Indígenas, la gran deuda interna

Regresan, en realidad están desde siempre, es en vano enrejar las plazas, es absurdo cerrar los ojos porque. Cuando ellos te los hacen abrir, te muestran el tamaño del saqueo, que tiene 5 siglos, y que continua. “Es nuestra tierra pero no tenemos los papeles”, resume Graciana, sonriendo con los chicos colgados, bajo una carpa de hule negro en la Plaza Uruguaya en uno de esos días del julio helado que se fue. Ese frío hizo algo en el asunceno medio que esta vez no puso el grito en el cielo por el césped de una plaza que no visita, porque, sabido, la Uruguaya es una plaza del pueblo humilde.

“Nos quedamos aquí porque de otra manera no conseguiríamos nada”, cuenta un cacique mientras los agentes del Instituto del Indígena (Indi) tratan de convencer a la gente de retirarse al albergue que les prepararon en un cuartel militar.

Uno ve los chicos descalzos, mira al cacique y lo insta a entrar en razón. Los ojos que tienen tantos ríos de calma como de enojo acumulado dan toda la respuesta y no queda otra que sentir esta lógica tan dura para darle una señal de que el mensaje llegó.

Y algo de cierto hay, al menos los que protestan de esta terrible forma consiguen algo.

Así lo confirma Lida Acuña, la titular del ente explicando que ya se hicieron las gestiones para transferir la propiedad del terreno de Cerro Poty desde el Instituto de Tierras (Indert) al Indi. “En breve serán titular con todas la de la ley”, dice Acuña que pide paciencia por las demoras que causa la burocracia.

Paciencia que sabe, está al límite. Caaguazú es el departamento con mayoría de comunidades indígenas sin título de sus tierras y el proceso de adjudicaciones es demasiado lento.

En las últimas décadas, el avance del agronegocio de la soja y sus venenos que ya invaden más de 2,5 millones de hectáreas, los arrinconó aún más, les quitó gran parte de los montes donde cazaban en la Región Oriental al punto de afectar en muchos casos el tamaño de sus comunidades que solían ser de decenas de familias que se quedaron en, la mayoría de los casos, en números que no alcanzan las 20 personas.

Las cosas en el Chaco no son mejores. Más del 50% de la población del departamento de Boquerón es aborigen y a pesar de ser importantes como fuerza electoral, todavía no lograron espacios de consideración para cambiar su estado de situación, para regularizar sus tierras, para conseguir acceso al agua, problema principal de la Región Occidental.

Las comunidades indígenas vienen reclamando que se destraben los expedientes que tienen iniciados ante el Indi y el Indert. A tal punto que el departamento Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo recordó que “hay 414 comunidades indígenas que necesitan que se les resuelvan problemas en sus hábitats”. Ejemplificó la situación con el caso de Cacique Sapo donde se inició un expediente de reclamo de tierras en 1996 y hoy a 14 años de aquel hecho todavía se espera una respuesta de las autoridades.

El total que manejaba señala que hay  185 que todavía no disponen de un aseguramiento legal y definitivo de sus propiedades, 45 en el Chaco y 140 en la región Oriental.

Acuña menciona que del 45% que tenía tierras en el 2002, esperan llegar el año que viene al 75% de las comunidades. “Pedimos para el 2011 un presupuesto de 252 mil millones de guaraníes para la compra de tierras”, cuenta. Las cosas pintan difíciles sin embargo porque todavía resta que este año el Congreso apruebe una ampliación presupuestaria de 19 mil millones para comprar durante 2010 un total de 55 mil hectáreas.

La titular del Indi asegura que la idea es trabajar para que se pueda constituir una asistencia integral para el desarrollo de la soberanía alimentaria “que puedan cultivar y tener su renta, porque es la única manera de que no abandonen sus tierras y que puedan asentarse y desarrollarse. Tenemos pensados programas conjuntos con las distintas instituciones que coordinaremos con Itaipú por ejemplo, pero todo pasa por presupuesto”, admite.

Pobres entre los pobres

De acuerdo al último Censo indígena 2002, la población de pueblos originarios en Paraguay es el grupo social más pobre y vulnerable de la sociedad.

La población aborigen del país distribuida en una veintena de comunidades, es de 108.308 personas, lo que representa el dos por ciento de la población total del país, de unos seis y medio millones de habitantes.  “Aunque representan el 2% de la población del país, las comunidades indígenas registran las peores condiciones de vida con respecto a los demás sectores”, indicó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, su sigla en inglés)

En el país siguen muriendo 10 niños al día por causas prevenibles, recordó en estos días el  viceministro de Salud, Édgar Giménez. Dijo que el 32% de toda la población es pobre, mientras que el 19% de esa franja vive en situación de extrema pobreza. Esos guarismos al menos se duplican entre los indígenas que tienen riesgos de mortalidad infantil más elevados todavía.

Las proyecciones indican que para el 2012 habrá una población de 120 mil aborígenes que necesitan urgentemente condiciones de Salud, ya que es el área donde la discriminación se hace más fuerte. “Queremos que vengan los médicos para revisar a nuestros chicos”, pide María, en la Plaza Uruguaya. Vienen desde Canindeyú, tienen entre 5 y 12 años, ninguno vio un médico nunca en su vida.

Los propietarios originarios de estas tierras  rebotan en los puestos y centros de salud todos los días, en una acción que hace patente un racismo que no se quiere asumir. De hecho existe un Hospital del Indígena que debería mover a vergüenza y que, vaya casualidad, es también discriminado en sus recursos, en los profesionales que se le asignan, en la provisión de fármacos. “Allí siempre falta algo, por eso tenemos que hacer el esfuerzo de traer a nuestra gente hasta los hospitales de Asunción”, cuenta el cacique.

La educación es otra deuda. “Este año se van a construir 9 escuelas, nosotros reparamos otras 4”, cuenta Acuña y es todo tan pequeño que asombra. También el Indi tiene un programa para llevar 45 estudiantes indígenas a la universidad durante el año próximo, el ministerio de Educación acaba de anunciar que se implementará la educación en Toba Qom en la comunidad cercana a la Escuela Agrícola “San Francisco de Asís”, km 49 de la localidad de Cerrito, distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes como sistema que se pretende después expandir a las otras familias lingüisticas.

Poco, por donde se lo mire.

Poco, si se tiene en cuenta que el presidente Fernando Lugo asumió declamando que los pueblos indígenas serían su prioridad.

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