Denuncian rol del Estado en saqueo de tierras públicas

Codehupy y Base IS presentan estudio que aborda el marco institucional del Estado y presenta el caso de tres comunidades campesinas.

 

Alcides Ruiz Díaz, Fernanda Osorio, Manuel Castillo, Elizabeth Duré, Tomás Zayas y Soledad Cáceres.

El pasado martes 23 de julio, en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó una investigación, que fue elaborada por Base Investigaciones Sociales (Base IS), en que se identifican 26 trabas en el acceso a la tierra.

El acto estuvo dirigido por Soledad Cáceres, de la Codehupy, y las palabras introductorias estuvieron a cargo de Enrique Gauto, secretario ejecutivo del organismo, quien expresó que los grados de extrema concentración de la tierra en Paraguay son violatorios de los derechos humanos. A esto añadió que grandes fracciones fueron adquiridas de manera fraudulenta durante la dictadura  y el periodo de transición, llegando incluso a trágicas consecuencias como la masacre de Curuguaty.

Sobre este punto se refirió al dictamen de la fiscalía dado a conocer ayer por el que se acepta una medida de inconstitucionalidad presentada por Campos Morombí para dejar fuera al Indert en el litigio por las tierras de Marina Cue.

Posteriormente Elizabeth Duré, una de las investigadoras que participó en la elaboración del documento, refirió que el trabajo tiene dos grandes dimensiones. Una de ellas constituye el estudio realizado por la abogada Milena Pereira Fukuoka,  quien a partir del análisis comparativo de dos documentos puntualiza las trabas institucionales que impiden el acceso a la tierra. Entre estas cita la falta de definición del latifundio de acuerdo a su extensión, falta de recuperación de las tierras malhabidas, ausencia de un registro unificado de tierras, inadecuada estructura del Indert, falta de independencia de los poderes, etc.

Otro componente del trabajo es el capítulo elaborado por el sociólogo Tomás Palau, quien participó en el inicio del proyecto antes de su fallecimiento, en el que se aborda la cuestión de la reforma agraria a nivel latinoamericano así como un segundo texto en que se dimensiona la cuestión agraria como principal espacio de la acumulación capitalista en Paraguay.

En lo referente a estudios de caso, Tomás Zayas, de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa) y miembro de la comunidad Chino Cue, denunció la existencia de una “mafia dentro del Estado que está lucrando con la necesidad del pueblo”. En este sentido refirió que ante el avance de los narcotraficantes las autoridades se excusan de actuar diciendo que los sectores del crimen organizado detentan más poder que el propio Estado. También denunció que la estancia Campos Morombí funciona como un corredor para el trasiego de drogas.  Además mencionó que varios terrenos que inicialmente fueron destinados para asentamientos campesinos están ocupados en un 70% por cultivos transgénicos de soja.

Por su parte, Manuel Castillo y Fernanda Osorio contaron la experiencia de la comunidad de Palmital, departamento de Itapúa. Castillo hizo un homenaje a sus compañeros caídos en estos 16 años de lucha y destacó que Palmital es un modelo de asentamiento en Itapúa, con una escuela que tiene 200 alumnos y un modelo de desarrollo al que llegaron gracias a las constantes capacitaciones. En tanto, Osorio hizo un relato sobre las represiones y desalojos que sufrieron en su afán de conquistar un pedazo de tierra.

Por último, Alcides Ruiz Díaz, miembro del asentamiento San Juan de Puente Kyha, Canindeyú, e integrante de la Federación Nacional Campesina (FNC), empezó su intervención diciendo que en Canindeyú se respira otro olor, en referencia a los venenos empleados por los cultivos mecanizados. Así, reseñó que unas 8.000 hectáreas se ganaron con una dura lucha en la que más de sesenta campesinos fueron apresados e incluso uno ofrendó su vida por la tierra.

Ruiz Díaz relató que la expansión del monocultivo fue desplazando a los pequeños productores, quedando actualmente el asentamiento acorralado en medio de un mar de soja. También dijo que son notorios los efectos de las fumigaciones en la salud de los niños, ya que se fumiga hasta el borde de las escuelas y los pozos de agua. Además explicó que se dispararon los casos de abortos espontáneos en mujeres que habrían estado expuestas a las pulverizaciones de agroquímicos.

“Miles de mba’asy oî ko nane retãme por este modelo de producción (miles de enfermedades hay en nuestro país como consecuencia de este modelo de producción)”, afirmó.

Asimismo, denunció atropellos a los domicilios de los dirigentes y acusó que los intendentes, jueces, fiscales y gobernadores están confabulados en los ataques.

“Estamos en contra de este modelo de producción porque hay que industrializar las materias primas”, argumentó. En esta línea abogó por la defensa de las semillas nativas frente a la uniformización que implica el empleo de semillas transgénicas patentadas.

Finalmente, la actividad concluyó con la proyección de un audiovisual que resume el contenido del trabajo escrito y que puede verse en la siguiente ventana.

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