Juicio del caso Curuguaty prosigue el martes

En la mañana de este viernes se reinició en el Palacio de Justicia de Asunción el juicio oral y público a los 11 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty. La diligencia continuó con la lectura del acta de elevación a juicio oral y público, y la enumeración de los elementos probatorios admitidos, tales como informes realizados a los acusados, procedimientos policiales y fiscales, declaraciones testificales, audios y vídeos. El tribunal rechazó casi todos los incidentes y reposiciones presentados por las defensas.

Asimismo, se fijó para el próximo martes 15 de diciembre, a las 8:00 horas, la prosecución de la audiencia, fecha en que precisamente se cumplen tres años y seis meses de la matanza.

Bajo los cargos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa están acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López, por invasión de inmueble y asociación criminal Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos.

La joven R.R.V.O. será sometida a un proceso penal adolescente porque en el momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor R.A.B.C. ya fue condenado en un proceso abreviado.

Ningún policía fue investigado por la muerte de los once campesinos a pesar de la evidencia de que existieron ejecuciones de personas heridas, además de tortura a los detenidos por la ocupación que reivindicaba la recuperación de las tierras de Marina Kue, que hace poco tiempo fueron «donadas» por la empresa Campos Morombí al Estado paraguayo, una medida muy criticada por organizaciones de derechos humanos, que sostienen que la firma privada no puede donar algo que no es suyo ni el Estado aceptar como donación un inmueble de su propiedad de parte de un tercero que no tiene título de propiedad.

En este sentido, las organizaciones sostienen que esta maniobra pretende legitimar el irregular proceso al que están sometidos los campesinos, pues la tesis fiscal sostiene que el punto de partida fue la invasión de un inmueble de propiedad privada, algo que el Estado reconoce al aceptar la «donación».

Foto: judiciales.net

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