Juez rectifica medida que impedía a Rubén Villalba ver a su hijo

 

Rubén Villalba.

El presidente del tribunal de Salto del Guairá, Ramón Zelaya,  hizo lugar ayer a un recurso de reposición que fue presentado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) contra una resolución que impedía que R.R.V.O. y su hijo puedan visitar a Rubén Villalba a la cárcel de Tacumbú, donde se encuentra recluido al ser el principal acusado por la muerte de los policías ocurrida durante la masacre de Curuguaty. Cabe recordar que en esta causa no fue investigada la muerte de los campesinos y no hay ningún policía procesado o investigado por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

R.R.V.O. había solicitado que ella y su hijo, de un año y tres meses, puedan visitar a Rubén Villalba, padre del niño, en su lugar de reclusión. En un primer momento, al haber rechazado la solicitud, el juez Zelaya argumentó que no existía un vínculo de parentesco probado.

Sin embargo, la abogada de la Codehupy, Ximena López, dijo que tal denegación no correspondía, ya que la sola expresión del deseo de una persona privada de su libertad de visitar a otra en la misma condición bajo la figura de las visitas privadas debe realizarse sin necesidad de presentar un certificado de matrimonio. Además el juez no tenía jurisdicción alguna para prohibir que el niño vea a su padre, ya que el menor no está sujeto al proceso.

Con respecto al argumento esgrimido por el fiscal Jalil Rachid, quien se opuso al pedido de R.R.V.O. alegando la falta de suficientes policías que escolten a la acusada así como la supuesta desnaturalización de la figura del arresto domiciliario, la abogada López respondió que “no se puede restringir el derecho de acceder a visitas privadas argumentando falta de suficientes policías. El Estado está obligado a precautelar derechos garantizados por la Constitución”. Luego agregó que la medida de restricción de libertad no anula el derecho de recibir visitas.

R.R.V.O. había denunciado que la defensora pública Inés Marcel Estigarribia y el fiscal Jalil Rachid la presionaron para que dé una declaración falsa en contra de Rubén Villalba a cambio de una pena reducida de 2 años. De lo contrario, la pena en su contra sería mucho mayor. La acusada se negó al pedido y cambió de abogada.

La reanudación de la audiencia por la masacre de Curuguaty fue fijada para los días 15, 16 y 17 de julio en el Palacio de Justicia de Asunción. La audiencia en la que se debía determinar el sobreseimiento o derivación a juicio oral de los acusados fue suspendida por una objeción de la defensa con respecto a la falta de definición de la propiedad donde ocurrió la masacre. Las tierras de Marina Cue son tierras públicas que debían ser destinadas a la reforma agraria, pero hasta ahora se encuentran invadidas por la empresa Campos Morombí.

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