Jueza suspende audiencia por caso Curuguaty

El hijo de dos acusados se encuentra internado por problemas respiratorios.

 

Vista de la audiencia preliminar que fue suspendida.

La audiencia preliminar por el caso Curuguaty fue suspendida nuevamente a raíz del estado de salud del hijo de los acusados Dolores López y Luis Olmedo. El niño se encuentra internado en un hospital a raíz de problemas respiratorios.

“Vamos a suspender por el término de 24 horas esperando el informe del Ministerio Público, del forense del Ministerio Público y del Poder Judicial para ser lo más trasparente posible, porque los fiscales están pensando que estos son dilaciones nuevamente para posponer y posponer la audiencia”, señaló la jueza Yanine Ríos, quien aseguró que mañana sí o sí prosigue la audiencia con la presencia de los padres.

Dolores López se encontraba en reclusión domiciliaria al estar acusada de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad, por lo que la salud del niño se fue deteriorando a raíz de que la madre no podía abandonar el hogar para que el lactante sea inspeccionado por un médico. Desde el primer día de la audiencia, el pasado lunes 15 de julio, el niño presentó síntomas febriles, pero recién el jueves consultó con un médico y el viernes la audiencia fue suspendida para dar tiempo a su recuperación.

Mañana la fiscalía debe responder a los incidentes presentados contra la acusación por la defensa, que pide la nulidad del proceso y el sobreseimiento definitivo de todos los acusados. La defensa alega que el proceso adolece de vicios insalvables, como las acusaciones genéricas por homicidio sin detallar qué hecho en concreto se le atribuye a cada acusado, así como pruebas a las que la defensa no tuvo acceso ni participación al momento de realizarse las pericias.

Otro punto cuestionado es que la principal prueba para sostener los cargos de asociación criminal es una lista de solicitantes de tierras, cuando que la elaboración de un censo es un requisito administrativo del Indert en casos de campesinos que busquen ser beneficiarios de la reforma agraria.

Asimismo, la defensa sostiene que los cargos por invasión de inmueble están mal definidos, ya que este tipo penal requiere que un legítimo titular niegue su consentimiento ante una ocupación, lo cual no se da en este caso al estar en disputa la titularidad de las tierras, por lo que Campos Morombí no tenía derecho de dar ni negar ningún consentimiento.

Las tierras de Marina Cue, donde ocurrió la masacre, fueron donadas al Estado por la Industrial Paraguaya SA y declaradas en 2005 de interés social para la reforma agraria. Sin embargo, la empresa Campos Morombí venía ejerciendo el dominio de hecho a base de torcidas resoluciones judiciales que le otorgaron la usucapión del inmueble, aunque la resolución del juicio fue emitida con el número de otra finca. Para subsanar este error se otorgó una “rectificación” tres años después, una medida que los abogados defensores consideran nula ya que tal figura no existe en la legislación paraguaya y lo que correspondía era iniciar un nuevo proceso.

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