Jueza utiliza documentos falsificados para desalojar a campesinos de unas tierras del Indert

Denuncian desalojo arbitrario de familias campesinas en Puerto Indio del Alto Paraná.

La colonia posee unas 1262 hectáreas de tierras, de las cuales unas 200 hectáreas están en poder de productores sojeros y personas que no son sujetas de la reforma agraria.

Puerto Indio. Foto de archivo.

La medida fue ordenada por la jueza de primera instancia en lo civil y comercial de Minga Porá, Celsa Rojas, y afectó a un grupo de diez familias ocupantes de un predio perteneciente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en San Miguel, Puerto Indio, distrito de Mbaracayú (Alto Paraná).

De acuerdo a lo explicado por el asesor jurídico del organismo rural, Pedro Alvarenga, el desalojo se realizó tomando en cuenta documentos no auténticos presentados por Regalada Martínez, quien se erige en supuesta propietaria del lote, cuando éste se halla registrado a nombre del Instituto como finca Nº 67 con padrón 135. Ante esta situación, el abogado no dudó en calificar el procedimiento como “arbitrario, injusto e ilegal”.

El 23 de julio pasado, las familias, que han construido viviendas y poseen cultivos en el lugar, tuvieron que abandonarlo luego de diez años de ocupación. Lo hicieron merced a un operativo judicial-policial que destruyó todo lo que poseían y las obligó a ubicarse en el lindero de la propiedad, donde permanecen hasta ahora.

Un equipo técnico del Indert, encabezado por Alvarenga y  Lorenzo Sanabria, jefe de la División de Gabinete Técnico de Topografía, pudo constatar las denuncias de los campesinos. Los técnicos realizaron un estudio sobre  la propiedad, a través de planos elaborados por topógrafos del ente agrario. Comprobaron así que dichas tierras fueron expropiadas por Ley 1137 del año 1997, y adquiridas de Rita Coronado Da Silva, en 2005.

Se apelará decisión de jueza por la vía del recurso de nulidad

Sobre las medidas que el Instituto tomará para resolver la situación, Pedro Alvarenga anunció que buscarán recuperar las tierras por la vía de la presentación de un recurso de nulidad de los actos jurídicos. De ese modo, podrán restituir el inmueble a las familias campesinas, que permanecen acampando en el límite a la espera de una solución.

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