profusa evidencia sobre mal desempeño de funciones en que incurrió el Parlamento, el Tribunal Ético por la Democracia –presidido por el Dr. Luis Lezcano Claude e integrado por la Dra. Margarita Durán, el Dr. Ignacio Telesca, la Abog. Line Bareiro, el Abog. Dionisio Gauto y el investigador Bartomeu Melià (ausente en la ocasión)– procedió a hacer lugar a la acusación fijándose como fecha del juicio oral y público el próximo 22 de noviembre en la Plaza de la Democracia.

Finalmente, como parte de una ciudadanía que aspira a la plena vigencia de una democracia no meramente formal, sino una en la que los derechos sean efectivos y los representantes electos se sometan al control y a la voluntad popular; por un Legislativo que actúe como tal, y no como un cártel en el que el único código vigente es el recíproco encubrimiento ante cualquier intento de investigar los delitos; por un Parlamento que represente la pluralidad de intereses en juego y que no sea una trinchera de negocios espurios, del tráfico, el crimen y la prebenda. Por todo ello, y sin duda por mucho más, nos atrevemos a afirmar que el veredicto de gran parte de la sociedad será unánime: “Por la condena”.

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