Intendente de Sanber demanda a pobladores que protestaron contra venta de playa municipal

El jefe comunal de San Bernardino, escribano Ramón “Tati” Zubizarreta, aclara que medida solo fue realizada para “aclarar las cosas”.

El escribano Ramón «Tati» Zubizarreta, intendente de San Bernardino. Foto: radiotvsanmiguel.com.

El intendente de San Bernardino, Ramón “Tati” Zubizarreta, demandó por difamación y calumnia a pobladores del municipio que realizaron sucesivas manifestaciones contra la venta de una playa municipal así como contra el vertido ilegal de residuos en una zona conocida como la Gruta.

En un espacio reservado publicado en ABC Color el domingo pasado, Zubizarreta anuncia que ha contratado los servicios profesionales de dos abogados para accionar judicialmente contra ciudadanos “totalmente identificados”  que llevan a cabo una “campaña de difamación en contra del intendente y los miembros de la Junta Municipal”.

La publicación refiere que se ha dado poder suficiente a los abogados María Isabel Candia de Hermosilla y Pedro Candia Osorio para que inicien las acciones judiciales pertinentes conducentes a determinar la responsabilidad de los implicados e imponerles las acciones personales y pecuniarias correspondientes».

Los denunciados son los hermanos Vicente y Aldo Méndez Pérez, pobladores de la compañía Heriberta Matiauda, además de Luis Ramón Aquino Escobar, Blas Antonio Barboza Dávalos, Mirtha Elizabeth Aquino de Paiva, Américo Fleitas Soto, Jorge Amado Villalba Zaracho e Ireneo Agüero Ruiz.

Los pobladores habían denunciado la venta de más de 3 hectáreas de un aérea protegida por un valor  de 600 millones de guaraníes  al exfiscal Pedro Ovelar y al empresario de estaciones de servicios Luis Ortega.

“Ahora nos enteramos a través de un espacio reservado publicado el domingo en el diario ABC Color que fuimos demandados por difamación por el intendente por haber protestado contra la venta de la playa municipal y contra el vertedero. Un espacio reservado que fue pagado con dinero de la municipalidad. Fuimos demandados por protestar, dónde está la libertad de expresión”, declaró Aldo Méndez, de la organización ecologista Taguató y quien fue señalado como uno de los “cabecillas” en la demanda de Zubizarreta. “Nosotros no inventamos nada. Todo está respaldado en documentos”, añadió.

Parte de la resolución de la Junta Municipal que aprueba la venta del inmueble comunal.

La resolución 46/13 de la Junta Municipal, de fecha 24 de enero de 2013, responde a un pedido realizado por el intendente Zubizarreta el 18 de enero del corriente  en que solicita la realización de gestiones de mensura, venta y transferencia del excedente fiscal ubicado en la compañía Heriberta Matiauda de San Bernardino.

En apenas seis días el intendente obtuvo una resolución favorable de la Junta para la venta del inmueble fundamentándose en el artículo 36 inc. d) de la Ley 3966/10 “orgánica Municipal” que autoriza a la Junta a aprobar la enajenación de bienes del dominio privado municipal. Sin embargo, la propiedad en cuestión se trata de un bien de dominio público y según la ley orgánica municipal, en su artículo 135, “los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por su naturaleza, no tendrán una estimación monetaria y consecuentemente no figurarán en el activo contable municipal, aunque debe ser objeto de documentación y registro en la municipalidad”.

A pesar de ello, la Junta interpretó que la playa constituye un bien municipal de dominio privado, por lo que en tiempo récord autorizó al “intendente municipal a gestionar la mensura, venta y transferencia del bien inmueble (excedente municipal) ubicada en la compañía Heriberta Matiauda y a establecer el precio a terceros en la suma de 17.000 por m2 (guaraníes diez y siete mil por metros cuadrados), vigente según decreto reglamentario citado en el exordio de la presente Resolución y conforme a los procedimientos legales de rigor”, según consta en la resolución.

Además de ello, también el Indert vendió unas 2,5 hectáreas del mismo campo comunal durante la administración de Luis Ortigoza.

Asimismo, los pobladores habían denunciado la existencia de un vertedero clandestino operado por la propia municipalidad, según se registró en varias fotografías en que se observa a un camión municipal descargando los desechos. El vertedero se encuentra cerca de una naciente que provee de agua a las poblaciones circundantes.

Imagen del vertedero clandestino operado por la propia Municipalidad en la zona conocida como la Gruta, en las cercanías de un arroyo.

En un petitorio presentado en junio de este año, los pobladores solicitaron la devolución del campo comunal, el cierre del vertedero, la paralización el ensanchamiento de zonas urbanas en perjuicio de áreas protegidas y el cese de obras de construcción sobre el lago. Las firmas de los pobladores fueron posteriormente utilizadas por el intendente para entablar de la demanda.

«Devolución y recuperación de la totalidad de las 6 hectáreas de tierras de la playa Candú a la ciudadanía, ya que los pobladores de esta zona tenemos derecho a disfrutar del lago en nuestra comunidad y cualquiera podrá disponer públicamente de este espacio», dice uno de los puntos del petitorio, que también solicita el cierre del vertedero ubicado en el terreno del «señor Pelagio Galeano para evitar la contaminación del arroyo y preservar la salud de los pobladores».

Consultado al respecto, Zubizarreta, confirmó la existencia de la demanda por distintos hechos, pero dijo que al “solo efecto de aclarar las cosas”.

“La demanda se inició por varios hechos. Ellos dicen que yo vendí playas a la familia Scavone, a la discoteca Bambuddha, también que yo compré un vehículo con dinero de la municipalidad para entregarlo como parte de pago para adquirir un inmueble particular. Que yo vendí el terreno de la Virgen de la Aparecida. El inmueble municipal que vendimos se hizo con todos los recaudos legales. Esta demanda es al solo efecto de aclarar las cosas. Que muestren los papeles, las escrituras de ventas de propiedad. Yo cumplí con todo lo que dice la ley. La ley orgánica municipal prevé cómo se venden las cosas. Nosotros no hicimos nada fuera de la ley. Seguimos a rajatabla lo que dice la ley. Si no le guste, yo le respeto si no le guste (sic)”, expresó.

También dijo que gracias a la operación se pudo comprar un terreno para que el club de fútbol Atlético Juventud pueda tener una cancha. Asimismo, adujo que el valor fiscal de las tierras era solo de 3 millones de guaraníes, pero la operación de trasferencia ascendió a 600 millones de guaraníes, por lo que la venta fue «beneficiosa» para las arcas comunales.

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