Imponen medidas restrictivas a estudiantes imputados

La jueza penal de la adolescencia María Teresa Franco impuso medidas restrictivas alternativas a la prisión a Ariel Vera, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), por haber participado de la marcha docente realizada en agosto de 2014 y que fue violentamente reprimida por la policía, resultando heridos incluso periodistas que realizaban la cobertura de la protesta. En tanto, la audiencia del otro imputado, Fabricio Núñez, fue pospuesta debido que no fue notificado a tiempo.

Las medidas son la prohibición de salir de su domicilio de 21:00 horas a 6:00, de “contactar con personas que puedan influir negativamente en su conducta y llevarlo a la comisión de nuevos hechos punibles”, cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, además de comparecer mensualmente ante el juzgado. La magistrada además dispone la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, de portar armas, someterse a un test sicológico y la presentación de certificados que comprueben la continuidad de sus actividades académicas y laborales.

El abogado Gustavo Noguera anunció que apelarán algunas de las medidas, especialmente la restricción horaria y la prohibición de mantener contacto con sus compañeros de movimiento, puesto que violan de manera abierta garantías constitucionales como el derecho al libre tránsito y a la libre asociación. La jueza, además, ya da por sentado que los imputados cometieron hechos punibles, aunque ello no pudo comprobarse en un juicio oral y público procediendo a dictar una suerte de condena previa.

Un grupo de estudiantes se manifestó ayer frente al Palacio de Justicia en momentos que se llevaba a cabo la audiencia a los estudiantes en repudio a esta persecución. Posteriormente también realizaron un escrache frente a la fiscalía de Seguridad y Convivencia de las Personas, a cargo del agente Emilio Fuster, quien es el responsable de la imputación y solicitante de las medidas impuestas a los estudiantes.

En un contacto con el programa de la Revista Acción emitido por radio Fe y Alegría, Vera calificó al proceso como una clara persecución política y aseguró que con estas imputaciones no detendrán al movimiento estudiantil, que se encuentra en plena fase de reorganización en reclamo del acceso universal al sistema educativo y en rechazo de los planes del gobierno de aplicar sus Alianzas Público-Privadas (APP) a la educación entendiendo que esta es un derecho humano que no puede ser reducida al lucro de las empresas.

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