Instan a la CIDH a otorgar medidas cautelares a campesinos en huelga de hambre

FIAN Internacional advierte que el caso Curuguaty evidencia la situación preocupante de criminalización, violencia y homicidios en contra de los defensores de derechos humanos. 

Vigilia por los campesinos realizada frente al Hospital Militar.

Vigilia por los campesinos realizada frente al Hospital Militar.

La organización de derechos humanos FIAN Internacional, con sede en Alemania, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conceda las medidas cautelares solicitadas para los campesinos presos por la masacre de Curuguaty, que llevan 55 días en huelga de hambre en reclamo de la prisión domiciliaria hasta que la Corte resuelva el litigio de la titularidad de las tierras.

La organización insta  al CIDH a “conceder las medidas para proteger la vida e integridad de los detenidos que llevan 55 días en huelga de hambre, sobre todo teniendo en cuenta que la justicia paraguaya rechazó el día 9 de abril un pedido de detención domiciliaria que representaría la medida más adecuada y eficiente para prevenir un daño irreparable a la vida e integridad de los cinco detenidos en huelga de hambre”.

Asimismo, solicita a la comisión que inste al Estado paraguayo a que suspenda el juicio oral, programado para el 26 de junio, hasta que la justicia resuelva la controversia sobre la propiedad de las tierras que fueron escenario de la masacre del 15 de junio de 2012.

La organización también alerta a la CIDH sobre la necesidad de una rápida intervención, puesto que los labriegos están decididos a llevar la medida hasta las últimas consecuencias en caso de que no tengan garantías de enfrentar un juicio justo.

FIAN también señala que el caso Curuguaty es una muestra emblemática de la situación preocupante de criminalización, violencia y homicidios en contra de los defensores de derechos humanos en Paraguay, particularmente de los campesinos e indígenas, tal como lo había enfatizado  en su momento el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de marzo del 2013.

La defensa de los campesinos presentó el 31 de marzo pasado una solicitud de medidas cautelares a la CIDH en consideración de las “múltiples violaciones del derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial en un proceso de investigación arbitrario, donde se han manipulado, ocultado y fabricado pruebas”, había explicado el abogado defensor Vicente Morales.

Por ello piden  la suspensión del juicio oral hasta que se resuelva la titularidad de las tierras de Marina Cue, la prisión domiciliaria, el acceso a la justicia y la garantía del derecho a la vida de todos los involucrados en la causa.

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