Jueza sufre de «presión alta» e interrumpe audiencia por caso Curuguaty

La fiscalía empezó a responder los incidentes presentados por la defensa.

 

La jueza Yanine Ríos buscó en varias ocasiones interrumpir la audiencia.

El desarrollo de la audiencia preliminar por el caso de la Masacre de Curuguaty fue interrumpido debido a que la jueza Yanine Ríos alegó sentirse mal y que debía realizar una consulta ante el médico.

Al inicio de la jornada la abogada defensora María del Carmen Morales enumeró las pruebas con que cuenta y las solicitudes de informe presentadas a las autoridades. En este sentido llamó especialmente la atención sobre la supuesta grabación hecha desde el helicóptero, cuya existencia en un principio fue admitida por la policía, aunque hasta ahora se desconoce su contenido. El comisario principal Roque Fleitas había respondido ante una consulta radial sobre los registros realizados desde el aparato que “hay mucho material” y que los pilotos iban a ser llamados a declarar ante la justicia (http://bit.ly/LDrRMY).

Morales señaló también que existen registros fotográficos en que se observa al fiscal Jalil Rachid recibiendo vainillas servidas que no figuran entre las pruebas, en referencia a las imágenes ampliamente difundidas en que el fiscal recibe una bolsa con casquillos de la mano del exdiputado colorado Julio Colmán. En tanto, la fiscalía solicitó una “discriminación de pruebas” por estar repetidas o por no ser conducentes al esclarecimiento del proceso. Como ejemplo de esto último mencionó un pedido de sumario contra policías por la desaparición de las grabaciones del helicóptero, a lo que el abogado defensor Guillermo Ferreiro retrucó que resulta llamativo que “al fiscal no le parezca conducente la aparición de la filmación del helicóptero”.

La defensa exige un sumario para determinar qué pasó con las filmaciones del helicóptero. Foto: PEICC.

“Es absolutamente relevante que tal grabación se conozca”, agregó Ferreiro. Asimismo, solicitó que el pedido fiscal de “discriminación del pruebas” sea rechazado por improcedente, ya que cae en generalidades y no se apunta a qué pruebas específicamente se refiere, cayendo en argumentos como “evitar recarga de trabajo al juzgado”. El fiscal también insistió en que la intención del Ministerio Público fue realizar un allanamiento, aunque su propia acusación sostiene que el procedimiento llevado a la práctica fue un intento de desalojo. Asimismo, en la misma entrevista radial mencionada el comisario Fleitas se refiere explícitamente a que la policía fue a practicar un desalojo y que para tal fin el helicóptero realizó el vuelo de reconocimiento.

De hecho, en una parte de la acusación, al definir los cargos de invasión de inmueble, el fiscal se basa en “la falta de consentimiento por parte de la empresa propietaria del inmueble, que se infiere en razón de que estas constituciones tienen como base la denuncia de los propietarios sobre la invasión de las personas precedentemente mencionadas, como también la medida legal de desalojo de estas personas, que finalmente, se efectivizó el 15 de junio de 2012”.

Antes de que se interrumpa la audiencia, la fiscalía llegó a responder a uno de los incidentes presentados por la defensa, específicamente el de la prejudicialidad, al estar pendiente aún un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la titularidad de las tierras. La fiscalía sostiene que la falta de resolución de la titularidad no afecta a este proceso, ya que ninguno de los acusados participa ni está incluido en dicho caso.

Rachid adujo que incluso si se llegara a determinar que la propiedad es del Estado, este tampoco dio su consentimiento y brindó como ejemplo aquella nota de Óscar Tuma en que solicita al presidente de la comisión permanente del Senado, Efraín Alegre, que presione al Ministerio del Interior para que se proceda al desalojo contra ocupantes de la “Reserva Natural Privada Morombí”.

De acuerdo a la misma lógica del fiscal, la empresa Campos Morombí debería ser procesada por invasión de inmueble, ya que la firma no contó con el consentimiento del Estado ni de la Industrial Paraguaya SA (Lipsa), donante de las tierras, para instalarse en dicha propiedad. Esto lo prueban las acciones de nulidad interpuestas por la Procuraduría y el Indert contra la usucapión otorgada a Campos Morombí, que cabe aclarar salió con el número de otra finca y luego de 3 años, de manera totalmente irregular, la sentencia fue “rectificada” por el juez José Dolores Benítez, el mismo autor de la orden de allanamiento bajo la cual se realizó el operativo de desalojo.

Familiares protestan contra la prohibición de ingreso a la audiencia.

Luego de varias pausas breves e intentos de la jueza de dictar recesos mayores de hasta 24 horas para que la defensa y la fiscalía contrasten las “pruebas repetidas”, finalmente la magistrada anunció que sufría de “presión alta” y que debía ir al médico. Activistas temen que a espaldas del público, en su mayoría pendiente de la posible cuarta Libertadores de Olimpia, se aproveche para llevar el caso a juicio oral a pesar de las insuficiencias de la acusación fiscal, que ameritan la nulidad del proceso y el sobreseimiento definitivo de todos los acusados.

Durante toda la audiencia, frente a la sala de juicios orales, los familiares de las víctimas protestaron silenciosamente portando simbólicas mordazas en forma de billetes para denunciar los fuertes intereses económicos que presionan en esta causa y con carteles con leyendas como «Roikese. Queremos entrar a la audiencia pública». La jueza dictó una resolución que prohíbe a tres familiares y otros activistas el ingreso a la audiencia por haber realizado una manifestación frente a su domicilio exigiendo justicia.

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