Juez reconoce que emisora radial violó leyes laborales, pero rechaza demanda de periodista

La periodista Emilce Aponte apelará la sentencia. La misma demandó a Montecarlo S.A., propietaria de la 970 am, por despido injustificado tras más de 10 años de antigüedad. El juez Luis Pereira reconoció que la emisora no tenía registrada a la trabajadora en el Ministerio de Justicia y Trabajo, ni en IPS.

Emilce Aponte. Foto de su perfil de Twitter.

La periodista Emilce Aponte denunció a la empresa Montecarlo S.A, propietaria de la Radio 970 AM en el año 2012 por haberla despedido de forma injustificada tras más de 10 años de trabajo en la empresa, así como por los daños ocasionados debido al no pago del seguro social durante el periodo trabajado.

Tras dos años de litigio el juez Luis Pereira del Juzgado de primera instancia en lo Laboral, la semana pasada reconoció en su sentencia que la patronal violó gravemente la legislación laboral al no tener registrada a la periodista ni ante el Ministerio de Justicia y Trabajo, ni ante el IPS, sin embargo de manera llamativa en la misma sentencia rechaza los reclamos presentados por la trabajadora.

«Es una sentencia descabellada. El juez deja de lado el artículo 161 del código procesal laboral, que el mismo cita en su sentencia, este artículo establece claramente que si la patronal no presenta los cuadernos de registros ante el Ministerio de Justicia y Trabajo, prevalece la demanda del trabajador», señaló Aponte, quien actualmente trabaja en Telefuturo.

Si bien la patronal presentó en juicio un contrato que la periodista fue obligada a firmar para mantener su trabajo, donde establecen que supuestamente Aponte inicio sus labores un año más tarde de la fecha en que realmente empezó a trabajar, la norma indica que al haber mantenido «en negro» a la trabajadora la denuncia debe ser tenida por cierta, además de esto la denunciante presentó cuatro testigos que corroboraron que la misma tenía una antigüedad superior a diez años al momento de ser despedida, por lo que debería ser reincorporada o indemnizada correspondientemente.

El juez también confirmó que la empresa no inscribió a la comunicadora en el IPS, lo que significa que la misma perdió 10 años de aportes jubilatorios a la previsional a más de haber estado totalmente desprotegida durante su trabajo.

Aponte, quien apelará la sentencia, indicó que «el juez con esta sentencia da un manto de impunidad a la empresa por eso vamos a apelar, porque estoy segura de que solo estoy reclamando lo que me corresponde en derecho y porque estoy convencida de que sólo en la lucha hallaré mi derecho».

El Sindicato de Periodistas del Paraguay asegura que acompañaran la apelación y exigirán que se haga justicia en este caso. Así también denunciaron que es una práctica común de las patronales de los medios de comunicación para mantener a sus trabajadores fuera de los registros correspondientes, violando gravemente  derechos de los trabajadores, como el acceso al seguro social y otros.

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