Indígenas en situación de calle habrían sido expulsados por modelo sojero según Censo.

Censo en Ciudad del Este revela que forman parte de comunidades en conflictos con sojeros por las fumigaciones.

Las fumigaciones y la expansión del modelo sojero serían de las principales causas de la migración indígena a las ciudades. Foto: APE

El último “Censo de Pueblos Originarios en Situación de Calle en Ciudad del Este” revela que existen actualmente al menos unos 150 indígenas viviendo en las cercanías  de la terminal de onmibus de Ciudad del Este, capital de Alto Paraná.  De las 150 personas, 123 accedieron a ser censadas y se comprobó que la mayoría es oriunda de los Pueblos  Mby´a Guaraní, Avá Guaraní y Aché, parcialidades que han denunciado ser víctimas de agrotóxicos, por fumigaciones de sojales lindantes con sus comunidades.

La descampenización de la población señalada por Gerardo Halpern como una de las causas principales de migración paraguaya al extranjero, es hoy aplicable a la migración interna de los pueblos originarios de Paraguay.

Gran parte de estas 123 personas son provenientes de Caaguazú, departamento que viene sufriendo altos grados de deforestación, acorralamiento de comunidades indígenas y campesinas, desaparición de fuentes de agua (colmatación de arroyos y nacientes), de animales silvestres y toda fuente de alimentación natural para las personas del lugar. Esta situación se debe a la  ampliación de las fronteras agrícolas principalmente de la mano de colonos menonitas, quienes a través de sus cooperativas, utilizan semillas de soja transgénica y agrotóxicos para la producción mecanizada. La incapacidad del control del Estado sobre la utilización de agrotóxicos, permite el ejercicio de la producción sin ningún tipo de certificación o permiso de las autoridades competentes para el efecto.

Otras poblaciones migraron desde Aba´i, distrito de Caazapá, donde en setiembre del 2009 murieron al menos media docena de indígenas en una comunidad rodeada de sojales. Al principio, se habló de “intoxicación”. Obviamente,  la justicia paraguaya dijo después que nada de eso sucedió y la prensa, incluso, intentó instalar la idea de que los indígenas “murieron por sarna”. Las leyes promovidas y resguardadas por los parlamentarios dan impunidad al capital extranjero para la explotación y lapidación de la naturaleza en detrimento de la salud y la vida misma de las poblaciones tradicionales locales.

El Estado  ha propiciado la expansión de un modelo de producción que  impacta significativamente en los territorios indígenas. La deforestación, porque el cultivo expansivo implica talar bosques; la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria y territorial, porque se promueve las semillas transgénicas para fines meramente comerciales y bajo interés de empresas multinacionales; la contaminación del medio ambiente, ya que existe una falta de capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes de respeto por las barreras ambientales; ha llevado a esta situación a los pueblos originarios en un país rico en recursos naturales, con capacidad de alimentar a más de 50 millones de personas al año, según señalaba los propios datos de la Unión de Gremios de la Producción UGP en un periódico local.

Entre los departamentos más afectados se encuentran Caaguazú, Caazapá, Guairá, Itapua, Alto Paraná, Canindeyu y San Pedro, donde se ubican actualmente las 76 comunidades de origen, identificadas mediante los censos realizados por las instituciones que tienen una responsabilidad y relación directa con estas poblaciones.

Si bien el  gobierno de Fernando Lugo planteó como prioridad dar respuesta a las demandas indígenas históricamente negadas y postergadas, las condiciones heredadas en las instituciones han sido y siguen siendo un obstáculo para que las respuestas puedan ser efectivizadas. Los trabajadores del área reconocen algunos avances en la instalación institucional de la temática indígena, con la creación de direcciones indígenas, contratación de recursos humanos para el área, contratación de servidores públicos indígenas, asignación incipiente de presupuestos para que cada una de ellas se hagan cargo de sus responsabilidades (que son obligaciones de Estado y derechos de los pueblos) pero las respuestas aún son muy precarias.

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