José María Ibáñez fue uno de los principales operadores de la APP

Si bien el proyecto tuvo alto consenso en el «pacto azulgrana» (ANR y PLRA) establecido desde el golpe parlamentario del 12 de junio de 2012, el diputado Ibáñez, con extenso “prontuario delictivo”, manejó la batuta del proyecto en la Cámara de Diputados. Tomó parte de charlas y conferencias del tema, engendrando “el espíritu” de las inversiones que se podrían atraer a través de las APP.
Esta ley, al igual que otras, se fraguó y se definió sin abrir discusión alguna con la sociedad. Forma parte de un extenso paquete impuesto desde el golpe parlamentario del 12 de junio de 2012, del que resaltan: endeudamiento externo a través de los bonos soberanos (1.500 millones de dólares en dos años), habilitación de más variedades de semillas transgénicas, concesión a la norteamericana Dahava Petroleos la exploración de petróleo en el Chaco y la utilización de las fuerzas armadas en cuestiones internas cuando el Ejecutivo lo crea conveniente. Y, como corolario, el rechazo de Horacio Cartes del impuesto a la exportación en bruto de los granos transgénicos.
Con la ley de Alianza Público Privada, el Ejecutivo concentra todo poder, el Estado es garantía de las inversiones “privadas” pero estas se quedan con la ganancia y se rompe la cadena de control de concesiones, según el estudio realizado por Ricardo y Mercedes Canese.
“El peligro mayor es el modelo económico que plantea. Todo el patrimonio del Estado puede ser administrado por manos privadas. Desde la ANDE, ESSAP, las cárceles, las servicios públicos…”, advierte Mercedes Canese,
Y en ese marco, “el poder se concentra en una sola persona. Todas las funciones constitucionales de control, habilitación para las concesiones se le delega al presidente de la República. Algo como entregar un servicio público al capital privado dejándose de lado al Congreso, al Poder Judicial, a Contrataciones Públicas”, remata.

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