Indert reafirma que las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado

El ente agrario se pronunció reclamando sus derechos sobre las tierras de Marina Cue, usurpadas por el empresa Campos Morombí. 

El Indert "afirma categóricamente" que las tierras de Marina Cue son del Estado. Foto: Qué pasó en Curuguaty.

El Indert afirma categóricamente que las tierras de Marina Cue son del Estado. Foto: Qué pasó en Curuguaty.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) emitió un comunicado este viernes en el que reivindica sus derechos en la propiedad de las tierras de Marina Cue, usurpadas por la empresa Campos Morombí y donde el 15 de junio de 2012 fallecieron once campesinos y seis policías en un ilegal desalojo llevado a cabo con una orden de allanamiento.

El pronunciamiento, firmado por el titular del ente agrario, Justo Cárdenas, señala que “el instituto reivindica sus derechos en cada una de sus presentaciones judiciales y en tal sentido afirma categóricamente que las tierras ubicadas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, pertenecen al Estado”.

El texto añade que la postura se funda en el decreto 29.394 del 9 de octubre de 1967 por el cual se aceptó la donación al Estado paraguayo de las 2.000 hectáreas de parte de la Industrial Paraguaya. Asimismo, en el decreto 3532 del 4 de octubre de 2004 que declaraba el inmueble de interés social y disponía su transferencia en forma gratuita a favor del Indert para ser destinado a los fines dispuestos por el Estatuto Agrario.

El Indert también recuerda que el 23 de abril de este año la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por Campos Morombí reconociendo al ente agrario el derecho de reclamar ser parte de un juicio en que se discuta la titularidad de las tierras.

El texto añade que el órgano estatal busca una solución integral al problema que incluya la propiedad del inmueble a favor del Estado, la cuestión social de los pobladores de la zona y las acciones judiciales que pesan sobre las personas afectadas por el proceso abierto tras la masacre, todos ellos campesinos que reclamaban la devolución de la propiedad a favor del Estado.

Aunque la firma Campos Morombí declare, a través de su abogado Víctor Peña Gamba, que no busca apropiarse del inmueble y que  pretende entregarlo al Estado cuando este se “encuentre en condiciones” de tomar posesión, la empresa del fallecido político colorado Blas N. Riquelme ha intentado frenar con distintos recursos que el Estado participe de cualquier juicio que discuta la titularidad de las tierras.

Para el próximo 26 de junio está programado el juicio contra 12 campesinos por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa.

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