Juez que desalojó a campesinos de tierras públicas para beneficiar a terrateniente será denunciado

Ramírez Montalbetti calificó de “barbaridad” la decisión del juez Julio César Areco Silva. Las familias campesinas ya tenían un arraigo en el lugar y un expediente en trámite para la adjudicación de la propiedad, por ser beneficiarios de la Reforma Agraria. El desalojo fue violento. Una medida judicial similar fue la que ocasionó la matanza de Curuguaty.

Las casas de los campesinos fueron demolidas. Foto: Indert.

Funcionarios del Indert constataron perjuicio sufrido por familias de colonia Cerro Memby de Concepción, ante arbitraria resolución judicial.

En reunión mantenida con la directora regional del organismo en Concepción, Sisinia Silva, el presidente interino del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Juan Carlos Ramírez Montalbetti, condenó el desalojo violento de catorce familias campesinas de la colonia Cerro Memby, situada en el distrito de Yby Yau, departamento de Concepción. Calificó de “barbaridad” la decisión del juez Julio César Areco Silva y anunció que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Sisinia Silva llegó hasta la sede central del Instituto para denunciar ante Ramírez Montalbetti las serias irregularidades en que incurrió  el magistrado del primer departamento, al ordenar un desalojo “con una medida cautelar de urgencia de restitución inmediata a favor de un supuesto dueño privado, siendo que dichas tierras son públicas, son del Indert”, argumentó.

El inmueble fue adquirido el 17 de octubre de 1974 del señor Libio Ramón Trinidad. El Indert viene acompañando a las familias campesinas, quienes ya tienen un arraigo en el lugar y un expediente en trámite para la adjudicación de la propiedad, pues califican como beneficiarios de la Reforma Agraria.

El desalojo fue violento según denunciaron. Foto: Indert.

Funcionarios del Indert que fueron comisionados al lugar constataron la veracidad de las denuncias hechas por los ocupantes.

El procedimiento de desalojo, según relató Silva, se caracterizó por la violencia, pues incluyó la destrucción total de las mejores introducidas por las familias rurales, con lo cual quedaron a la intemperie, explicó.

Una medida similar produjo la masacre de junio de 2012 en Marina Kúe, Curuguaty. Por una orden judicial arbitraria, se quizo desalojar a campesinos para beneficiar al político colorado Blas N. Riquelme, quien usurpó las tierras públicas.

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