Juicio del caso Curuguaty se reinicia este viernes

El presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Trinidad Zelaya, notificó este mediodía a los abogados que defienden a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty que el juicio se reiniciará este viernes 18 de setiembre, a las 8:00 horas, en el Palacio de Justicia de Asunción. El abogado Víctor Azuaga señaló que no se cumplió el procedimiento de notificar 5 días antes de la realización de cualquier audiencia, tal como lo establece el Código Procesal Penal, y que además no se informa el resultado de los recursos presentados contra la confirmación del tribunal de sentencia y el de apelación, que según denuncia la defensa fue conformado de manera exprés y clandestina.

La defensa también había demandado al pleno del tribunal de sentencia por producción de documentos no auténticos se basa en que el tribunal aseguró que entregó todos los expedientes a la nueva defensa, pero que sin embargo varios documentos como actas de procedimiento policial y declaraciones testificales no fueron añadidos, obrando de este modo de manera abierta contra los acusados y tomando partido por una de las partes, sostuvo.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

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