Juez blanquea a empresas que ocupan tierras de la Colonia Barbero

Las tierras fueron donadas al Estado paraguayo en 2012, pero las autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se allanaron al pedido de una ganadera para frenar la inscripción.

El juez Édgar Agustín Rivas Laguardia emitió el pasado 20 de junio una sentencia de mensura sobre las tierras de la Colonia Barbero que excluye más de 3.000 hectáreas que actualmente se encuentran usurpadas por sojeros y ganaderos. Se trata de la finca 231 ubicada en San Pedro del Ycuamandyyú.

El pedido de mensura había sido presentado sobre un total de 17.343 hectáreas, que es la superficie que fue donada el 14 de junio de 2012 de parte del Gobierno italiano. Sin embargo, el trámite de inscripción a beneficio del Estado fue frenado por la estancia La Blanca, administrada por Silfrido Baumgarten, utilizando un documento nulo en que un juez sostenía que la fracción pertenecía a la estancia sin que medie ningún título de propiedad, sostienen los abogados de los campesinos de la comisión «Un pedacito de Italia», que reclaman que el inmueble sea destinado a los fines de la reforma agraria.

Resolución del juez Édgar que excluye más de 3.000 hectáreas de la mensura.

Resolución del juez Édgar que excluye más de 3.000 hectáreas de la mensura.

“El inmueble original incluía muchas parcelas de terceros, a lo que debemos sumar varios otros desprendimientos y transferencias realizadas en fechas diferentes y anteriores a la donación al gobierno de Italia. A raíz de esto, en las escrituras de transferencias anteriores a la donación, los vendedores se declaran exentos de responder por evicción (privación, ndr) y saneamiento y renuncian a favor del comprador sus derechos de efectuar reclamos posteriores contra quien corresponda. El resto del inmueble original es la que pasa a ser propiedad del gobierno de Italia en el año 1951, utilizándose para el efecto un informe pericial resultado de una mensura privada practicada en el año 1913 donde se omiten u olvidan citar todos los desprendimientos y algunas parcelas internas; por lo que la descripción del inmueble obrante en el título de la donación a la república de Italia incluye y abarca fracciones de terceros que en éste trabajo de mensura se dejan fuera y se excluyen del área del resto”, dice parte de la resolución del juez Rivas Laguardia.

Precisamente estas fracciones que se “omiten u olvidan” son las que actualmente se encuentran invadidas por la estancia La Blanca y por cultivos de soja, según denunciaron los abogados de los campesinos. Señalaron que la fracción del inmueble es arrendada a los sojeros por un tal Víctor Chamorro, gerente de recuperación de tierras del Indert.

Estado renuncia a sus derechos

En octubre de 2013, la ganadera La Blanca obtuvo la suspensión de la inscripción del inmueble a favor del Estado alegando que existía superposición de títulos en una superficie que totaliza 2.488 hectáreas. El representante de la firma, Marciano Torales, también alegó a favor de la ganadera que esta supuestamente ejerce la posesión hace 120 años.

Pero lo llamativo del caso es que el 22 de marzo de 2013, durante la administración de Luis Ortigoza en Indert (imputado en tres causas por venta y compra irregular de inmuebles), el ente agrario se allana al pedido de la empresa y de esta forma renuncia a defender los derechos del Estado sobre la propiedad que se le había cedido en carácter de donación. Posteriormente, el 13 de junio de 2013, ya durante la administración de Juan Carlos Ramírez Montalbetti, se emite la resolución 494/12 por la cual se ratifica que el ente agrario se allana al pedido de la empresa.

Ante esto, el juez Hugo Hernán Morán Ovelar hace lugar al pedido de nulidad de la inscripción presentado por la empresa alegando que las principales partes afectadas, el Indert y la Procuraduría, se allanaron al pedido de la ganadera. El magistrado también fundamenta su decisión en el dudoso informe del topógrafo Ricardo Codas Riera, sin que haya de por medio ningún título, insisten los denunciantes.

“Acá tenemos jueces poderosos con capacidad para convertir lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo, violando todo tipo de leyes y procedimientos”, afirmó la abogada de los campesinos, Leticia Paoli, al criticar la resolución que hizo “desaparecer” más de 3.000 hectáreas de la Colonia Barbero.

Las 17.343 hectáreas fueron donadas en 1951 por el médico Andrés Barbero al Gobierno italiano para la radicación de colonos del país europeo, estableciéndose como condición que las utilizadas de una fracción sean destinadas al mantenimiento del hospicio italiano en Paraguay. Sin embargo, el proyecto nunca fue concretado y el Gobierno de Italia volvió a donar esas tierras al Estado paraguayo para los fines de la reforma agraria el 14 de junio de 2012, un día antes de la masacre de Curuguaty, episodio que sería utilizado para derrocar al presidente Fernando Lugo una semana después.

Ya en el gobierno de Federico Franco, durante la administración de Luis Ortigoza en el Indert, este intentó rematar las tierras.

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